“Vine a conocer el palacio de Justicia que construimos, quedó muy bien”, contestó con una sonrisa burlona el exgobernador Graco Ramírez cuando le preguntaron sobre el motivo de su presencia en una de las salas de audiencia del Centro de Justicia Penal de Atlacholoaya, Y tenía razón: llegó y se fue, no como un imputado por un delito, sino como un distinguido visitante al que todo mundo le rindió pleitesía.
Graco Luis Ramírez Garrido Abreu llegó puntual a la audiencia programada para las nueve de la mañana de este martes 7 de enero del 2024, en donde la Fiscalía Anticorrupción le formularía imputación a él y a su secretario de Hacienda, Jorge Michel Luna, por el delito de Ejercicio Abusivo de Funciones, pero no como lo hace cualquier ciudadano que es requerido por la justicia.
El exgobernador pudo introducir su camioneta hasta el estacionamiento privado del Poder Judicial al que sólo tienen acceso los jueces y magistrados. Su nombre no estaba en la lista de audiencias, sin embargo, no contaban con que un reportero (Carlos Quintero) se enteraría y lo publicaría en Facebook, por lo que algunos medios se apresuraron a llegar.
Al parecer todo estaba preparado para que hubiera un sobreseimiento del caso, y que en cuestión de minutos se resolviera de una vez por todas un asunto que se ha convertido “una piedrita en el zapato” del exmandatario. Alguien le recomendó que compareciera para evitar que ocurrieran incidentes como aquel que lo obligó a suspender la presentación de su libro en el Museo de la Ciudad al notar la presencia de elementos policiacos de la Fiscalía Anticorrupción.
Por eso es que acudió -después de varios intentos- en esta ocasión suponiendo que todo estaría “planchado” para terminar con el único delito que le han podido imputar, y que se trata de una camioneta que ya hasta terminó de pagar.
Al iniciar la audiencia, su abogado Juan Carlos Luna Avilés, solicitó al juez que se sobreseyera el asunto tomando en cuenta el antecedente de la exdirectora del Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Estado de Morelos (ICTSEM), Paula Trade Hidalgo, quien fue exonerada por un tribunal de alzada del Tribunal Superior de Justicia, e incluso actualmente se encuentra desempeñando el cargo de síndica del Ayuntamiento de Cuernavaca.
El fiscal Anticorrupción, Zeus Gutiérrez, se opuso al considerar que no era el momento procesal oportuno, toda vez que ni siquiera se había declarado abierta la audiencia de imputación.
El juez -uno de los más jóvenes del TSJ-, declaró un receso de 10 minutos para “revisar el caso con exhaustividad”, aunque todo mundo en la sala de audiencias sabía que ese tiempo lo ocuparía en “pedir línea” para resolver.
Al regresar del receso, surgió algo inesperado: de la presentación de nuevos elementos de prueba por parte de la defensa del exgobernador de Morelos y del exsecretario de Hacienda, la Fiscalía Anticorrupción optó por retirar la solicitud de audiencia para valorar la información presentada. “No ha retirado los cargos y no se ha desistido de la acción penal contra los exfuncionarios”, aclararía más tarde en un escueto boletín en el que omitió la identidad de los imputados.
Así, sin que exista la plena seguridad de que volverá a ser citado, Graco Ramírez abandonó las instalaciones del Centro de Justicia Penal como si se tratara de una visita de supervisión a las obras que él mismo autorizó antes de abandonar el cargo.
Caminó rodeado de sus excolaboradores, sonriente, complacido con el hecho de que en seis años no le han podido hacer nada, y que la red de protección que dejó en los tres poderes del estado le ha servido para obtener impunidad.
A la fecha, nos seguimos preguntando por qué Graco Ramírez quiso comprar una camioneta con un préstamo del Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Estado, a sabiendas de que él no era trabajador, sino patrón.
Y es que, en septiembre de 2018, unas semanas antes de concluir su mandato, Graco Ramírez fue notificado por el entonces secretario de Hacienda, Jorge Michel Luna sobre un crédito de 600 mil pesos que podía utilizar para adquirir un vehículo. Lo anterior, de acuerdo con el decreto emitido por el Consejo Consultivo del Instituto, de fecha 3 de julio de 2013, en materia de austeridad y proporcionalidad, para adquirir un vehículo propio para el desarrollo de las actividades oficiales.
El lineamiento funda que ese beneficio era exclusivo para los servidores públicos de los niveles 103, 104, 105 y 106, es decir secretarios, directores generales, coordinadores entre otros mandos superiores.
La Fiscalía Anticorrupción imputó a Paula Trade haber otorgado el crédito a Graco Ramírez cuando su nivel era 101, y en los lineamientos no figuraba como posible beneficiario, por tal motivo se trató de un crédito indebido. Para la Fiscalía, Trade Hidalgo incurrió en el delito de ejercicio abusivo de funciones. De acuerdo con el Código Penal del Estado de Morelos, el artículo 276, fracción I dice:
“Comete el delito de ejercicio abusivo de funciones, el servidor público que:”
“I. En el desempeño de su empleo, cargo o comisión, indebidamente otorgue por sí o por interpósita persona, contratos, concesiones, permisos, licencias, franquicias, exenciones, adjudicaciones o autorizaciones de contenido económico sin causa justificada, efectué compras o ventas o realice cualquier acto jurídico que produzca beneficios económicos al propio servidor público (…)”.
Al analizar los argumentos de las partes en conflicto, entre ellos de los abogados defensores Angélica Dánae Velázquez Luna y Juan Manuel Vida Medina, el Juez Joel Alejandro Linares Villalba consideró que el hecho atribuido a Paula Trade no se ajustaba a la norma.
Para Linares Villalba, la persona responsable no fue quien otorgó el crédito sino el exsecretario de Hacienda, Jorge Michel porque él notificó a Graco Ramírez del beneficio al cual tenía supuestamente acceso.
Por ese motivo, el 16 de febrero del 2024, el Juez mencionado dictó auto de no vinculación a proceso con efectos de sobreseimiento a favor de Paula Trade Hidalgo, dentro de la Causa Penal JC/292/2021.
Contra esa resolución, la directora del ICTSEM, Fabiola del Sol Urióstegui, interpuso el recurso de apelación que recayó en la primera Sala del Tribunal Superior de Justicia dentro del Toca Penal Oral 75/2024-5-OP.
Con fecha 16 de mayo del 2024, la magistrada Elda Flores León, y los magistrados Francisco Hurtado Delgado y Jaime Castera Moreno, confirmaron la sentencia.
La directora del mencionado Instituto interpuso el recurso de amparo directo, recayendo el expediente en el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Octavo Circuito, siendo admitido el 27 de junio, pero antes de que se resolviera, el 8 de noviembre de 2024 “se tuvo a la parte quejosa presentando un escrito de siete de noviembre del mismo año por el que manifestó su voluntad para desistirse del juicio de amparo”, dice el expediente 216/2024.
De esta manera, Paula Trade Hidalgo quedó totalmente exonerada, y la defensa de Graco pretendía que, bajo estos mismos argumentos, se declarara también el sobreseimiento de la acusación contra él y su secretario de Hacienda.
HASTA MAÑANA.
