Apenas el 25 de febrero del 2022 el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó el Protocolo para la atención a víctimas y la elaboración del análisis de riesgo en los casos de violencia política contra las mujeres en razón de género, que brinda una ruta de trabajo para proteger la seguridad e integridad de las víctimas. Sin embargo, en los hechos falta mucho por hacer, principalmente en aquellos municipios con población rural en donde predomina el machismo.
Según datos del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, de enero de 2019 hasta el 17 de octubre de la presente anualidad, en dicho órgano electoral se han registrado 17 denuncias de violencia política, de las cuales en cinco expedientes se sancionó a las personas agresoras: cuatro hombres y una mujer.
Desafortunadamente esas cifras tan raquíticas no significan que la violencia política de género esté casi erradicada, sino que todavía las víctimas no se atreven a denunciar.
En teoría, el Protocolo guiará la actuación del personal del INE en el proceso de atención a la violencia política contra las mujeres en razón de género, ya que establece los ejes rectores de la atención de primer contacto y de la elaboración del análisis de riesgo que permita determinar la necesidad de dictar las medidas de protección y/o un plan de seguridad a las mujeres que presenten una queja o denuncia por violencia política ante cualquier instancia del INE y su debido seguimiento.
Al menos eso se dijo en la presentación del protocolo a principios de este año en la sede del INE, a cargo de la presidenta de la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación, Norma De la Cruz Magaña, quien reconoció que en los pasados procesos electorales se incrementó la violencia política contra las mujeres, por lo que es importante “que todas las personas que laboran en el Instituto Nacional Electoral, incluyendo a los órganos desconcentrados, tengamos conocimiento de los pasos a seguir y el procedimiento para que, en el ámbito de nuestras atribuciones, se brinde una oportuna y correcta atención a las quejas o denuncias que se presenten”.
En esa misma sesión, la autoridad electoral dio por recibido el Informe que presenta el Secretario del Consejo General en cumplimiento al artículo 47 del Reglamento de Quejas y Denuncias en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género y que da cuenta que se han recibido 176 denuncias o vistas en la materia
Al respecto, la consejera Norma de la Cruz Magaña lamentó que las cifras adviertan que en el desarrollo de los procesos electorales, aumentan exponencialmente las denuncias en materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género (VPMRG).
“Los datos desafortunadamente arrojan que las mujeres de las diversidad sexual son las más afectadas”, pero al mismo tiempo, “demuestran la importancia de contar con información estadística, ya que a partir de esta información se pueden determinar los elementos centrales de las dinámicas y expresiones de la violencia política contra las mujeres en razón de género y eso permitirá plantear las estrategias necesarias y tomar las decisiones pertinentes para la prevención, atención integral y oportuna de estas quejas o denuncias”, agregó.
Norma Irene de la Cruz Magaña estuvo ayer en Morelos a invitación del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac) para presentar el "Protocolo para la Atención a Víctimas de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género”, en las instalaciones alternas del Congreso Local, en la calle Cataluña.
La consejera presidenta del Impepac, Mireya Gally Jordá, reconoció que el tema de la violencia política en razón de género es un tema que le duele a la sociedad. “La violencia política es una triste realidad y debemos estar atentos desde que la situación se presenta y debemos contar con las herramientas para actuar si esta situación se presenta”, dijo.
En el Proceso Electoral Ordinario Local 2020-2021 se inscribieron como candidatas a los diferentes puestos de elección más de cuatro mil 500 mujeres y menos del uno por ciento de esas candidatas denunciaron algún tipo de violencia política contra su persona, refirió Gally Jordá quien señaló que se debe realizar un análisis de fondo porque no hay información de la presencia de esa violencia para saber qué hacer, dar seguimiento y ofrecer resultados para que las instituciones den certeza en su actuar, en los análisis de riesgo y brindar las medidas de protección oportunos y proporcionales a cada uno de los casos.
En su presentación la consejera electoral y presidenta de la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación del INE, señaló que la Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género (VPMRG) no sólo se da en los procesos electorales, sino en cualquier momento, ya sea en el marco del ejercicio de derechos político electorales o en el ejercicio de un cargo público; es perpetrado por el Estado o sus agentes, por superiores jerárquicos, colegas de trabajo, partidos políticos o presentantes de los mismos, medios de comunicación y sus integrantes, un particular y/o un grupo de personas. Puede ser simbólico, verbal, patrimonial, económico, físico, sexual y/o psicológico y tiene por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce y/o ejercicio de los derechos político-electorales de las mujeres y principalmente se basa en elementos de género.
A través de este protocolo -dijo la consejera- se busca construir:
Nuevos mecanismos que lleven a garantizar los derechos político-electorales de las mujeres y atender y prevenir la violencia política que viven ellas; además se establecen los procedimientos para brindar atención de primer contacto a mujeres víctimas de VPRG y Análisis de Riesgo, Medidas de Protección y Plan de Seguridad.
Según estadísticas del INE a nivel nacional, quienes han sido mayormente víctimas de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género son presidentas municipales, síndicas y regidoras. Se han dictado 27 acuerdos de medidas de protección; 20 casos fueron improcedentes por no advertirse riesgo en la integridad de la denunciante; en 4 casos fueron procedentes las medidas de protección; en 6 casos se activó el protocolo y participó el Grupo Interdisciplinario y se ha brindado la atención a 19 víctimas.
Por su parte la consejera electoral y presidenta de la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación del Impepac, Elizabeth Martínez Gutiérrez, reconoció el avance de las mujeres en los espacios públicos y en materia política, prueba de ello es que en Morelos se tiene la presencia de seis presidentas municipales, 30 síndicas, 66 regidoras, seis diputadas por mayoría relativa y cuatro diputadas por representación proporcional.
Sin embargo, -y esto es opinión del que escribe- sólo ellas saben lo que han tenido que pasar para llegar a esos cargos. No podemos decir nombres, pero son muchos casos en los que atrás de las representantes populares están sus maridos o concubinos, que son quienes las impulsaron para llegar hasta donde están, y que les quitan parte de sus ganancias.
HASTA EL LUNES.
