Si -como lo afirma en su solicitud de juicio político contra tres magistrados- Edgar Rodolfo Núñez Urquiza es doctor en Derecho, bien haría en nunca mencionar a la institución que le entregó el título, para no avergonzarla. Lo que está haciendo la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC), es una verdadera aberración jurídica al pretender meter a la cárcel a los magistrados por hacer su trabajo.
Hasta un estudiante de primer semestre de Derecho sabe que la función del Poder Judicial es “decir el derecho”, o sea, juzgar a las personas de acuerdo a las pruebas presentadas por el Ministerio Público, y que para garantizar su correcta aplicación existen tres instancias: el juez, los magistrados y la justicia federal a través del amparo.
Pues dice Edgar Rodolfo Núñez Urquiza, que al emitir una resolución judicial, los magistrados Juan Emilio Elizalde Figueroa, Manuel Díaz Carvajal y María Idalia Franco Zavaleta, “violaron la Constitución”, por lo que están solicitando al Poder Legislativo que, en términos de la ley, los sometan al procedimiento que culminaría con el retiro del fuero de los servidores públicos mencionados, y su posible encarcelamiento como cualquier ciudadano.
Sólo queremos ver qué abogado del Poder Legislativo se va a aventar el paquete de emitir un dictamen en el que se declare procedente la solicitud de juicio político que está pidiendo la Fiscalía Anticorrupción, por haber hecho su trabajo jurisdiccional, máxime cuando el asunto está “sub júdice”, es decir, no está concluido.
No nos vamos a entretener demasiado en el hecho delictuoso que originó este conflicto, baste saber que hay una persona detenida por el delito de robo calificado en el que la víctima es nada menos que la propia Fiscalía Anticorrupción. Se declara legal la detención, se le vincula a proceso y se le impone la medida cautelar de prisión preventiva. Hasta ahí todo normal.
La defensa solicita la suspensión condicional del proceso y la jueza se la niega. Contra esa resolución, los abogados del imputado interponen el recurso de apelación y el 15 de julio de 2022, la magistrada María Idalia Franco Zavaleta, Manuel Díaz Carvajal y Juan Emilio Elizalde Figueroa, declaran procedente la suspensión provisional del proceso y dejan en libertad al acusado.
Derivado de esos hechos, estrictamente jurisdiccionales, es que la FECC pide que los magistrados antes mencionados sean sometidos a juicio político. Ya hemos comentado en infinidad de ocasiones que Juan Salazar Núñez cambia radicalmente de criterio por cuanto a la secrecía de los procedimientos que llevan a cabo, a veces se queda totalmente callado (caso operativo policiaco en la Notaría Uno de Jiutepec, por ejemplo), y en otras hasta boletín hace.
En este caso, su oficina de Comunicación Social emitió un comunicado en el que dice que los magistrados María Idalia “N”, Juan Emilio “N” y Manuel “N” (nótese que les respetan su derecho a salvaguardar sus apellidos) “violaron la Constitución al determinar la suspensión condicional del proceso y libertad inmediata contra un hombre imputado por Robo Calificado” y en un segundo sumario afirma que “podrían ser destituidos del cargo e inhabilitados para ocupar otro puesto en el servicio público”.
“El sujeto fue imputado por el delito de Robo Calificado y se manejó su proceso en prisión preventiva, sin embargo, el 15 de julio de 2022, los magistrados María Idalia “N”, Juan Emilio “N” y Manuel “N” dictaron su inmediata libertad, declarando suspensión condicional del proceso, autorizando que se otorgaran 8 mil 500 pesos como reparación del daño por la computadora y las memorias de almacenaje, sin embargo, no ponderaron que en estos dispositivos había información reservada y privilegiada”.
“Lo anterior lo realizaron de forma arbitraria, sin abrir audiencia, ni permitir el debate e impidieron el acceso al personal de la Fiscalía Anticorrupción mediante una apelación adhesiva, aun cuando un Juez de Control había determinado que era improcedente la suspensión condicional del proceso”, agrega el comunicado.
Cabe recordarle al doctor en Derecho que los juzgadores emiten resoluciones en base a criterios jurídicos y que esos criterios pueden estar equivocados, lo que será motivo de controversia en los tribunales federales, pero no por eso se les puede imputar que están cometiendo un delito o violando la Constitución.
Caso muy diferente sería que la FECC presentara pruebas contundentes de que los magistrados mencionados emitieron ese veredicto a cambio de un beneficio económico. Entonces sí es procedente su desafuero y procesamiento. Sin embargo, no hay tal en este asunto, más allá del sentimiento de frustración del fiscal Urquiza por haber perdido un asunto en el que la institución aparece como víctima.
Es como si a los diputados los quisieran sancionar por hacer leyes o a los miembros del Poder Ejecutivo por firmar oficios de los que la ley los faculta. Para eso existen los recursos que la propia ley contempla en cada rubro o materia.
Más allá de que la solicitud comentada debe ser declarada improcedente por parte de la Quincuagésima Legislatura (y que los fiscales pidan juicio político contra los diputados), debemos preocuparnos por la salud mental de Juan Salazar Núñez y Rodolfo Núñez Urquiza, que ya vimos que actúan arbitrariamente lo mismo contra el secretario de Gobierno, notarios, la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización, y ahora contra magistrados del Tribunal Superior de Justicia.
No descarte usted, estimado lector, que el siguiente paso sea denunciar penalmente a los abogados particulares que lograron sacar al imputado que les robó la computadora, por hacer bien su trabajo (o bien, pueden irse en contra de quienes difundieron un audio en el que elementos de la Policía de Investigación Criminal Adscritos a la FECC, pretenden extorsionar a la esposa del hoy liberado).
Por otro lado, y tomando en cuenta que Juan Salazar Núñez es catedrático de la Facultad de Derecho de la UAEM, nos gustaría mucho saber cómo justifica ante sus alumnos esta aberración jurídica que está haciendo su subordinado, el doctor Edgar Rodolfo Núñez Urquiza.
Por otro lado, no hay que perder de vista que uno de los magistrados señalados en el escrito entregado el pasado 23 de agosto en el Congreso Local, Juan Emilio Elizalde Figueroa, inició una denuncia en contra de la entonces presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Carmen Verónica Cuevas López, y que tanto Carmen como Juan pertenecen a ese grupo que tiene como característica común su relación con el maquiavélico Graco Luis Ramírez Garrido Abreu, lo que confirmaría que las Fiscalías están siendo utilizadas para venganzas políticas.
HASTA MAÑANA.
