La iniciativa y el dictamen aprobatorio (cuyas copias tenemos en nuestras manos) tenían como finalidad permitir que todos los magistrados del Tribunal Superior de Justicia que quisieran, pudieran acogerse a una pensión jubilatoria que les garantizaría su estabilidad económica por el resto de sus días, ello a pesar de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya dejó en claro que los magistrados no tienen derecho a una jubilación, sino a un haber por retiro.

¿Qué ganaban con esto los diputados? Independientemente de algún incentivo económico como los que acostumbran pedir por cada acción que realizan, los diputados tendrían espacios para colocar a sus incondicionales.

A última hora, y luego de que algunos abogados les advirtieron a los legisladores que podrían incurrir en responsabilidad legal, la iniciativa no fue incluida en el orden del día pero eso no significa que no pudiera ser aprobada en uno de esos “encerrones” que acostumbran hacer los diputados durante la madrugada como si fueran delincuentes.

La iniciativa, que aparentemente fue elaborada por el diputado Jorge Arizmendi García, establece en su “ratio legis” que “el Congreso del Estado de Morelos, como una legítima representación democrática y plural de la sociedad morelense y garante del derecho, a través de la Junta Política y de Gobierno realizó el análisis de la necesidad que tienen los magistrados numerarios del Tribunal Superior de Justicia de dedicarse exclusivamente a la solución de los conflictos que se someten a su jurisdicción, sin que les medie la preocupación de culminar su periodo para el que hubiesen sido designados, en carencia de los elementos primarios para su subsistencia y la de sus familias”.

Agrega que, tratándose de magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, la jurisprudencia emitida por el Poder Judicial Federal ha establecido que no tienen la calidad de trabajadores porque su única subordinación es la ley. Sin embargo, atendiendo a la circunstancia histórica por la cual el constituyente permanente local ha reformado las disposiciones constitucionales a fin de darle coherencia al marco normativo estadual en la materia, considera que por una circunstancia en particular, al cumplirse determinados requisitos, los magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos pueden optar por una pensión o haber por retiro voluntario o por retiro forzoso, como reconocimiento a sus servicios prestados a los Poderes del Estado y en particular a la administración de justicia del estado de Morelos, siempre y cuando se cumplan los requisitos que el mismo decreto establece. Dicha figura jurídica ya fue materia de análisis por el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la controversia constitucional número 88/2008, en la que consideró constitucional la pensión o haber de retiro otorgado a los entonces magistrados Leticia Robles Santoyo, Jesús Guadalupe Dávila Hernández, Ramón García Jácome, Juan Manuel Díaz Popoca y Samuel Sotelo Salgado, mediante decretos número 994, 997, 998, 999 y 1000, publicados en el periódico oficial “Tierra y libertad” de fecha 12 de noviembre de 2008, conforme a la reforma constitucional que modificó el estatus jurídico que tenían en la magistratura que desempeñaban.

“De conformidad con el punto anterior, esta soberanía considera que en concordancia con el marco jurídico vigente, los magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado, que tras haber cumplido por lo menos con veinte años en el servicio público de la administración de justicia, que deseen solicitar su pensión por retiro voluntario, o por haber cumplido con el periodo máximo de catorce años en el ejercicio de la magistratura, solicitarán en este último caso su haber de retiro forzoso, constituyen circunstancias suficientes para la procedencia del pago de la pensión como haber de retiro voluntario o forzoso según sea el caso”, apunta el documento.

Enseguida, establece el decreto que los magistrados numerarios del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos podrán optar por la pensión o haber de retiro voluntario o forzoso, siempre y cuando cumplan cualquiera de las hipótesis siguientes:

I. Haber acumulado catorce años de servicio efectivo en el ejercicio del cargo de magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos; o

II. Siendo magistrado activo del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, si hubiese desempeñado anteriormente otros empleos, cargos o comisiones en los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial del estado de Morelos, acumulando por lo menos diez años de servicio efectivo en la función pública.

Según lo anterior, prácticamente cualquiera de los 12 magistrados puede jubilarse y así no esperarse a saber si lo van a ratificar o no cuando termine su periodo.

Uno de los beneficiados con este decreto hubiera sido el ex presidente del Tribunal Superior de Justicia, Ricardo Rosas Pérez, pues en el artículo nueve del dictamen de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social se señala:

“La pensión o haber de retiro forzoso se le deberá cubrir (a Ricardo Rosas Pérez) al cien por ciento de las últimas percepciones o emolumentos y a partir del primero de julio de dos mil diez, fecha en la que se separó de sus labores como Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, con cargo al presupuesto del Poder Judicial del estado de Morelos, mismo que hará el pago de forma mensual del presupuestal destinado a pensiones y jubilaciones”.

Y el artículo diez agrega: “El monto de la pensión o haber de retiro forzoso se calculará tomando como base las últimas percepciones o emolumentos percibidos por el ciudadano Ricardo Rosa Pérez, integrándose a las mismas las prestaciones, precepciones, asignaciones, estímulos, aguinaldo y prima vacacional que percibe un Magistrado en activo y que a partir de su otorgamiento, se incrementará exclusivamente en el porcentaje en que lo haga el salario mínimo vigente en la Entidad”.

El dictamen fue emitido por los diputados Israel Andrade Zavala, Hortencia Figueroa Peralta, Andrés González García y Guadalupe Jiménez Tovar.

SISTEMÁTICAMENTE, LA SPYAC VIOLA EL CÓDIGO PROCESAL PENAL

Es entendible que un general del Ejército no conozca las leyes específicas del lugar donde está trabajando, pero también es incomprensible que sus asesores jurídicos no se lo hagan saber. Es el caso de la Secretaría de Protección y Auxilio Ciudadano, actualmente a cargo del general en retiro Mario Ayón Rodríguez.

Resulta que nadie le ha dicho a este servidor público proveniente del estado de Puebla que desde el año 2008 en Morelos se aplica un sistema nuevo de justicia penal que se conoce como acusatorio adversarial, y que en términos coloquiales significa, entre otras cosas, que toda persona es inocente hasta que se le demuestre lo contrario.

El código de procedimientos penales establece como obligaciones para todas las corporaciones policiacas el hacerles saber a los detenidos los derechos que la ley les concede, y entre ellos está LA NO DIFUSIÓN DE SUS DATOS PERSONALES, MUCHO MENOS SU FOTOGRAFÍA.

Pero en aras de hacer notar las acciones que realiza la corporación, la SPyAC distribuye de manera sistemática a todos los medios de comunicación tarjetas informativas y fotografías de cuanta persona se detiene.

Aquí hay que hacer notar que como ciudadanos estamos de acuerdo en que los rateros sean mostrados al público en general para que otras posibles víctimas los reconozcan y los denuncien, pero como conocedores del derecho sabemos que las leyes se hacen para cumplirse y son de aplicación general.

En teoría, cualquiera de esas personas que son exhibidas por la corporación puede emprender una acción legal en contra de los que resulten responsables por daños y perjuicios. Es injusto, pero es legal.

En la Secretaría de Seguridad Pública estatal las fotografías de los detenidos vienen solamente del cuello hacia abajo. Es absurdo, pero volvemos a lo mismo: es lo que marca la ley.

Si alguien de los que trabajan con el general Ayón tiene la curiosidad de irse a parar a una audiencia oral, se percatará de que al detenido le preguntan si es su deseo que sus datos personales e imagen sean difundidos en medios de comunicación (por supuesto que la respuesta siempre es en sentido negativo) y cuando hay reporteros presentes se les advierte que el difundir imágenes, nombre y dirección del imputado es causal de responsabilidad civil y penal.

Pero de qué sirve que esto se haga en la sala de juicio oral, si ya antes la corporación policiaca les tomó fotografías y las envió a todos los medios de comunicación.

Recordemos como ejemplo de este tema el caso del adolescente conocido como el “Niño Sicario” o el “Ponchis”. Resultaba de risa ver el operativo que implementaban para meterlo y sacarlo del Tribunal de Justicia para Adolescentes, con la cabeza cubierta con una chamarra para que los fotógrafos y camarógrafos no captaran su rostro y se cumpliera con la ley del ramo que protege la identidad de todos los menores de 18 años.

Y todo esto resultaba absurdo porque en el momento de su detención el Ejército Mexicano lo presentó a los medios de comunicación para que lo entrevistaran, algunos de los cuales ni siquiera le deformaron el rostro al mostrarlo en televisión.

En ese tiempo asentamos en este mismo espacio que, desgraciadamente, el sistema acusatorio adversarial no es de aplicación general, pues excluye a los militares. Imagínese qué aberración.

EL FALLIDO “MICHOACANAZO” EN MORELOS

A mediados del año que está por terminar se llevó a cabo una reunión en las oficinas centrales de la Procuraduría General de la República a la que asistieron, entre otras personalidades, la procuradora Marisela Morales, el hoy fallecido Francisco Blake y la titular de la Subprocuraduría de Investigaciones Especializadas en Delincuencia Organizada, Patricia Bugarín.

La intención era analizar los expedientes penales de capos como Arturo Beltrán Leyva, Edgar Valdez “La Barbie” y Sergio Villarreal “El Grande”, en busca de indicios que permitieran orquestar un operativo similar al llamado “Michoacanazo”, pero en el estado de Morelos.

Del análisis previo que habían realizado los funcionarios de la SIEDO se desprendía que sí había elementos suficientes para iniciar averiguaciones previas que pudieran derivar en órdenes de aprehensión en contra de ex alcaldes o ex jefes policiacos que presuntamente protegieron células de la delincuencia organizada en el periodo 2006-2009.

Los ex alcaldes provenían de los Partidos Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática. Era un plan perfecto para influir en las elecciones del 2012 exhibiendo a los gobiernos de oposición como protectores de los grupos que tanto ha combatido el presidente Felipe Calderón.

Pero hubo un detalle que dio al traste con el plan: uno de los alcaldes había llegado al Ayuntamiento por el Partido de la Revolución Democrática, pero durante el trienio se cambió de partido, y ahora se desempeñaba como funcionario del gobierno estatal panista.

Ahí fue donde “la puerca torció el rabo”. El gobierno no aguantaría un golpe más como el que recibió en el 2009 con la detención del secretario de Seguridad Pública, Luis Ángel Cabeza de Vaca, y su homólogo del Ayuntamiento de Cuernavaca, Francisco Sánchez González.

Por si eso fuera poco, de las declaraciones del “Grande” y la “Barbie” se desprendía que su dinero sucio había invadido prácticamente a todos los sectores sociales de la entidad, hasta a la iglesia católica. Incluso, bajo el disfraz de “aportaciones desinteresadas de empresarios”, varios candidatos a cargos de elección popular por el PAN habían recibido dinero de dudosa procedencia.

Así las cosas, los funcionarios de la PGR (dependencia que está al servicio del PAN, y eso no deben perderlo de vista Manuel Martínez Garrigos y compañía) decidieron guardar los expedientes y dejar a los ex alcaldes (algunos hoy con cargo de diputados) en paz. Al menos por el momento.

A PROPÓSITO DE EXPEDIENTES

Arturo Beltrán Leyva, el principal de los hermanos que integraban el poderoso clan familiar de narcotraficantes mexicanos, dio la orden: “Alisten diez millones de dólares en portafolios y tengan preparados a 150 de nuestros hombres, porque vamos a rescatar a el ‘Mochomo’”.

Era la mañana del 21 de enero del 2008. Unas horas antes, durante la madrugada, Alfredo Beltrán, el “Mochomo”, había sido arrestado por elementos de las fuerzas de elite del Ejército, en un operativo del que se excluyó a la Procuraduría General de la República (PGR).

Los miembros de ese cártel estaban sorprendidos con la noticia. Arturo Beltrán pagaba desde hacía tres años 150 mil dólares mensuales a funcionarios de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) para que lo mantuvieran informado sobre las redadas policiacas en las que se buscara detener a alguno de sus hermanos.

Sin un disparo de por medio, el “Mochomo” fue capturado en una casa de seguridad cuya dirección sólo era conocida por sus hombres de confianza.

Arturo estaba furioso y ordenó a dos de sus principales operadores, uno de ellos apodado el “Grande”, que de inmediato fueran a pedir una explicación a Miguel Ángel Colorado, coordinador de investigaciones de la SIEDO, y al capitán Fernando Rivera, director adjunto de inteligencia de la misma Subprocuraduría.

Un ex operador de Arturo Beltrán que se convirtió en testigo colaborador de la PGR narró el  28 de julio de 2008 en la SIEDO que la intención de su jefe era corromper a autoridades para que permitieran que un comando armado pudiera rescatar al “Mochomo”.

De su lado, el capitán Fernando Rivera admitió en su declaración ministerial, el cuatro de agosto de ese mismo año, que “me enteré por los subcomandantes de AFI Roberto García y Milton Cilia de que el ‘Grande’ estaba planeando el rescate del ‘Mochomo’”.

El plan inicial era que “un grupo de 150 sicarios fuertemente armados” penetrara en las instalaciones de la SIEDO y rescatara a Alfredo.

Durante la tarde del 21 de enero el panorama cambió. El “Grande” se había reunido en el centro comercial Perisur, de la Ciudad de México, con Roberto García y Milton Cilia. Estos jefes policiacos convencieron al sujeto de que Arturo Beltrán debía desistir de su intención de enfrentarse con el Ejército.

Según García y Pérez, ese plan sería un fracaso, pues un batallón de elementos del Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales (Gafes) de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) custodiaba al detenido.

Roberto y Milton vendieron la idea de que lo mejor era esperar a las once de la noche de ese mismo día. En ese momento los militares abandonarían el edificio de la Subprocuraduría y sólo quedarían en el inmueble 11 elementos de la Agencia Federal de Investigación (AFI).

“La gente del capitán Fernando Rivera nos dijo que con la entrega de un millón de pesos a cada uno de estos once afis, así como de tres millones de dólares para el capitán y su gente, nosotros podríamos neutralizar al conjunto de guardia”, reveló el testigo colaborador.

Según este testimonio, los funcionarios garantizaron que, una vez que el comando armado acudiera, “estarían en posibilidad de llegar con una camioneta blindada que rompiera la reja de acceso vehicular, en la parte de atrás de la SIEDO, sin que hubiera bajas”.

El trato fue aceptado. La reunión en Perisur terminó. El siguiente paso era mandar el dinero acordado.

Los narcotraficantes se llevaron un croquis que los jefes de la AFI les hicieron a mano sobre las instalaciones de la SIEDO, en el que especificaron cómo llegar a la celda en la que estaba recluido preventivamente el “Mochomo”. Sin embargo, por alguna razón que aún se desconoce y es investigada actualmente en la SIEDO, el intento de rescate no se efectuó.

El 22 de enero Alfredo Beltrán Leyva fue trasladado al penal de máxima seguridad de Puente Grande, en Jalisco. Las pesquisas de este caso, asentadas en la averiguación previa SIEDO/UETMIO/6668/2008, revelan que el “Mochomo” fue detenido gracias a labores de inteligencia de la Sedena.

El día en que Alfredo fue capturado traía en un bolsillo de su pantalón un informe oficial de notificación de la Sedena dirigido a Miguel Ángel Colorado, de la SIEDO.

En el documento se hacía de su conocimiento que militares del grupo Gafes realizaban una investigación en varias casas ubicadas en la norteña ciudad de Culiacán, para dar con el paradero de Alfredo.

Aunque Colorado ya había advertido al “Mochomo” que los militares le estaban pisando los talones, el capo nunca se percató de un detalle: tenía entre sus hombres de confianza a un militar infiltrado. Fue un elemento en activo de los gafes el que arriesgó su vida para ganarse la confianza de Alfredo Beltrán.

Luego de varios meses de haberse inmiscuido en las aguas turbias de la mafia, el infiltrado se comunicó la noche del 20 de enero con sus superiores en la Sedena para señalar el lugar en el que pernoctaría el “Mochomo”.

Un centenar de militares fuertemente armados irrumpieron la madrugada del siguiente día en la casa en que se alojaban Alfredo, su grupo de escoltas y personas que el capo consideraba confiables. No hubo confrontación: todos dormían.

DE TODO UN POCO

Colegio Jurista, orgullo morelense.- En lo que representa sin duda el mayor de los éxitos recientes de una institución académica que se dedica a la educación superior en Morelos, fue el triunfo en materia de enseñanza de destrezas en técnicas de juicios orales obtenido por el Colegio Jurista, el cual resultó campeón de la zona centro.

El evento fue organizado por el Instituto Nacional de Ciencias Penales, la Procuraduría General de la República y la Embajada de los Estados Unidos en México, con el fin de promover la Reforma Constitucional al Sistema de Justicia Penal, aprobada en 2008.

Gustavo Eduardo Alonso Ortiz,  Alejandra Hernández Nava, Yuridia Stephanie Miranda Carbajal, Ofelia Laura Mojica Martínez y Moisés Eduardo Rojas Reséndiz, todos ellos bajo la tutela del fiscal Manuel Granados Quiroz, representaron a la única institución de educación superior de Morelos que pudo ser admitida por su planteamiento técnico por el Inacipe y convirtiéndose en el representativo estatal en dicho certamen.

Luz y sombra en materia de transparencia.- De los 879 recursos de inconformidad presentados durante 2011 (a diciembre 19) ante el IMIPE, a través del Sistema de Información Electrónica SIe-Infomex Morelos y por vía escrita, en contra de las 116 entidades públicas y ocho partidos políticos, los cinco sujetos obligados con mayor número de recursos de inconformidad son:

Ayuntamiento de Cuernavaca, con 205; Ayuntamiento de Zacatepec, con 161; Congreso del estado, con 21; Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos, con 20, y Servicios de Salud del estado, con 12.

Por el contrario, la Secretaría de Gestión e Innovación Gubernamental, la Secretaría de Gobierno del estado y la Secretaría de Seguridad Pública del estado son las tres únicas dependencias que tienen una calificación de 100 puntos en cuanto a transparencia, según dio a conocer el IMIPE.

Feliz Navidad.- Aprovecho el espacio para desear a todas las personas que nos honran con su preferencia al leer este intento de columna, que pasen una feliz noche de navidad con sus respectivas familias lo más armónicamente posible. Igual a todos mis compañeros de las diferentes áreas de La Unión de Morelos y muy especialmente a la familia Estrada González.

HASTA EL PRÓXIMO VIERNES