Durante muchas décadas, la frase más recurrida cada 8 de marzo en los eventos del Día Internacional de la Mujer fue: “no hay nada qué celebrar”. Sin embargo, siendo objetivos, en estos momentos las mujeres de Morelos sí tienen mucho por qué festejar dado que las conquistas del feminismo son muchas en todos los ámbitos y están muy cerca de tener una presidenta de la República y/o una gobernadora del estado.

Gracias a un reporte de lectura que me encargó mi maestro de Derecho Electoral, Javier Eduardo Campos del Río, pude tener a la vista una tabla del número de mujeres que han integrado la Cámara de Diputados a nivel federal desde 1952 a la fecha, y se puede observar cómo el género femenino ha ido ganando terreno meteóricamente.

De una mujer en la 42 Legislatura (lo que representaba el 0.6 por ciento del total de legisladores) a 13 en 1964 y luego 32 en 1979; en el 2000 subieron hasta 80 pero aún así eran sólo el 16 por ciento de los 500 miembros de la Cámara, y en el 2009 llegaron a 140. Hoy sabemos que es obligatorio que la mitad de los integrantes de cualquier Cámara, debe ser del género femenino, y que en algunos casos han sido más las mujeres, como ocurrió en Morelos la pasada legislatura. 

Es decir, que en el Poder Legislativo las mujeres llevan la delantera. Pero para llegar a esto tuvieron que pasar muchas cosas, por ejemplo, lo que se conoció como “las juanitas”.

En la elección federal de 2009 se presentó un hecho inusitado en la historia política reciente de México: nueve diputadas federales, recién electas por el principio de representación proporcional, presentaron al mismo tiempo solicitudes de licencia ante la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados para separarse del cargo de manera definitiva, cuando apenas habían tomado posesión de este.

Por si esto no tuviera la suficiente trascendencia, en todos los casos los suplentes eran varones.

Este hecho tuvo gran resonancia en los medios y en la opinión pública, particularmente en los sectores que pugnan por los derechos de las mujeres, para los que el incidente resultaba muy cuestionable, por decir lo menos.

El suceso se colocó en el imaginario colectivo como el caso de las Juanitas, en alusión clara a Rafael Acosta Naranjo, alias Juanito, quien fue postulado como candidato a jefe delegacional de Iztapalapa, en el Distrito Federal, por el Partido del Trabajo (PT), con la condición de que renunciara al cargo en caso de ganar, a fin de cederlo a Clara Brugada, a quien se le impidió ser candidata del Partido de la Revolución Democrática (PRD) debido a una resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en torno al proceso de selección interno que presentó serias irregularidades.

El caso de las Juanitas también llegó a la Sala Superior del TEPJF, aunque curiosamente no por iniciativa de alguien que se sintiera agraviado por esta aparente violación al sistema de cuotas de género en el esquema de representación política, sino por Olga Luz Espinosa Morales, una diputada a quien en la práctica fue negada la licencia para separarse definitivamente del cargo, pues se descubrió que el suplente —hombre— la estaba obligando a renunciar porque así lo habían pactado desde el momento de registrarse.

En este libro (La in/utilidad de la cuota de género), la autora Mercedes Barquet Montané, señala que, en nuestro país, la necesidad pública asumida por las instancias de gobierno para impulsar las candidaturas de mujeres a puestos de representación aparece como una sugerencia que el Cofipe hacía a los partidos políticos en 1993 y 1996, sin obligatoriedad en su cumplimiento y, por lo tanto, también sin sanción alguna por su inobservancia.

Fue hasta el 2014 cuando el principio de paridad fue incorporado a nuestra Constitución. El artículo 41 Constitucional establece que los partidos políticos deberán postular paritariamente sus candidaturas para los Congresos Federal y locales.

En el Poder Judicial también las mujeres han conquistado muchos espacios, y aquí no es por el principio de paridad. Tiene mucho tiempo que las féminas se han ganado a pulso sus lugares en los juzgados y las magistraturas, e incluso en la presidencia del Tribunal Superior de Justicia, donde Carmen Cuevas y Nadia Lara estuvieron dos periodos cada una.

En el Poder Ejecutivo hubo un poco de resistencia al principio. Recordamos aquella portada de la revista Cauce Legal de marzo de 2019 en la que aparecían las únicas secretarias del gabinete de Cuauhtémoc Blanco: Mirna Zavala Zúñiga, secretaria de Administración; Margarita González Saravia, secretaria de Turismo y Cecilia Rodríguez, secretaria de Desarrollo Económico. Esa misma revista fue la que utilizó la diputada Tania Valentina para denunciar en tribuna que en el gobierno estatal no se estaba cumpliendo con el principio de paridad de género.

En los siguientes meses Cuauhtémoc sustituiría a Guillermo López Ruvalcaba con Katya Herrera en la Secretaría de Desarrollo Agropecuario; a Alejandro Villarreal por Monica Boggio en Hacienda, y años más tarde nombró a Dulce Marlene Reynoso Santibáñez como consejera jurídica. A la salida de Margarita González para irse a la Lotería Nacional llegó en su lugar Julieta Goldzweig, y después de que Mirna Zavala se fue de diputada plurinominal, su lugar en la secretaría de Administración fue ocupada por Sandra Anaya.

Como se podrá observar, sí hay mucho qué reconocer en materia de paridad de género, aunque ciertamente no se pueden “echar las campanas al vuelo” mientras haya feminicidios, es decir, mientras sigan matando mujeres.

Sin embargo, aquí quiero recordar lo que dijo el fiscal del estado en su pasada comparecencia ante el Congreso: en la mayoría de los casos los victimarios son personas muy cercanas al círculo de la víctima. Hemos visto mujeres que son asesinadas por sus familiares (caso Margarita Ceceña, Cuautla); por sus amigos (caso Ariadna); por sus padres (la niña que fue encontrada en un plantío de flores, en Temixco) y, principalmente por sus parejas, como parece ser el móvil del último cadáver encontrado en Huitzilac, de nombre Carolina Islas.

Contra eso, lo único que puede ayudar a disminuir los feminicidios es la autoprotección. Que las mujeres se alejen de los novios o concubinos cuyo comportamiento denota que puede terminar en feminicidio; que las jovencitas que salen a divertirse no excedan en las bebidas alcohólicas que ingieren y que no convivan con desconocidos; y en general, que todos los miembros de la sociedad asumamos una actitud vigilante, y que intervengamos o denunciemos cualquier hecho que afecte a una mujer.

El principal requisito para que una mujer tenga la posibilidad de aspirar a un cargo de elección popular o un puesto en la administración pública, es estar viva, pero el Estado no puede garantizarles una seguridad al 100 por ciento, por lo que ellas deben poner de su parte en su vida diaria.

HASTA MAÑANA.