Más que la cuestión jurídica que se traduce en “dar vista a la Fiscalía General de la República por posible encubrimiento”, lo que realmente debe preocuparle a Uriel Carmona Gándara es la fuerza de las palabras pronunciadas ayer en la Ciudad de México y el nombre de quien las dijo, así como quien anunció desde muy temprano esa conferencia de prensa.

La frase fue: “¿Cómo un fiscal general de justicia sale públicamente a decir que científicamente ella fallece por una broncoaspiración? Si ustedes escuchan al fiscal de Morelos dice [que] no hay signos de violencia. ¿Cómo puede ser que haya un fiscal que encubra deliberadamente?”.

Pero lo más importante es quién pronunció esas palabras: Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México y posiblemente la próxima presidenta de México.

Y todavía más importante: el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en su tradicional conferencia de prensa conocida como “La Mañanera”, adelantó que la muerte de Ariadna Fernanda se debe considerar feminicidio (“hay bastantes pruebas”, dijo) y adelantó que la jefa de Gobierno y la fiscal capitalina darían información al respecto.

Esas son cuestiones que debe analizar Uriel Carmona Gándara, -abogado y proveniente de una familia de abogados-, antes de decidir si se quiere aventar “un tiro” que no es jurídico, sino político.

Quienes hayan visto en su totalidad la conferencia de prensa ofrecida por Sheinbaum, se habrán percatado de lo bien informada que está sobre la situación de la Fiscalía morelense. “No depende del gobernador Cuauhtémoc Blanco, él ya estaba cuando llegó, pertenece a la anterior administración”, dijo.

De igual forma, les dijo a los reporteros que el fiscal fue designado por el Congreso y que sólo los diputados pueden removerlo. Ya solamente faltó que les explicara que la Legislatura está conformada por 20 diputadas y diputados, mismos que están divididos en 15 y 5 y que traen un pleito con el Ejecutivo por el presupuesto.

Incluso, cuando le preguntaron si también la médico forense y el director de servicios periciales estarían encubriendo al feminicida, la jefa de gobierno contestó que “el fiscal es el que salió a dar las declaraciones, él es el responsable”.

También, cuando dijo que “no vamos a permitir que se criminalice a ninguna mujer”, se notó que estaba hablando la aspirante a la presidencia de la República, no la jefa del gobierno capitalino. “Si no hubiera entrado la fiscalía de Ciudad de México, este feminicida hubiera quedado impune. Aquí lo que hay es investigación y cero impunidad. Nunca vamos a encubrir a un feminicida”, acotó.

Fue muy cuidadosa al soltar la especie de que el fiscal y el empresario Reutel N “tienen relación”, pues no aportó ninguna prueba. No es necesario, lo importante es dejar esa idea en la mente de los millones de televidentes y cibernautas que seguían la conferencia de prensa. Tampoco se metió demasiado en cuáles son las facultades que tiene la Fiscalía General de la República para investigar el supuesto encubrimiento del fiscal del estado. Lo puede hacer, pero de ahí a que logre fincarle responsabilidades hay mucha diferencia.

Por otra parte, si ya existe un dictamen que dice que la joven falleció por broncoaspiración, y otro que dice que la causa de muerte fue “trauma múltiple”, lo más lógico es que se recurra a una tercera necropsia para salir de dudas.

Realmente, sin ser expertos en el tema, consideramos que entre un dictamen y otro hay un abismo de diferencia. La necropsia de la Fiscalía de Morelos establece claramente que la joven murió por broncoaspiración (cuando su vómito se le va a los pulmones) y que no pudo reaccionar porque estaba totalmente intoxicada. Tiene lógica.

La autopsia de los expertos de la ciudad de México sólo concluye que falleció “por trauma múltiple”, es decir, por golpes. Nos resulta inverosímil que los médicos morelenses no hayan visto los golpes que los médicos capitalinos no solamente vieron, sino que consideraron la causa de muerte. De igual manera, no podemos creer que los forenses de la Ciudad de México no hayan visto el vómito que estaba dentro de los pulmones de la mujer, y que si lo vieron no lo consideraron como causa de muerte.

Todo eso a su debido tiempo tendrá que ser aclarado en una junta de peritos dentro de un juicio oral en el que seguramente el peritaje de la Fiscalía morelense servirá como prueba de descargo de los imputados.

Sin embargo -insistimos- el tema no es jurídico sino político y mediático. El notario con licencia puede llevársela a base de amparos pero, ¿realmente valdrá la pena librar esa batalla?

No olvidemos que en Veracruz Jorge Winckler fue destituido temporalmente de su cargo como fiscal, luego de que el Congreso de aquella entidad votara por separarlo por “no cumplir con revalidación de certificado de confianza” y que ya sin fuero lo acusaron de desaparición forzada y lo metieron a la cárcel.

Así actúa el gobierno de la cuarta transformación. Para no ir más lejos, en Puebla, hace un par de semanas el gobierno de Miguel Barbosa mandó una iniciativa de reformas constitucionales relacionadas con el Poder Judicial. Al presidente del Tribunal Superior de Justicia, Héctor Sánchez, le quitaron el control del Consejo de la Judicatura (en cuya presidencia quedó un ex consejero jurídico del gobernador) y lo “ataron de manos”.

Héctor Sánchez -sobreviviente del panismo que gobernó Puebla los últimos años- entendió que no podía ponerse en contra de la nueva administración y presentó su renuncia, aunque le faltaban tres años más para terminar su periodo. Al buen entendedor, pocas palabras.

En todo este relajo entre las fiscalías, lo único que no entendemos es por qué el anuncio de la Fiscalía Anticorrupción de que iniciará “investigación de oficio por los posibles delitos en los que incurrieron funcionarios de la Fiscalía de Morelos, en el caso de Ariadna Fernanda López Díaz” (así, con todos sus apellidos).

¿Qué busca ahora el polémico Juan Salazar? ¿Reflectores a nivel nacional? ¿Demostrar que es tanta su autonomía que hasta puede investigar al fiscal general? ¿O pretende realizar una investigación que concluya en que no hubo delito alguno para proteger a Uriel?

Porque con Juan Salazar nunca se sabe. Es el único que primero quería meter a la cárcel a Pablo Ojeda y ahora es su “testigo protegido” para fastidiar al Ejecutivo. Es el único que inicia carpetas de investigación por un puente que se cayó, que llega a detener a personal de una Notaría, y que retiene a una funcionaria del Órgano Interno de Control para obligar a su jefe a que acuda para detenerlo.

Ahora a ver con qué nos sale el ex consejero jurídico de Graco Ramírez.

HASTA MAÑANA