Publicado en Estrategias Viernes, 10 Junio 2011 09:02

La indefensión total y la ausencia del estado de Derecho Un caso en el que los juicios orales son sinónimo de impunidad Sobre el premio estatal de Periodismo

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La situación que prevalece en el Estado de Morelos es sumamente grave en lo que se refiere a cuestiones de seguridad pública. Nunca como ahora el estado de Derecho se había encontrado tan vulnerado, y la ciudadanía tan indefensa ante las diferentes corporaciones teóricamente encargadas de garantizar su seguridad.

Ojalá que no suceda, pero cualquier día de estos usted o este servidor puede verse en medio de un enfrentamiento como el que ocurrió en días pasados en la zona poniente de la capital.

Imagine por un momento que tiene enfrente a un sujeto que se cubre el rostro con pasamontañas, chaleco antibalas (o pechera) y portando un arma larga que usted en su vida había visto.

Dadas estas características, puede tratarse de alguna de estas opciones:

Un sicario que está enfrentando a otros matones a sueldo que pertenecen a una organización enemiga.

Un policía federal “encubierto” que trata de detener o matar a un sicario en un operativo oficial.

Un sicario haciéndose pasar por policía federal “encubierto” para matar a otro criminal y después entregárselo a los verdaderos policías para que parezca una acción oficial.

Un policía federal “encubierto” contratado por un cartel para matar a un sicario de una organización antagónica.

Un militar que puede darse el lujo de trabajar sin uniforme y no está obligado a dar sus datos “por seguridad” y que si hay problemas sus superiores dirán que ellos nunca participaron.

Un sicario que se hace pasar por militar-sin uniforme pero al que las otras corporaciones le entregan cualquier detenido sin ningún documento de por medio.

En cualquiera de los casos, no oponga resistencia y tampoco diga que pertenece a ningún cartel porque igual lo desaparecen.

Ahora bien, si el sujeto en mención porta algún uniforme, existen las siguientes posibilidades:

Que sea un policía real que viene huyendo.

Que sea un policía real que cobra en la nómina oficial pero también en la narconómina.

Que sea un sicario disfrazado de policía (o soldado) y que comete tropelías para que le echen la culpa a los verdaderos policías.

Que sea un militar real con facultades supra constitucionales.

En cualquiera de los casos, trate de resguardarse lo mejor posible. No intente llamar a ninguna corporación porque no acudirán. Si profesa alguna religión, rece.

Como dice el ex presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Genaro Góngora Pimentel, “la sociedad se ha vuelto espectadora del debilitamiento de las autoridades, pues ante ésta se ha develado la inseguridad que ha llevado a visualizar la débil presencia de un Estado de Derecho en nuestro país”.

 

LA DESESPERACIÓN DEL PAN

 

Si la estrategia del gobierno federal panista era subir algunos puntos en las preferencias electorales con el encarcelamiento de Jorge Hank Rhon, déjeme decirle que se equivocaron. Si bien el ex alcalde de Tijuana dista mucho de ser visto como víctima, el sentir de una gran parte de la sociedad es que se trató de un asunto político, incluso algunos lo relacionan directamente con la escandalosa desventaja de Felipe Bravo Mena frente al candidato priísta justo en la tierra del padre de Jorge Hank.

Y es que nadie cree la versión oficial de que se trataba de un operativo de rutina y que el presidente de la República no lo sabía. Imagínese qué pasaría si le hicieran el mismo caso a las “llamadas anónimas” que indican que hay armas en la casa de tal o cual político. ¿Por qué no empezaron con Carlos Salinas o Arturo Montiel?

De que los Hank Rhon son unos indeseables eso ni duda cabe.  Cuentan los enterados que la madrugada del miércoles 20 de abril de 1988, Jorge Hank y sus amigos andaban enfiestados en Tijuana. En esa reunión Alberto Murguía Orozco, amigo íntimo de Jorge Hank, se acercó a él para decirle, delante de Vera Palestina –su jefe de escoltas y compadre– que si ya había leído lo que de él escribió el “Gato Félix”; que muy atrevido; que ya era hora de ponerlo quieto; y que si no entendía por los buenas, entonces por las malas. Así se gestó el asesinato del periodista Héctor Félix Miranda, coeditor de ZETA. Desde entonces los editores de ZETA publican semana a semana una plana en fondo negro exigiendo justicia a los gobernadores de Baja California, desde el priista Oscar Baylón Chacón hasta los panistas Ernesto Ruffo Appel, Héctor Terán Terán, Alejandro González Alcocer, Eugenio Elorduy Walther y José Guadalupe Osuna Millán. El único de todos ellos que aceptó que Jorge Hank estaba detrás del asesinato del “Gato Félix”, fue Ernesto Ruffo, pero le tembló la mano, pues el Profesor Carlos Hank González lo intimidó. En el año 2004 Francisco Ortiz Franco, coeditor de ZETA, se disponía a estudiar el expediente de más de 14 mil hojas sobre el Caso Félix. El gobierno del presidente Vicente Fox aceptó a regañadientes las exigencias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la Sociedad Interamericana de Prensa reabrir el expediente. Cuando Ortiz Franco estaba metido de lleno en el asunto, un grupo de sicarios lo asesinó a sangre fría delante de sus pequeños hijos.

Desgraciadamente en México los peores delincuentes pueden andar libres y los inocentes en la cárcel. Su dinero les garantiza impunidad y pueden comprar hasta gente que se manifieste a su favor como está ocurriendo con Jorge Hank.

Lo más seguro es que todo este “affaire” sólo sirva para aumentar la cuenta bancaria del abogado que se encargue de acreditar que él no estaba en posesión de las armas que le achacan. Ya le quitaron el delito de delincuencia organizada, lo demás es lo de menos.

Así, una vez más el gobierno federal quedará en evidencia como ocurrió en Michoacán. Ante la falta de resultados en materia económica, empleo y servicios educativos y de salud, a Felipe Calderón no le queda otra que sostener su bandera de presidente valiente y temerario, que con el Ejército, la Marina y la Policía Federal, es capaz de enfrentarse a cualquiera “para que la droga no llegue a nuestros hijos”.

La pregunta que todos se hacen en Morelos es si no aplicará esta misma táctica en nuestra entidad. No me quiero imaginar un “cantonazo” a la casa de algunos legisladores locales y federales, o una investigación a fondo de sus cuentas bancarias.

 

JUICIOS ORALES, SINÓNIMO DE IMPUNIDAD

 

Desde el seis de noviembre del año pasado, el empresario  Federico Mayorga Villanueva libra una guerra personal contra la delincuencia; la primera batalla la ganó, al lograr mediante investigaciones propias la detención de quienes allanaron su casa y le robaron parte de su patrimonio familiar, pero la más difícil es la que mantiene hasta hoy, para conseguir que los delincuentes no obtengan su libertad gracias a las bondades del nuevo sistema acusatorio adversarial.

Y es que, de acuerdo a los acontecimientos que se narran en la carpeta de investigación  FRV/01/2058/2010, en la práctica los llamados juicios orales han dejado a las víctimas del delito en total indefensión, en tanto que los imputados gozan de absolutamente todas las ventajas.

El sábado seis de noviembre del 2010 doña Hortensia y don Marcelino, trabajadores domésticos en la casa del licenciado Mayorga, llegaron a realizar sus labores cotidianas desde las siete de la mañana. Alrededor de las tres de la tarde Marcelino escuchó el timbre de la casa, por lo que acudió a abrir, no sin antes preguntar quién era. “Vengo de parte del licenciado Mayorga”, escuchó una voz atrás de la puerta, por lo que accedió a abrir.

En ese momento el sujeto sacó una pistola y lo encañonó al tiempo que otro hombre entraba atrás de él. A punta de insultos y empujones fue llevado al interior de la casa donde se encontraba su esposa y la obligan también a tirarse en el piso donde los amarran a ambos para enseguida dedicarse a saquear las cajas de seguridad que se encontraban en una de las recámaras.

Lo que nunca podrán olvidar estos humildes empleados fue la voz que le gritó al que los estaba cuidando: “Mátalos mejor de una vez”. Afortunadamente el sujeto no obedeció y siguió a sus compañeros que ya salían de la casa llevando su botín, no sin antes advertirles que debían permanecer quietos si querían seguir vivos.

Fue hasta una hora y media después que llegaron los propietarios de la casa, encontrando a sus empleados amarrados y toda la casa revuelta.

Al reconstruir los hechos, Federico Mayorga y los policías ministeriales asignados al caso, se percataron de que, no obstante que en un principio los maleantes no dejaron sus datos en la caseta de entrada, argumentando que uno de ellos era condómino, antes de retirarse fueron interceptados por una unidad de supervisión que los notó sospechosos.

Los elementos de seguridad tomaron datos de dos vehículos que se encontraban estacionados cerca de la casa del licenciado Mayorga, siendo estos una camioneta blanca marca Pontiac con placas 200-XEK del Distrito Federal  y un coche marca BMW color blanco con placas 370-TMC también del DF.

Posteriormente, al abandonar el fraccionamiento, los conductores de ambos vehículos fueron obligados a identificarse, presentando dos licencias de manejar, una a nombre de Jorge Daniel González Cabrera y José Martín R. Gutiérrez, argumentando que habían acudido a dejar a un amigo.

Lo que los guardias nunca se imaginaron, fue que para ese momento los sujetos ya llevaban el producto del robo escondido en la camioneta. Sólo pudieron percatarse de que eran tres hombres y una mujer.

Horas después, un perito de la Procuraduría de Justicia localizó en el interior de la casa robada una huella, la que al ser introducida al sistema resultó ser de un sujeto llamado Israel Martínez Cárdenas, con registro criminal en el estado de México.

Increíblemente, los delincuentes habían utilizado vehículos sin reporte de robo y con sus placas originales. Incluso, la camioneta BMW  había sido ingresada a la agencia ubicada en la colonia Vista Hermosa de Cuernavaca, para que le hicieran el servicio de rutina.

En sus investigaciones por cuenta propia, Federico Mayorga descubrió que él no era la única víctima. En los últimos meses se habían registrado diversos casos similares en exclusivos fraccionamientos como en Tabachines y Lomas Tetela, y al analizar los videos se percató de que se trataba de los mismos tres hombres y una mujer, a bordo de los mismos vehículos.

Pero las imágenes sirvieron para detectar otro dato que sería determinante: también llegaron a utilizar una camioneta de la marca Volvo modelo 2004, con placas de circulación 370 NTC del Distrito Federal, registrada a nombre de Mirna Hernández Cero.

Ella fue la primera en ser detenida. Interrogada o “entrevistada” por los agentes ministeriales, admitió ser la propietaria de la camioneta, pero negó su participación en los hechos. Dijo que su pareja, de nombre Manuel Ramírez Chimal, falleció en un accidente en abril del año pasado “y  en el velorio conocí a una persona que me dijo que se llamaba Francisco Pérez Piña o Piña Pérez, con quien inicié una relación sentimental”.

A pesar de esa relación, la mujer dijo desconocer muchas cosas de su nueva pareja. Sólo sabía que era casado, que tenía una boutique en Puebla y que manejaba una camioneta blanca. Al mostrarle un video tomado por el sistema de seguridad del fraccionamiento Tabachines, reconoció a Francisco a bordo de la camioneta de ella.

Trató de evadir su responsabilidad argumentando que “durante el tiempo que anduvimos como pareja, me pidió mi camioneta tres o cuatro veces, sin decirme a dónde se dirigía”. Pero las declaraciones de los elementos de seguridad echaron por tierra esa versión, al reconocerla plenamente como la misma mujer que la tarde del 6 de noviembre iba en el asiento trasero de la camioneta donde salieron huyendo los delincuentes. A través de fotografías entregadas por la detenida, los guardias también reconocieron a Francisco Piña como el que manejaba uno de los vehículos en aquella ocasión.

Al cuestionarla sobre el paradero de Francisco Piña, la mujer dijo que hacía dos semanas que había terminado su relación con él porque le había robado 10 mil pesos, y desde entonces no lo había visto.

A decir del licenciado Federico Mayorga, los problemas con la autoridad judicial comenzaron desde un principio. Su primero dificultad fue acreditar la propiedad de lo robado.  El juez no quiso darle validez a una constancia expedida por una Joyería, donde se describen las diferentes operaciones de compra –venta y hechura de diversas joyas.

Con fecha 12 de noviembre del 2010 la representación social solicita orden de aprehensión en contra de Mirna Hernández Cerón y Francisco Piña Pérez, así como Israel Martínez Cárdenas.

Por increíble que parezca, el Juez Martín Eulalio Domínguez Casarrubias niega la orden de aprehensión por cuanto a los dos primeros, y sólo la concede en contra del tercero.

De no ser por la insistencia del empresario, y sus manifestaciones de inconformidad ante el MP y el Juez, la mujer que había sido plenamente reconocida como una de las integrantes de la banda, hubiera sido dejada en libertad.

Sólo así, exigiendo, logró que,  ante una nueva solicitud del Ministerio Público,  fueran concedidas las tres órdenes y Mirna Hernández Cerón quedó bajo prisión cautelar.

El 5 de diciembre del 2010 agentes ministeriales cumplimentaron la orden de aprehensión  en contra de Miguel Ángel García Méndez, quien ya tenía un ingreso al Penal en el estado de México en el 2001 por el delito de robo.

Con fecha 22 de diciembre el agente del Ministerio Público dicta acuerdo mediante el cual se le otorga un “criterio de oportunidad” establecido en el artículo 88 fracción II del Código de Procedimientos Penales vigente en el Estado, a Miguel Ángel García Méndez.

Esta novedosa figura legal se aplica con la finalidad de que el imputado aporte mayores datos para el aseguramiento de sus cómplices.

Fue así como se obtuvo la información de que Israel Martínez Cárdenas y Francisco Piña Pérez viajarían a Cuba el 12 de enero. Elementos de la Policía Ministerial de Morelos los esperaron en el Aeropuerto de la Ciudad de México y los detuvieron. Ahí, supieron que en realidad Francisco se llama Alejandro Lara Lara. También fue detenido su primo Francisco Sánchez Lara.

Los elementos de la Policía que realizaron la captura denunciaron que durante el trayecto y en las instalaciones de la corporación les ofrecieron la cantidad de 500 mil pesos para que dejaran libre a Israel, por lo que fueron puestos a disposición del MP por el delito de Cohecho.

Ricardo Martínez Jiménez, otro de los acusados, permanece sujeto a un proceso penal en el Estado de México por robo a casa habitación. Cuando el Ministerio Público solicitó que se le notificara el cumplimiento de una orden de aprehensión en Morelos, el Juez oral consideró que no podría darse por cumplimentada toda vez que el sistema de justicia penal en la entidad mexiquense, no es compatible con la que tenemos en Morelos.

En teoría, Federico Mayorga deberá esperar a que el delincuente cumpla su condena en el estado de México, para imputarle el delito cometido en su agravio en Morelos.

Mayorga Villanueva, quien fue despojado de parte de su patrimonio obtenido durante años de trabajo, ha tenido que invertir tiempo y dinero para realizar la investigación, detener a los delincuentes y ponerlos a disposición de la autoridad. Pero lo más desgastante, dice Mayorga, es que todos los días tiene que estar al pendiente de las acciones de los jueces para que no vayan a salir libres y litigar la reparación del daño que se torna engorrosa y burocrática.

Es decir, hay una doble victimización: primero la que infringen los delincuentes, y después en la que incurren las autoridades al aplicar un sistema que supuestamente es equitativo, pero que en la práctica beneficia al delincuente y pone a la víctima en total indefensión.

Por si esto fuera poco, también se enfrenta al desconocimiento de los jueces federales sobre el nuevo sistema acusatorio adversarial, lo que hizo que un Juez de Distrito concediera un amparo para efectos al sujeto que dejó su huella en el lugar del delito, lo que podría derivar en su libertad por tecnicismos jurídicos.

 

SOBRE EL PREMIO ESTATAL DE PERIODISMO

 

El mérito de Omar Guerra, Carlos Tercero, Fernando Bilbao (Leopoldo Ferreiro) y el resto de los integrantes del Comité para el Premio Estatal de Periodismo, es recuperar un certamen que se había extinguido por razones desconocidas. El hecho de que el documento que se entrega contenga las firmas de los representantes de los tres poderes y la máxima casa de estudios, le da un soporte institucional que en nada se compara con aquellos premios que otorgaban los gobiernos priístas en los que nadie sabía el criterio utilizado para elegir a los ganadores ni los nombres de quienes integraban el Jurado.

Aún así hay detalles que se deben corregir.  El año pasado cometieron el error de poner como modalidad la palabra “gráfico” en lugar de “prensa escrita”, y la ceremonia de entrega fue una auténtica romería.

En esta ocasión corrigieron el error en los pergaminos que se entregaron y la ceremonia estuvo ordenada.

Sin embargo, hubo quejas por cuanto a la falta de difusión de la convocatoria y el escaso margen que se estableció para la entrega de trabajos.  Quizás a eso se debió que sólo participaran alrededor de 25 compañeros, muchos de ellos integrantes del Sistema de Radio y TV del propio Congreso.

Nos recordó aquella convocatoria que lanzó Oscar Sergio Hernández Benítez para la selección de magistrados hace un par de años, cuando los aspirantes tuvieron que entregar ensayos jurídicos de 30 páginas en unas cuantas horas y con una serie de requisitos, y sólo aquellos que fueron avisados previamente pudieron cumplir en tiempo y forma.

Lo anterior en nada demerita el trabajo de compañeros como Justino Miranda, José Antonio Gaspar Díaz, Iván Morán, Carlos Felix y todos los demás que resultaron galardonados.

¿Y la ausencia de los diputados panistas en la ceremonia de premiación  como la debemos interpretar? ¿Indiferencia? ¿Desinterés por el trabajo de los comunicadores? ¿Molestia por la crítica? Sólo ellos saben.

 

HACE FALTA MANO DURA EN EL IEBEM

A casi dos meses del relevo en la Secretaría de Educación las cosas no han cambiado gran cosa. Al menos al interior del Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos (IEBEM), todo sigue igual.

Y solo como un ejemplo hay que citar el Departamento de Preescolar, donde si las cosas empiezan mal, pues hay que ver como acaban en el nivel de educación media básica (secundarias) incluyendo normales (como la de Amilcingo).

Sólo hay que darse una vuelta al Departamento de Educación Preescolar, donde sólo están los escritorios. Sí, como lo leyó usted. Y es que en esa área ni la jefa del dicho departamento, Guillermina Hernández Arias, ni sus administrativos atienden al personal, puesto que se les puede encontrar en todos los moles sindicales, o en conferencia.

Esta situación ha llegado a tal grado que ahora a los secretarios o personal masculino de dicho Departamento, son considerados como “damas de compañía”, al fin y al cabo ya es el nuevo rol educativo que se imparte en el Estado.

Pero la titular de dicho departamento cree que ejercer la autoridad es con el autoritarismo, y hacer las cosas de un día para otro, pero eso sí, lo importante para Guillermina Hernández es estar bien con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE); olvidando –si así fuera el caso- que el nuevo papel sindical es la de hacer eficiente las áreas y atender a todo el personal.

Al menos es el ejemplo dejado por Juan Díaz, quien en los años del 2008 y 2009 estuvo al frente de la sección 19 del SNTE como enviado directo de la profesora Elba Esther Gordillo, y producto de haber desatorado el problema magisterial que paralizó al estado durante casi un año, este miércoles fue electo secretario general del SNTE a nivel nacional, y quedando en su lugar como delegado nacional del SNTE Moisés Armenta Vega.

Y es obvio que producto de la desatención del departamento siguen las fuertes anomalías en el departamento de Educación Preescolar, a tal grado que hoy no se puede distinguir entre autoridad y sindicato, puesto que es evidente que asume actos del viejo sindicalismo la maestra Guillermina Hernández Arias o bien podría ser la representante del SNTE Margarita Rivas, pero el caso es que la Comisión Estatal de Cambios –(comisión bipartita IEBEM-SNTE)-, quien  presume de transparencia y el buen uso de los recursos humanos, claramente la vemos realizando  reubicaciones de personal docente así como contrataciones de quién sabe qué recursos,  ¿y el examen de oposición qué?

Estas acciones las realizan a la vista de todos y es que ya perdieron la vergüenza, cuando  observamos que fuera de la convocatoria y de los tiempos hacen este tipo de acciones y hay que ver cómo atienden a  las de lugares provisionales, algunas son tratadas de especiales y otras que se esperen  a ver qué les deja de migajas la Comisión Estatal.

 

DE TODO UN POCO

La rueda de la fortuna.- Bien dicen que no hay que subestimar a nadie y como ejemplo de ello podemos dar cuenta de dos anécdotas. En el 2003 al secretario de Seguridad Pública de Cuernavaca, Víctor Hugo Valdez, le impusieron en su dependencia a un militante panista de nombre Antonio Aragón Zamora al que tenía que colocar en un buen cargo para cumplir compromisos de campaña.

Al cabo de unos meses logró que el alcalde Adrián Rivera le autorizara despedir al abogado, y así lo hizo. Con lo que no contaba es que este insigne militante del blanquiazul tenía un nombramiento de diputado suplente, y que  tras la designación de Jesús Giles como secretario de Gobierno a él le tocaba ocupar la curul.

Tres años después, cuando el secretario pidió su jubilación, se encontró con la oposición sistemática y contundente de su ex subordinado, ahora convertido en diputado.

La otra anécdota cuenta que a principios de la primera década del milenio el director de noticias de Televisa Cuernavaca, Roberto Díaz Guerrero, le dio la oportunidad de trabajar como reportero a Omar Guerra Melgar, quien provenía de la empresa Telecable.

Pasaron los años y por azares del destino ese reportero se hizo diputado. Agradecido por el apoyo en aquellos años, el legislador hizo director del Sistema Morelense de Radio y TV a su ex jefe.

Así que la moraleja es que no trate mal a sus empleados. En una de esas y salen buenos para la Cámara de Diputados.

 

Conferencia Magistral.- Pocas veces se tiene oportunidad de recibir conocimientos de grandes juristas a nivel mundial en Cuernavaca.  Pues bien, el próximo 14 de junio se dictará la ponencia  denominada  La Construcción de la Democracia por el Derecho, disertada por el Dr. Jean- Claude Colliard Presidente de la Université Paris I Pantheon-Sorbonne y con los comentarios de  Dong Nguyen Huu, Coordinador Internacional de Proyectos de Asistencia Electoral y Cultura Democrática, del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en México. (PNUD).

La cita es el próximo martes a las 12:00 horas, en las instalaciones de la Casa de la Cultura Jurídica, ubicada en Boulevard Benito Juárez Nº 49,  Col. Las Palmas.

Abogados Penalistas.- Este sábado en las instalaciones de la Universidad Latina se llevará a cabo la clausura del Curso sobre Juicios Orales que imparte la Asociación de Abogados Penalistas, con una conferencia previa del maestro José Luis Jaimes Olmos, Juez del Tribunal de Justicia para Adolescentes. Por ahí nos vemos.

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