Hay nerviosismo entre los alcaldes y alcaldesas de Morelos por las repercusiones que pudiera generar el llamado “Operativo Enjambre” que la Secretaría de Seguridad Pública Federal llevó a cabo en el vecino estado de México, y que tuvo como consecuencia la detención -hasta ahora- de 14 servidores públicos de esa entidad. De hecho, algunos ya no están acudiendo a sus oficinas porque saben que los detenidos en Edomex pueden dar la lista completa de sus homólogos de la región que están coludidos con grupos de la Delincuencia Organizada.
Como ya es del dominio público, entre los detenidos los hay de todos los partidos e incluyen a un secretario de seguridad de Ixtapaluca y otro jefe policial del ese municipio gobernado por Morena, así como su homólogo de Amanalco, que también es de Morena, incluyendo a la propia presidenta municipal de Amanalco, del mismo partido,
Se detuvo al subdirector de Seguridad Ciudadana de Naucalpan, del PAN y al director del DIF de Tonatico, esposo de la presidenta de ese municipio, también panistas.
Entre los detenidos está un priista, el director de seguridad de Tejupilco, y faltan por detener funcionarios de Santo Tomás, que gobierna el PRD, de Chicoloapan, de Morena, Coacalco y Jilotzingo, ambos del PRI. Isidro Cortes Jiménez, jefe de la Dirección de Seguridad Pública de Texcaltitlán, municipio perredista, prefirió dispararse a la cabeza cuando le notificaron que tenía una orden de aprehensión.
No es la primera vez que ocurre un operativo de esta magnitud. Durante el sexenio de Felipe Calderón se dio algo parecido, lo que pasó a la historia como “El michoacanazo”. Cuando ocurrió el michoacanazo las pruebas existentes contra la mayoría de los involucrados eran abrumadoras: grabaciones telefónicas, testimonios de testigos protegidos, cuentas bancarias. Inexplicablemente, el caso se fue desvaneciendo: primero, los acusados fueron trasladados desde las cárceles de máxima seguridad a la de Morelia donde tenían un régimen prácticamente de spa, y de allí fueron enviados uno por uno a sus casas.
En paralelo con ello, el medio hermano del gobernador, Julio César Godoy, que hasta entonces estaba prófugo, se presentó, con un año de retraso, a tomar posesión de su curul en la cámara de diputados y obviamente de su fuero constitucional.
Julio César Godoy consiguió un amparo, de los mismos tribunales que habían dejado en libertad a los otros implicados en el michoacanazo, y fue ingresado a San Lázaro en la cajuela del carro de un diputado perredista, fue escondido en las oficinas del líder del PRD en la cámara Baja, Alejandro Encinas y dos días después, rindió protesta, en uno de los hechos más bochornosos de la historia legislativa del país, como diputado federal. Godoy Toscano se incorporó inmediatamente a la comisión de seguridad de la cámara para analizar, dijo, “los excesos de las fuerzas de seguridad”.
Se solicitó su desafuero y en ese proceso fueron filtradas grabaciones que el juez había desestimado, otorgándole un amparo y el fuero. Eran conversaciones con Servando Gómez, la Tuta, jefe de la Familia Michoacana, donde con lujo de detalles se le explicaba al entonces candidato los apoyos que tendría y también los compromisos que debería asumir.
Julio César Godoy fue desaforado, pero tuvo todo el tiempo del mundo para darse a la fuga y hasta el día de hoy continúa prófugo de la justicia. Nadie, ninguno de los involucrados por haberlo convertido en candidato y en diputado, de haber permitido esa burla al congreso y a la ciudadanía, sufrió alguna consecuencia. El juez que ordenó todas las liberaciones del michoacanazo, Efraín Cazarez López, terminó siendo destituido de su cargo por el Consejo de la Judicatura.
Recordemos que en Morelos también tuvimos nuestro propio “Morelazo”, cuando personal de la Subprocuraduría de Investigaciones Especializadas en Delincuencia Organizada (SIEDO), vinieron a Morelos a llevarse al entonces secretario de Seguridad Pública, Luis Ángel Cabeza de Vaca, y al jefe de la Policía Municipal de Cuernavaca, Francisco Sánchez, acusados de proteger al cartel de Arturo Beltrán Leyva. Ambos están libres pues sus acusadores cambiaron sus testimonios y argumentaron haber sido torturados. Lo de siempre pues.
Hoy, es del dominio público de que varios de los presidentes municipales tienen tratos con grupos de la delincuencia organizada, que han recibido fuertes cantidades de dinero para permitirles operar a sus anchas en la extorsión y el robo de vehículos, así como en “ajustes de cuentas” a grupos contrarios. Y no sólo alcaldes o alcaldesas, también síndicos y regidores, jefes de policía municipales y de tránsito.
Todos ellos viven en la zozobra de que algún día de estos llegue un operativo similar al que ocurrió en el estado de México, y les notifique que están detenidos y se los lleve, sin darles tiempo siquiera de despedirse de su familia. Obviamente toda esta información se está manejando con toda la secrecía en los más altos niveles de seguridad nacional.
Como quien dice, están aplicando el sabio refrán mexicano: “Cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar”. Literal.
Ayer, en la conferencia de prensa que encabezó el secretario de Gobierno, Juan Salgado Brito, en representación de la gobernadora, el secretario de Seguridad Pública dijo una frase muy reveladora: “La operación Enjambre en el estado de México no nos es nada extraña”. Al buen entendedor, pocas palabras.
Sin embargo, aquí hay que dejar en claro que no solamente son los que ya se van, sino también los que están por asumir el cargo a partir del primero de enero. En algunos casos se trata de candidatos que recibieron dinero de grupos del crimen organizado con la condición de que les dejen operar sistemas de agua potable, obras públicas y hasta tesorerías.
Hay de todos los partidos políticos, hasta de Morena y sus aliados. Por si las dudas, que se vayan preparando los que quedaron en las planillas como presidente municipal suplente, si es que lo hay.
CONGRESO INTERNACIONAL DE DERECHO FAMILIAR. – Teniendo como sede la Universidad Interamericana que encabeza José Alberto Pérez Apaez y Jorge Mario García Ávila, ayer dio inicio el Congreso Internacional de Derecho Familiar en su XXI edición bajo el lema: “La familia es para siempre”, con la participación de destacados juristas de diversos países.
Encabezó la ceremonia el Dr. Julián Güitrón Fuentevilla, presidente del Centro Internacional de Estudios en Derecho Familiar y Civil, autor del primer Código Familiar que se promulgó en Hidalgo en 1983 y que hasta la fecha sigue vigente, y presidente del Comité Científico Internacional para la Organización de los Congresos de Derecho Familiar; así como el alcalde de Cuernavaca, José Luis Urióstegui Salgado.
HASTA MAÑANA.
