El pasado lunes, los abogados del fiscal Uriel Carmona (preso en el Reclusorio Sur de la Ciudad de México) recibieron una notificación urgente por parte del Poder Judicial capitalino: debían presentarse en la unidad de gestión judicial para una nueva audiencia relacionada con la misma causa penal en la que el juez declaró vinculado a proceso penal al todavía servidor público de Morelos.
Esto causó “mala espina” en el equipo legal encabezado por el abogado Rodrigo Ugalde, pues todavía faltaban algunos días para el 7 de septiembre, fecha en que se revisaría la medida cautelar impuesta por el juez para el delito de “retardo de justicia” contemplado en el título vigésimo, capítulo uno, del Código Penal para el Distrito Federal.
Alrededor de las 15:00 horas inició la audiencia que no fue presidida por el mismo juez que le dictó la vinculación a proceso el pasado 6 de agosto. Conforme el nuevo sistema de justicia penal, fue llevado a la audiencia el imputado Uriel Carmona (quien ya luce con varios kilos menos de peso), y también comparecieron los fiscales de Ernestina Godoy.
Iniciada la audiencia, los fiscales pidieron el uso de la voz sólo para solicitar que, en lugar de los dos meses que concedió el juez para cerrar la investigación, ahora pedían cinco, “con la finalidad de robustecer el caso con medios de prueba que la Fiscalía se está allegando”.
Y como si fueran del mismo equipo, el juez de la Ciudad de México aceptó de inmediato la petición, a pesar de que la defensa particular del todavía fiscal de Morelos trataba infructuosamente de evitarlo.
Al final, a decir del abogado Rodrigo Ugalde, “arbitrariamente el Juzgado decidió otorgar cinco meses más (…) el juez accedió a todas las peticiones de la Fiscalía y en un delito que ni siquiera amerita prisión preventiva, una persona sigue privada de su libertad. Es algo inédito”.
Lo anterior, aunado a la determinación del ministro Arturo Zaldívar de no admitir la controversia constitucional presentada por la LV Legislatura Local de Morelos (aunque todavía les queda el recurso de reclamación), todo parece indicar que —por lo menos—, Uriel Carmona Gándara estará preso hasta el próximo año.
Será hasta entonces que el juez determinará si los hechos encajan en los supuestos contemplados en alguno de los artículos del título denominado HECHOS DE CORRUPCIÓN Y DELITOS EN CONTRA DEL ADECUADO DESARROLLO DE LA JUSTICIA COMETIDOS POR SERVIDORES PÚBLICOS, que a la letra dice:
ARTÍCULO 290. Se impondrán de dos a ocho años de prisión y de cien a cuatrocientos días multa, al servidor público que dicte una sentencia definitiva o cualquier otra resolución de fondo que viole algún precepto terminante de la ley, o que sea contraria a las actuaciones legalmente practicadas en el proceso.
O bien, un artículo que fue incorporado apenas en el 2019 que es el 292 BIS: “Al servidor público que retarde o entorpezca indebidamente la procuración o administración de justicia, se le impondrá pena de prisión de tres a ocho años y de trescientas a mil unidades de medida y actualización, además, será destituido e inhabilitado de tres a diez años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos”.
Apunte personal: ¿se imagina qué pasaría si se aplicará al pie de la letra ese artículo del Código Penal en todo el país? Efectivamente. Nos quedaríamos sin funcionarios de la Fiscalía y del Poder Judicial.
Ahora bien, no hay que perder de vista que los artículos antes mencionados están contemplados en el Código Penal del otrora Distrito Federal, y se entiende que son para sancionar a servidores públicos de la Ciudad de México. Sin embargo, al parecer el criterio de la Fiscalía de Ernestina Godoy y los jueces de Rafael Guerra Álvarez (abogado de AMLO cuando intentaron desaforarlo), es totalmente diferente.
Y no se trata de defender al todavía fiscal, sino de encontrarle los argumentos jurídicos que sustentan su detención.
Desde nuestro punto de vista, a Uriel Carmona le están aplicando un “rosarioroblazo” (que viene de “sabadazo”, como se conoce en el argot abogadil y policiaco a las detenciones que hacen en viernes para que pase todo el fin de semana tras las rejas).
A Rosario Robles Berlanga (ex jefa de Gobierno del Distrito Federal), la mantuvieron privada de su libertad durante tres años.
Fue el 13 de agosto de 2019 cuando Robles Berlanga se presentó, por su propio pie, a declarar en el Reclusorio Sur por las acusaciones de ejercicio indebido del servicio público y haber participado en el esquema para desvío de recursos públicos conocido como la “Estafa Maestra”.
Ese mismo día, el juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna (sobrino de Dolores Padierna) determinó que la exfuncionaria fuera trasladada al penal de Santa Martha para seguir el proceso en su contra desde la cárcel. Rosario Robles estuvo presa durante tres años y fue hasta el 20 de agosto de 2022 que otro juez determinó que podía seguir su caso en libertad, por lo que pudo regresar a vivir a su casa en Coyoacán.
Actualmente, el juez que lleva el caso determinó que se debe analizar su caso como una falta administrativa y no como un delito de carácter penal.
Los delitos por los que se le señalan a Robles no ameritan prisión preventiva oficiosa; sin embargo (al igual que ayer) el agente del Ministerio Público consideró que no acreditaba el arraigo en la ciudad de México y el juez le dio la razón.
La “vox populi” consideró que, en el caso de Rosario Robles, la orden presidencial fue que la metieran unos meses o años en la cárcel en venganza por haberlo traicionado (su relación sentimental con el empresario Carlos Ahumada, el que grabó a René Bejarano, además de que colaboró con el priista Enrique Peña Nieto) sin importar cómo le hicieran.
En el caso del fiscal morelense está ocurriendo algo parecido. El propósito era quitarlo de la Fiscalía desde donde estaba protegiendo abiertamente al ex gobernador Graco Ramírez. La audiencia de ayer en la ciudad de México, así lo confirma.
HASTA MAÑANA.
