Hay en la atmósfera de la política morelense dos asuntos igual de escabrosos: la acusación contra un servidor público (diputado federal) de haber cometido un delito de índole sexual; y por otro lado la imputación a una legisladora local de incurrir en ilícitos relacionados con la delincuencia organizada. Ayer la gobernadora Margarita González Saravia dio la línea a seguir: que se aplique la ley sin importar quienes sean los involucrados.  Eso es lo que deben hacer las instancias investigadoras, en este caso la Fiscalía General del Estado y la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.

“Nadie debe tener impunidad (…) si hay elementos que la Fiscalía investigue y sea la que resuelva”, dijo la mandataria estatal ayer a este columnista después de la conferencia de prensa de los lunes, ahora en el municipio de Tepoztlán.

Pero también hizo una seria advertencia: las investigaciones deben ser en el marco de sus facultades y dirigidas a la determinación de los hechos para posteriormente judicializar el expediente, pero no darles un uso mediático.

“Si hay una acusación y hay elementos que se tengan que investigar pues que se investigue (pero) la Fiscalía en lugar de investigar lo usa mediáticamente. Si lo quiere hacer que lo haga en serio, porque es una acusación muy grave, es una acusación muy seria”, acotó.

Y es que resulta que, inmediatamente después de que la presidenta Claudia Sheinbaum vuelve a recordar el caso del fiscal de Morelos en su conferencia matutina, y que la gobernadora insiste en que “el fiscal está desgastado por lo que debería irse”, sale a la luz pública la carátula de una carpeta de investigación con los apellidos testados y un número que parece ser el expediente: SC01/9583/2024; por violación en grado de Tentativa.

Efectivamente, como dice Margarita González Saravia, se le ha dado un uso mediático a dicho documento, pero el fiscal no ha salido a dar declaración alguna que confirme o niegue tal imputación, de ahí la exigencia de la gobernadora: si hay elementos, que los pruebe y realice la consignación correspondiente a las autoridades competentes, en este caso un juez del fuero común.

Ahora bien, del otro lado tenemos el caso de la diputada Tania Valentina, de quien ahora se sabe, ya existe una solicitud de la FECC para que se inicie el juicio de procedencia para quitarle el fuero y juzgarla como una ciudadana común y corriente.

La diferencia con el caso de los hermanos Bravo es que ella sí ha iniciado un contrataque de tipo mediático. Ayer convocó a rueda de prensa en la que se dijo víctima de una persecución política.

"He recibido amenazas directas hacia mi persona y mi integridad. Esta violencia no es aislada; es parte de un intento sistemático para silenciarme y frenar mi labor," declaró la diputada.

En su pronunciamiento, Tania Valentina hizo un llamado a las autoridades competentes y a las organizaciones de derechos humanos para que intervengan ante estos actos de violencia política. “He presentado denuncias con fundamento y las sostengo con pruebas claras y no me detendrán las amenazas ni las acciones intimidatorias.”

Y concluyó diciendo, “No me van a callar. Continuaré tomando cartas en el asunto y exigiendo justicia para todas las víctimas de impunidad,” asegurando, de esa manera, que no cederá ante presiones.

Por último, la legisladora exhortó a los medios de comunicación a mantenerse vigilantes ante estos hechos y a la ciudadanía a unirse en la exigencia de justicia. “Ningún funcionario está por encima de la ley. Seguiré defendiendo la transparencia, la justicia y la integridad de las instituciones públicas,” concluyó.

Según ella, el delito por el que la acusan es que encontraron armas y drogas en una camioneta que le perteneció, que vendió a una persona y ésta a su vez a una tercera, pero nadie tuvo la precaución de hacerle el cambio de propietario, hechos ocurridos en el 2023 y que la autoridad ya había resuelto sobre su inocencia.

Casualmente, ahora que ella aparece como “el fiel de la balanza” para que el partido Morena y sus aliados puedan alcanzar los 14 votos requeridos para hacer reformas a la Constitución, viene una acusación que la pone “contra las cuerdas” metafóricamente hablando.

Y es que ella y la gobernadora habían intercambiado “indirectas” y de “lenguaje no verbal”. Primero, en una reunión con integrantes de la Asociación de Abogadas del Estado de Morelos en el Club de Golf, Margarita sentenció que “ella no pagará por votos” (hay video) haciendo referencia a los miembros del Congreso Local.

El día que Margarita tomó protesta como gobernadora en el recinto de Amatitlán, la eterna diputada del PT no se acercó a la gobernadora para la fotografía del recuerdo. Aparece hasta atrás, en su curul, mientras que las y los morenistas se arremolinaban en torno a la nueva mandataria. La forma es fondo, dicen por ahí.

Tania Valentina es una mujer con muchos “pantalones” y muy pocos escrúpulos. Lo ha demostrado a lo largo de su vida y en sus relaciones interpersonales. Es “dura” políticamente hablando y tiene amigos peligrosos.

Es un secreto a voces que en Morelos jubilarse puede costar desde 30 mil hasta 150 mil pesos, dependiendo el cargo. Aún con amparo, si no hay un pago en efectivo no sale el decreto. Obviamente no es comprobable porque no dan recibo y la diputada siempre lo podrá negar.

Existe una anécdota: un policía falleció en cumplimiento de su deber, por lo que la viuda acudió a tramitar su pensión por viudez al Congreso Local. Regresó muy triste con el segundo del almirante Guarneros, el famoso Mario Santomé. “Me piden 30 mil pesos”, le dijo. Encolerizado, el también capitán de la Secretaría de Marina fue personalmente a las oficinas de la presidenta de la Comisión del Trabajo y Previsión Social del Congreso, y le exigió a la diputada que hiciera el trámite a la señora sin cobrarle un solo peso, o la acusaría penalmente. Hoy la viuda cobra su pensión puntualmente.

Eso y la venta de candidaturas de su partido, magistraturas, y lo que se pudiera vender, es del dominio público. Pero Tania, quien alguna vez soñó con ser gobernadora si AMLO le concedía al PT el derecho a decidir en Morelos, ha sufrido una especie de transformación que la ha hecho cínica y valemadrista, además de materialista.

Veremos en qué termina este episodio, en el que hay dos personajes de la 4T con fuero constitucional acusados de delitos del fuero común. Deben aplicar la ley con el mismo rasero, pues no podrían declarar culpable a uno y exonerar al otro.

HASTA MAÑANA.