Lo que son las cosas de la política: muchos candidatos priístas se sacaron fotos con EPN y las usaron para su publicidad en campaña creyendo que si se colgaban de la “popularidad” del candidato presidencial aseguraban el triunfo. Los ilusos candidatos no sabían que la mayor parte de ciudadanos morelenses estaban convencidos de que AMLO era la mejor opción, y que si por los morelenses fuera, Andrés Manuel estaría hoy celebrando el triunfo. El problema es que Morelos es un estado demasiado pequeño y fue rebasado por muchos otros cuyos habitantes siguen creyendo que es mejor “uno que robe pero que reparta”, o mujeres a las que les bastará ver a Peña Nieto en las noticias para irse contentas a trabajar.
En segundo lugar se confirma que la ciudadanía no quiere saber nada de los panistas. Salvo Huitzilac (donde Alejandro Mancilla Cueto fue hecho a un lado por el PRI y ya no fue lo mismo con la bandera del Partido Verde, quedando como ganador José Alfredo Mancilla Rojas), quedó claro que el panismo volverá al sitio de partido opositor que ocupó hasta antes de 1997. Ya se van, con los bolsillos llenos, pero ya se van, con excepción de un reducido grupo –la nueva sagrada familia- que seguirá viviendo de las regidurías y las diputaciones plurinominales que obtengan.
De ahí en fuera no hay ninguna afirmación absoluta. Quien diga que fue el efecto López Obrador el que llevó a diputaciones locales y federales a los de izquierda primero tendría que explicar por qué ganó Jorge Morales Barud en Cuernavaca.
Y si decimos que José Luis Urióstegui Salgado no tuvo el apoyo suficiente de su partido, tendríamos que preguntarnos por qué ganó Silvia Salazar en Jiutepec, donde la gente no le concedía ninguna posibilidad por el pésimo gobierno de Miguel Ángel Rabadán en ese municipio.
Si la derrota de Othón Sánchez Vela y Julián Abarca Toledano en Ayala y Yautepec, respectivamente, se la atribuimos a que forman parte de la llamada “peor legislatura de la historia”, entonces ¿cómo es que Julio Espín ganó Puente de Ixtla siendo no solamente un pésimo diputado sino también un pésimo alcalde?
Si el triunfo de Jorge Morales Barud en Cuernavaca se le atribuye a la llamada “estructura” (que no es otra cosa que el nombre elegante que se usa para no decir “acarreadores”), entonces cómo es posible que no hayan ganado una sola diputación local en los distritos correspondientes a la capital del estado.
Como ocurre en todas las competencias donde hay ganadores y perdedores, en el grupo de las izquierdas a cual más se colgará la medallita. Mientras tanto, en los demás equipos se están echando la culpa unos a otros.
La mayoría reprocha la mala elección del candidato y le echan la culpa a la dirigencia nacional. El triunfo de Morales Barud en Cuernavaca por un amplio margen parece dejar en claro que si él hubiera sido el candidato a la gubernatura “otro gallo les cantara”. Otros culpan a la dirigencia estatal y los menos a quienes se encargaron de coordinar la campaña del oriundo de Mazatepec.
Surgen también perversas versiones que hablan de apoyos de miembros de un partido hacia el candidato de otro, y viceversa; chismes que –de ser ciertos- evidencian que aquellas heridas que dejó la contienda interna y que aparentemente estaban sanadas, estaban más abiertas que nunca.
Y lo que son las cosas: la derrota de Amado Orihuela llevó a la diputación local a su coordinador de campaña, Matías Nazario, quien no habría llegado en caso de que el PRI hubiera arrasado como hace tres años. En cambio, el triunfo perredista dejó en la banca a los candidatos a diputados plurinominales de ese mismo partido, quienes serán premiados de todos modos con cargos en el gabinete de Graco Ramírez.
Amado perdió, eso es cierto, pero más perdieron personas como Juan Salgado Brito, Raúl Iragorri, Humberto Valverde y Julián Vences, quienes ahora no tendrán cara para tratar de regresar al partido que abandonaron justo unas semanas antes de las elecciones. También pierden aquellos empresarios o profesionistas organizados en cámaras o agrupaciones que abiertamente se pronunciaron a favor de Amado y que hoy no saben dónde meterse. En cambio, gente como Carlos Rivapalacio, Julio Mitre Zendejas y el flamante delegado de la Condusef, Armando Sanders, supieron dar el brinco a tiempo antes de que el barco se hundiera.
EXPECTACIÓN ENTRE ABOGADOS POR LA LLEGADA DE GRACO
Si la llegada del primer gobernador de izquierda ha provocado expectación entre los habitantes de Morelos, quienes se dedican a ejercer la profesión de la abogacía están aún más atentos a la política que pudiera implementar Graco Ramírez Garrido Abreu en materia de seguridad pública, procuración de justicia y reinserción social, así como todo aquello que tenga relación con la actividad de los litigantes. Y es que el ex senador perredista ha dado a conocer varias de sus estrategias para combatir la inseguridad pública, pero en cuanto a la procuración de justicia, justicia laboral, reinserción social y otras áreas afines, es muy poco lo que ha dicho.
La primera entrevista exclusiva concedida a un medio de comunicación de prensa escrita fue para El Universal, el periódico que adelantó su triunfo desde meses antes de las elecciones. En esa entrevista, Graco Ramírez se enfocó a la inseguridad pública que ha lacerado a la sociedad morelense a razón de 270 muertos tan sólo en lo que va del año.
"Morelos se ha convertido en los últimos años en el trasiego de la impunidad de la delincuencia y el puerto de abrigo de importantes jefes del crimen organizado, esto se tiene que acabar", dice Ramírez, quien explica que dividirá al estado en cinco regiones estratégicas, que a su vez estén supervisadas desde la gubernatura.
Dijo que como titular de la Secretaría de Seguridad Pública designará a una persona de la sociedad civil, con la idea de no violentar la normatividad en materia de derechos humanos.
"Hoy tenemos siete policías municipales en Morelos, que no responden a la protección de los ciudadanos", dice Ramírez, quien añade que el nuevo personal de seguridad pública serán funcionarios mejor pagados, entrenados y certificados.
"La seguridad pública la vamos a hacer como una política con un fuerte contenido en protección de los ciudadanos en la participación ciudadana y vamos a convenir con los presidentes municipales en que me den el mando.
"En un año veremos los resultados", expresa y comenta que desplegará una red de 4 mil cámaras de vigilancia por todo el estado, así como una coordinación inteligente con Guerrero, Puebla y la Ciudad de México.
Por otra parte, Graco Ramírez dice que al término de un año su estrategia para el desarrollo económico de la entidad generará entre 50 mil y 80 mil nuevos empleos.
Pretende echar a andar un par de nuevas industrias en el agro, mientras que en temas de infraestructura, dice que construirá una autopista transversal en la entidad que conecte al golfo de México con la zona del Pacífico."Vamos a abrir dos nuevas industrias, una de alimentos orgánicos para animales, para alimento forrajero y otra para fertilizantes orgánicos y también vamos a empezar a producir etanol", expresa.
Vamos a plantearnos el desarrollo industrial en el oriente del estado que tiene una importante conectividad de gas natural hacia Morelos, desde Puebla, comenta.
Apeló a la confianza de los electores que no votaron por él, dado que su gabinete se compondrá por personas de amplia trayectoria, sin importar su procedencia política.
"A los electores que no votaron por mí, mis respetos; en una justa democrática no puedes pedir la unanimidad".
Y adelantó: “Tendré un gabinete muy plural. En el área de economía, están empresarios; en el área de turismo, promotores turísticos; en el área de desarrollo social compañeros más cercanos a nuestro proyecto”.
Pero sobre procuración de justicia sólo mencionó que “estamos incorporando a gente de mucha experiencia que ha pasado por diversas áreas de la seguridad del estado, que son gente muy honorable”.
Cabe recordar que, todavía en campaña, dio a conocer los nombres de quienes se encargarían de trabajar en las diversas áreas temáticas con miras a asumir el gobierno, y en materia de seguridad pública y procuración de justicia dio tres nombres: la ex subprocuradora Alicia Vázquez Luna; el ex subprocurador Marcelino Vázquez Huitrón, y la juez en funciones y esposa de un ex presidente del Tribunal Superior de Justicia, Carmen Aquino Celis.
Aun cuando se antojaba natural que Alicia Vázquez se hiciera cargo de la Procuraduría (dependencia donde ha ocupado prácticamente todos los cargos menos el de titular), ha trascendido que Vázquez Luna se convertirá en la primera secretaria de Seguridad Pública en la historia del estado de Morelos.
El procurador o procuradora, dicen, saldrá de entre las organizaciones de abogados con el respaldo de la sociedad civil.
En la próxima entrega habremos de comenzar a dar algunos nombres.
EL CASO RADILLA, UN PARTEAGUAS EN EL SISTEMA DE JUSTICIA MEXICANO
El pasado 10 de junio de 2011 se publicó en el Diario Oficial de la Federación una reforma a la Constitución General de la República que establece en su artículo 1: “En México todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;…las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia” .
Esa reforma tiene en jaque a los juzgadores mexicanos, tanto los federales como los locales, pues los obliga a aplicar toda aquella disposición contemplada en tratados internacionales y que beneficie al acusado.
Rubén Jasso Díaz, Magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, lo reconocía el pasado martes al participar en una mesa redonda sobre Derechos Humanos organizado por el Centro de Investigación y Docencia en Humanidades del Estado de Morelos (CIDHEM) que encabeza Jesús Araiza Martínez bajo el título de “Los Retos del Poder Judicial ante los Derechos Humanos”.
Jasso Díaz reconoció que prevalece el desconocimiento de los profesionistas del derecho en cuanto a los alcances de dicha reforma constitucional. Y si los juzgadores conocen poco, los litigantes mucho menos.
El magistrado (quien estuvo acompañado en esta mesa por la también magistrada María Idalia Franco Zavaleta), dijo que durante años los jueces federales y magistrados les restregaron hasta el cansancio a los jueces de primera instancia que en sus resoluciones tenían que ceñirse exclusivamente a la Constitución Federal, local y leyes secundarias, y que la interpretación sobre la aplicación o no de los tratados internacionales se lo dejaran a ellos, los federales.
Hoy, de pronto les dicen a los jueces de primera instancia que deben aplicar el llamado “control difuso”, y van aprendiendo sobre la marcha qué es eso.
Pero, ¿qué originó este cambio tan drástico en el sistema de justicia mexicano?
Víctor Omar González Cianci Pérez, hijo del ex presidente del Tribunal Superior de Justicia, Víctor Manuel González Cianci, investigó a fondo este tema para la elaboración de su tesis de maestría becado por el CONACYT, y vale la pena retomar parte de esa investigación.
Rosendo Radilla Pacheco, se trata precisamente de un mexicano más, un padre de familia, que creía en un México diferente e intento lograr un cambió patente al ser líder social que impulsaba el cuidado de la salud y educación en el municipio de Atoyac de Álvarez, Guerrero, fue mayormente conocido como compositor de corridos de denuncia relacionados con los hechos suscitados a sus compañeros por el Gobierno Guerrerense, quien participó activamente en la llamada “guerra sucia” que hubo entre los años de 1970 y 1980.
El Ministro en retiro Mariano Azuela en el Órgano Informativo del Instituto de Investigaciones Jurisprudenciales y de Promoción y Difusión de la Ética Judicial “Raíz y Conciencia” comenta que entre 1973 y 1974 se exacerbaron las acciones guerrilleras y la contrainsurgencia, iniciándose una etapa de medidas drásticas contra la guerrilla: detención ilegal, tortura y desaparición forzada, así como probables ejecuciones extrajudiciales de militantes y dirigentes. El fenómeno de la desaparición forzada de personas registra antecedentes en México desde fines de los años sesenta, principalmente en el Estado de Guerrero. Tales actos fueron cometidos tanto por particulares, bajo la tolerancia del Estado, como directamente por agentes del Estado.
El 25 de agosto de 1974, el señor Rosendo Radilla y su hijo iban camino a Atoyac en un camión de pasajeros, durante ese trayecto fueron detenidos por un retén militar. Como es costumbre, los militares les solicitaron a todos los pasajeros que se bajaran del camión para realizar la revisión, al término de la misma los pasajeros volvieron a subir a bordo del camión sin dejarlo regresar solamente a él, diciendo los militares que debía explicar las letras de sus corridos y fue trasladado por consiguiente al Cuartel Militar de Atoyac de Álvarez; empero nunca llegó a su destino y desde entonces no se le volvió a ver.
La denuncia fue presentada el 15 de noviembre de 2001 ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por parte de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos y por la Asociación de Familiares de Detenidos, Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México, y en contra del Estado Mexicano, precisamente con motivo de la desaparición forzada del señor Rosendo Radilla Pacheco, ocurrida el 25 de agosto de 1974 en el Estado de Guerrero.
El Estado Mexicano no obedeció las recomendaciones emitidas de fecha 27 de julio de 2007, circunstancia que motivó se presentara el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 13 de marzo de 2008, quien emitió su resolución correspondiente que se ha convertido en un hecho público y notorio, pues cabe señalar que según jurisprudencia obligatoria nacional, por hechos notorios deben entenderse, en general, aquellos que por el conocimiento humano se consideran ciertos e indiscutibles, ya sea que pertenezcan a la historia, a la ciencia, a la naturaleza, a las vicisitudes de la vida pública actual o a circunstancias comúnmente conocidas en un determinado lugar, de modo que toda persona de ese medio esté en condiciones de saberlo; y desde el punto de vista jurídico, hecho notorio es cualquier acontecimiento de dominio público conocido por todos o casi todos los miembros de un círculo social en el momento en que va a pronunciarse la decisión judicial, respecto del cual no hay duda ni discusión; de manera que al ser notorio la ley exime de su prueba, por ser del conocimiento público en el medio social donde ocurrió o donde se tramita el procedimiento.
Dicha resolución, fue llevada ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para el análisis de su cumplimiento y se dirimiera respecto de la obligatoriedad de la jurisprudencia emitida por la mencionada Corte, pero con fecha 7 de septiembre de 2010 se desechó el proyecto que presentó el Ministro José Ramón Cossío Díaz; y con ello se vio limitada la sociedad en su derecho a la verdad, pues se retrasó la adopción de medidas en materia de Derechos Humanos, máxime cuando a la Suprema Corte de Justicia de la Nación no le corresponde revisar el fallo en comento, sino por el contrario la firma y ratificación hecha por el Estado mexicano en la Convención Americana de Derechos Humanos, de la que se es partes desde 1981, lo obliga a cumplir las Sentencias, siendo estas de carácter inapelable y definitivo.
El pasado 18 de noviembre (2011) el Estado Mexicano en cumplimiento de una parte de la sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, reconoció en un acto público, que se llevó a cabo en el lugar de la tragedia, Atoyac de Álvarez, Guerrero; que éste sí tuvo responsabilidad en la desaparición forzada del señor Rosendo Radilla Pacheco, el acto fue atendido por el recién nombrado Secretario de Gobernación en funciones, Juan Marcos Gutiérrez, y la canciller Patricia Espinosa.
La periodista Silvia Otero publicó en el periódico Universal la noticia intitulada “Estado acepta culpa en el caso Radilla”; Crean comisión en Guerrero para investigar la guerra sucia”; noticia de la que se transcribe un fragmento a continuación:
…un acto de desagravio en el que no estuvieron presentes las víctimas: los familiares que durante 37 años han exigido justicia. Ángel Aguirre Rivero, gobernador del estado de Guerrero, aprovechó para anunciar la creación de una Comisión de la Verdad para investigar las violaciones a los derechos humanos cometidas en la entidad durante las décadas de los 70 y 80, aunque no asistieron a la ceremonia los familiares de Radilla ni los deudos de más de 450 desaparecidos en Atoyac en esos años, ni las organizaciones no gubernamentales que impulsaron el caso ante la CoIDH. Las víctimas rechazaron acudir a la ceremonia que, según acusaron públicamente, se organizó con premura, acorde con la agenda de los funcionarios que asistirían y sin consultar a los deudos, quienes fueron informados sólo con un día de anticipación sobre el acto, por lo que su inasistencia representa el incumplimiento de la sentencia emitida por la CoIDH en los términos en que se dio el fallo. Aunque las secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores informaron sobre la ceremonia en un comunicado conjunto, no mencionaron la ausencia de los familiares de Radilla y del resto de los deudos de las víctimas de la llamada guerra sucia; sólo indicaron que hubo “una numerosa concurrencia del pueblo de Atoyac de Álvarez”. Destacan “vo l u n t a d” de Calderón Las dependencias dieron a conocer que Juan Marcos Gutiérrez reconoció públicamente la responsabilidad del Estado mexicano por la desaparición de Rosendo Radilla, por cuya memoria se develó una placa en su honor.
En un principio esta ceremonia estaba prevista realizarse el 14 de noviembre; sin embargo, fue cancelada la asistencia del extinto Secretario de Gobernación Blake Mora el 10 de noviembre; y por tanto los familiares decidieron de igual forma no acudir al evento, mismo que fue reprogramado para el 18 de noviembre, pero dada la premura de la invitación por parte de la Secretaría de Gobernación la familia no pudo acudir, situación comprometedora para el Estado mexicano ya la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos fue muy clara al decir que el acto de reconocimiento de responsabilidad debe ser en común acuerdo y en presencia de los familiares del señor Rosendo Radilla Pacheco, lo que en el particular no ocurrió y queda abierto a la recomendación que seguramente harán los distintos organismos internacionales, así como el justo reclamo en voz de los familiares.
Resulta relevante mencionar también que este no es el único caso en el que se exige justicia al Estado mexicano por este medio, también el caso Fernández Ortega y otros, Rosendo Cantú y otra, Cabrera García y Montiel Flores del año 2010.
Y como dijo Elías Huerta Psihas, presidente de la Asociación Nacional de Doctores en Derecho: “Pocas personas sabían qué significaba Rosendo Radilla. A partir del fallo de la Corte, no habrá en el país un solo juez ni un solo abogado que no recuerde este nombre, particularmente los que trabajan en el sector de la justicia militar”.
HASTA EL PRÓXIMO VIERNES
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