Tras el escándalo del caso Ariadna Fernández el coordinador general de Política y Gobierno de la Presidencia de la República, Rabindranath Salazar Solorio, deberá analizar muy bien cuáles son sus prioridades. Por un lado tiene el control de la Quincuagésima Quinta Legislatura Local, pero por otro está la línea más que evidente del presidente de la República para cambiar al fiscal general del Estado, Uriel Carmona Gándara, quien ha gozado de su protección y apoyo incluso para ampliar sus redes hasta el Poder Judicial, donde recientemente su cuñado Francisco Hurtado fue designado magistrado del Tribunal Superior de Justicia.

Bien dice el dicho que “quien a dos amos sirve con uno queda mal”, y “el morelense más cercano a Andrés Manuel López Obrador” hoy está en una disyuntiva que puede ser decisiva en su carrera política.

Según lo ha declarado el gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo, el ex senador es el culpable de que el Congreso local haya conformado un bloque de 15 legisladores (incluyendo a la diputada que suple a la que fue cobardemente asesinada) para boicotear el presupuesto para el 2023, y bajo esa premisa es también el responsable de decidir si el Congreso local lo obliga a dimitir o continúa en el cargo hasta el 2027.

Sin embargo, a nadie le queda duda de que hay un interés superior de que el fiscal general de Morelos se vaya. La propuesta presentada al Congreso de la Unión por la ministra en retiro, Olga Sánchez Cordero, de que los nombramientos de los fiscales estatales no excedan del periodo de cuatro años, es más que evidente. Ya solamente le faltó que dijera “y que se llamen Uriel”.

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que se realizan investigaciones a fondo sobre el feminicidio de Ariadna Fernanda López Díaz y para esclarecer por qué autoridades de Morelos buscaron revictimizar a la joven. En conferencia en Palacio Nacional, el mandatario calificó como un hecho “horrendo” el feminicidio de la joven, por lo que, aseguró, debe ponerse la justicia por encima de todo.

“Lo que se dio a conocer ayer, todas las pruebas, se está haciendo una investigación a fondo de este asunto, porque parece que se quiso desviar el móvil y la causa del asesinato, entonces se está haciendo la investigación a fondo, porque eso no se debe permitir”, expresó.

Es de todos conocido que el presidente de la República rara vez da una orden concreta. Su estilo es “mandar mensajes cifrados” para que sus subordinados los entiendan. Aquí la pregunta es si su subordinado llamado Rabindranath Salazar Solorio entiende el mensaje o quiere que se lo diga con todas sus letras: así como no quería a Winkler en Veracruz, tampoco quiere a Uriel Carmona en Morelos.

Por lo pronto los diputados de la LV Legislatura local crean una comisión sobre feminicidios, pero 

bien dicen que cuando no quieres resolver un asunto creas una comisión para investigarlo. Así ha quedado demostrado en infinidad de casos, y este no será la excepción.

Una comisión legislativa no tiene facultades investigadoras. Eso le corresponde a la Fiscalía de Morelos o en este caso a la de la Ciudad de México, además de la Fiscalía General de la República en el caso de que se materialice la figura de la atracción (que en lo personal no vemos por dónde la puedan justificar legalmente).

Es de todos conocido que existe un pacto de impunidad entre los integrantes de la Quincuagésima Quinta Legislatura y la fiscalía. Hay una lista de carpetas de investigación en las que están relacionados los legisladores o sus familiares, ya sea para agilizar o retrasar lo más que se pueda.

Dicho de otra manera, están bien agarrados porque en su mayoría tienen cuentas pendientes con la justicia, sobre todo aquellos que fueron alcaldes o que sus parientes están bajo proceso penal.

A eso se debe también que la Fiscalía General haya tenido un incremento sin precedentes en su presupuesto para el 2023, en el entendido de que ese dinero “tiene v de vuelta”, ya sea en plazas, en “moches” para obras o en autos de no ejercicio de la acción penal.

HASTA MAÑANA.