Nos consta que los tres niveles de gobierno han implementado una serie de filtros para evitar que los servidores públicos no incurran en actos de corrupción, y que cada vez hay más instancias encargadas de vigilar el correcto uso de los recursos, pero lamentablemente, la corrupción es como el agua contaminada que busca penetrar por todos lados, y si no encuentra salida, se comienza a escurrir por los resquicios e incluso se trasmina por los muros.

En ese contexto, las instituciones más vulnerables son los Ayuntamientos. La corrupción es un mal que no respeta colores de partidos ni niveles de gobierno, y que casi nunca es sancionada.

Uno de esos casos en los que sí se aplicó la Ley (al menos hasta ahora) es el ocurrido en el municipio de Mazatepec. Recordemos que la alcaldesa Trinidad Pérez Coria falleció de muerte natural en julio del 2021, por lo que se hizo cargo del Ayuntamiento Sarahí Flores Valle, quien aparecía como su suplente en la planilla que ganó las elecciones en el 2018.

Ella concluyó el trienio y le entregó la estafeta a Jorge Toledo Bustamante, quien ordenó una auditoría y encontró diversas irregularidades, razón por la cual dio vista a la Fiscalía Anticorrupción. Casi tres años después, la institución encargada de sancionar los delitos cometidos por servidores públicos imputó a la exalcaldesa de Mazatepec, a la extesorera, al exoficial mayor y al exdirector de Desarrollo Agropecuario Municipal, los delitos de Ejercicio Ilícito del Servicio Público, Ejercicio Abusivo de Funciones y Peculado.

La Fiscalía Anticorrupción pudo demostrar que, en el mes de octubre del 2021, dejaron que se celebrara indebidamente un contrato con recursos públicos, presuntamente distrayendo 150 mil pesos del Fondo de Aportaciones Estatales para el Desarrollo Económico (FAEDE).

De acuerdo con lo expuesto en audiencia realizada el 15 de agosto del presente año, los funcionarios incumplieron con su responsabilidad de vigilar y ejercer de forma correcta el presupuesto de egresos y afectaron el patrimonio del municipio de Mazatepec. Los exservidores públicos dejaron que se le pagaran 150 mil pesos a la empresa denominada Materiales y Creaciones CVA S. A. de C. V., para la supuesta rehabilitación de un camino de saca denominado “Apantle Hondo-Loma del Gato”, sin embargo, la obra nunca se realizó.

Según la Fiscalía, la transferencia del dinero se realizó desde el usuario bancario de la extesorera municipal, con recursos del FAEDE y ninguno de los exfuncionarios municipales verificó el cumplimiento de la obra de rehabilitación, la cual, no fue realizada.

Hoy sabremos si el Poder Judicial del estado vincula a proceso a los servidores públicos mencionados.

Otro “caso de éxito” de la Fiscalía que encabeza Juan Salazar Núñez, fue el de la Síndica del municipio de Xochitepec, a la que le imputaron los delitos de Ejercicio Abusivo de Funciones y Abuso de Autoridad.

Fue el pasado miércoles 14 de agosto en la Ciudad Judicial a Atlacholoaya, que se celebró la audiencia de imputación derivada de una denuncia presentada por un trabajador municipal. Según esa denuncia, Araceli “N” cometió una conducta delictiva al contratar a su pareja sentimental Ezequiel “N", ya que el artículo 40 fracción IX de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, establece que no puede contratar o tener como proveedor a su cónyuge, parientes consanguíneos en línea recta y parientes colaterales, exceptuando aquellas funciones de carácter honorífico.

Sin embargo, en enero de 2022 autorizó la contratación de su pareja sentimental  de nombre Ezequiel, quien inicialmente laboró como chofer adscrito al área de sindicatura desde el 1 de enero de 2022, y del primero de febrero al 15 de marzo del mismo año, su cargo cambió al de auxiliar administrativo, y a partir de la segunda quincena del mes de marzo del 2022, fue promovido al puesto de Auxiliar Especializado “B”.

Por lo que, derivado de su contratación Ezequiel “N” obtuvo beneficios económicos, ya que como Auxiliar Especializado B, se le paga quincenalmente la cantidad de 7 mil 500 pesos, generando que hasta el día 31 de octubre de 2022, el servidor público se benefició indebidamente de 364 mil 748 pesos con 46 centavos.

Al ser partícipe de estos hechos en los que aceptó un cargo público sabiendo que la Ley lo prohibía y obtuvo un beneficio económico, Ezequiel “N” también fue imputado por Ejercicio Abusivo de Funciones y a solicitud de la Fiscalía Anticorrupción, el Juez suspendió temporalmente del cargo al servidor público.

En tanto, de acuerdo con la denuncia, Araceli  también instruyó al asesor jurídico bajo su mando, a realizar prácticas indebidas para que ella obtuviera beneficios económicos de los acuerdos de Cabildo que se celebraban, diciéndole que buscara la manera de anular su voto en diversos convenios con el propósito de presionar al municipio para obtener beneficios económicos.

Sin embargo, el asesor jurídico se negó a realizar dicha conducta ilícita, por lo que Araceli lo presionó modificando su horario, cambiando sus funciones y obligándolo a que fuera a todos los eventos de inauguraciones de obras del Ayuntamiento, sin que fuera parte de las funciones que desempeñaba la víctima y en un horario diferente al laboral.

Ante los datos de prueba presentados por el agente del Ministerio Público, la Fiscalía Anticorrupción solicitó la separación del cargo de Araceli "N", pero el Juez aludió a su origen indígena y género femenino, por lo que, como medida cautelar, únicamente se le prohibió acercarse a la víctima y a los testigos. Además, se dieron 144 horas para la audiencia de vinculación a proceso cuyo resultado se dará a conocer en las próximas horas.

Y si decimos que todavía no podemos considerar que se haya hecho justicia, es porque a veces todo el trabajo de la FECC se viene abajo por resoluciones del Poder Judicial. A continuación, un ejemplo:

El 9 de diciembre del 2020 publicamos en La Unión de Morelos una columna con el título “Regidor de Temixco hace de su oficina un ‘aeropuerto‘”.  En dicho trabajo, exhibimos que el regidor del Ayuntamiento de Temixco, Salvador Solano Díaz, tenía contratados como empleados de su oficina a la madre de su hijo, a la novia de éste y a tres personas más que aparentemente eran “aviadores” pues aparecían en nómina, pero nunca se encontraban en sus lugares de trabajo.

Pues bien, el pasado 12 de junio en un veredicto unánime, un tribunal de juicio oral absolvió al exregidor, Salvador Solano Díaz y cuatro mujeres. La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción las acusó de no asistir a trabajar y, aun así, cobrar su sueldo de 5 mil, las dos primeras, 3 mil y 4 mil 500, respectivamente. Sin embargo, el tribunal determinó que las pruebas presentadas por la Fiscalía Anticorrupción fueron “insuficientes y contradictorias”.

¿Entonces quién miente o quién hizo mal su trabajo?

HASTA MAÑANA.