Hace seis años en el estado de Morelos parecía que se haría realidad un viejo anhelo de la sociedad: tener un auténtico sistema estatal anticorrupción. Un órgano ciudadanizado que pudiera establecer las políticas públicas para prevenir los actos de corrupción en las instituciones gubernamentales, y sancionar a aquellos servidores públicos que hubieran incurrido en actos deshonestos.
Irónicamente, la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción fue propuesta por uno de los gobernadores más corruptos que ha tenido Morelos, y aprobado por una de las peores legislaturas de la historia: la LIII que controlaba a su gusto Graco Ramírez.
En ella se contemplaba que nueve ciudadanos elegirían a cinco personas como integrantes del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado de Morelos. La Ley anticorrupción del estado de Morelos contempla que los miembros del CPC tuvieran una duración “escalonada” en el cargo para evitar componendas. Así, el 2 de mayo de 2019 tomaron protesta Roberto Coránguez Esquivel duró un año en el cargo; Penélope Picazo, 2; Edgar López Betanzos, 3; Damiana Herrera Mota, 4; y Alejandro Enríquez Hermida, designado por cinco años.
Cabe recordar que los primeros años los miembros del CPC se enfrascaron en conflictos estériles que impidieron cualquier avance. Pasó el tiempo y fueron concluyendo los periodos para los que fueron designados, pero el Congreso no se ocupó de renovar la Comisión de Selección y así se fueron quedando sin miembros del CPC.
Durante meses, la penúltima presidenta del Comité de Participación Ciudadana, Damiana Herrera, le envió infinidad de oficios al Congreso Local advirtiéndoles que se requiere cubrir los espacios que han ido quedando vacíos para garantizar la operatividad del Sistema Estatal Anticorrupción.
En el último de ellos —con sello de recibido del 20 de febrero del 2023— los “sobrevivientes” del CPC le recuerdan a la presidenta de la Comisión de Transparencia, Protección de Datos Personales y Anticorrupción, Paola Cruz Torres, que desde septiembre del año pasado le pidieron a la Junta Política y de Gobierno dar inicio al procedimiento para la elección de los integrantes de la multicitada comisión, “a fin de poder avanzar con la aprobación e implementación de la política anticorrupción en el estado de Morelos”.
Asimismo, le hacen del conocimiento que con el término de la gestión de la actual presidenta del CPC, “se ve seriamente afectado el sistema anticorrupción ya que sólo se quedaría un integrante del Comité de Participación Ciudadana”, y no habría forma de sesionar.
No hubo manera de hacerlos entender, ni siquiera con amparos. El pasado mes de marzo, Alejandro Enríquez Hermida, quien era el único integrante del CPC, renunció anticipadamente a su encargo que oficialmente concluía en mayo pasado.
Así desapareció el ente ciudadano del Sistema Estatal Anticorrupción que era lo que le daba fortaleza a esa institución. Ahora sólo queda el ente burocrático, conformado por la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización, Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, Secretaría de la Contraloría del Poder Ejecutivo Estatal, Tribunal Superior de Justicia de Morelos, Instituto Morelense de Información Pública y Estadística, Tribunal de Justicia Administrativa; además, un representante común de los Contralores Municipales del Estado y el representante del CPC que ya no existe.
A falta de los miembros surgidos de la sociedad, a los funcionarios que integran el Comité Coordinador se les ocurrió una estupenda idea: asumir ellos la titularidad. ¿Amparados en la Constitución? No. ¿En la Ley Estatal Anticorrupción? No. Se están fundando en el artículo 14 del Estatuto Orgánico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción.
Así, el pasado lunes, en la Segunda Sesión Extraordinaria 2024 del Comité Coordinador y Órgano de Gobierno de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de Morelos, el Fiscal Anticorrupción de Morelos, Juan Salazar Núñez, tomó protesta como presidente Temporal del Comité. Antes, estuvo el titular de la ESAF, Blas Cuevas Díaz.
Aquí cabe mencionar que, si bien el presidente en turno no recibe una remuneración extra, sí hay un secretario técnico con varios auxiliares que cobran un sueldo que sale de nuestros impuestos, es decir, que son una carga presupuestal.
¿Y qué hacen?
Pues a decir del nuevo presidente temporal, hay un “arduo trabajo”:
La implementación de la Plataforma Nacional y puesta en marcha de las etapas 1 y 2. La primera, del Sistema de Evolución Patrimonial, declaración de intereses y constancia de presentación de declaración fiscal y la segunda del Sistema de los Servidores Públicos que intervengan en procedimientos de contrataciones públicas.
En tanto, está por concluir la tercera etapa concerniente al Sistema Estatal Servidores Públicos y Particulares Sancionados. Pronto se pondrá en marcha otra etapa referente al Sistema de Denuncias y Faltas Administrativas y Hechos de Corrupción.
Todo eso está muy bien, pero le falta la parte ciudadana que ejercía el CPC que los diputados permitieron que desapareciera. Así, los servidores públicos pueden hacer lo que quieran, mientras se pongan de acuerdo entre ellos.
Ahora bien, ¿Por qué decimos que estos nombramientos temporales son estertores del sistema estatal anticorrupción?
En México, durante los cinco años del sexenio de Morena, el titular del Poder Ejecutivo ha llevado a cabo por lo menos tres estrategias para acumular poder en un solo partido político: 1) desvincular la narrativa anticorrupción con la gestión pública, 2) imponer la militarización —a pesar de la crisis de los derechos humanos—, y 3) buscar eliminar los contrapesos al Poder Ejecutivo, como está pasando actualmente con la designación Suprema Corte de Justicia de la Nación.
La presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo, acaba de ratificar que seguirá al pie de la letra las instrucciones de su guía moral y principal impulsor político, Andrés Manuel López Obrador, para materializar 24 reformas trascendentales que no alcanzó a hacer en su sexenio.
Y entre ellas está la desaparición de órganos autónomos como el Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI), y el Sistema Nacional Anticorrupción.
Evidentemente, con un gobierno estatal morenista por los próximos seis años, es de esperarse que la desaparición de entes como el Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE), y el Sistema Estatal Anticorrupción, sea sólo cuestión de tiempo.
HASTA MAÑANA.
