La respuesta se mueve siempre en dos vertientes: los que creen que el delincuente es una víctima del sistema y que puede ser readaptado (algo así como cambiarle el chip) para después reinsertarlo en la sociedad a la que alguna vez atacó con un mínimo riesgo de que vuelva a delinquir.
La otra corriente considera que el delincuente no tiene remedio y que, al no existir la pena de muerte, se le debe mantener bajo castigo permanente para que pague lo que hizo. El reo es considerado una carga para el Estado y por lo tanto se debe mantener con el menor presupuesto posible.
Y en el estado de Morelos la política penitenciaria se ha movido en ambas direcciones según la persona a quien se encomiende dicha labor y las circunstancias de cada época.
Así, durante décadas “funcionó” el Penal de Atlacomulco, ubicado en lo que hoy es el Parque Ecológico Acapantzingo. En menos de 10 mil metros cuadrados convivían más de mil internos, revolviéndose primodelincuentes, procesados, sentenciados por todo tipo de delitos, y la división entre hombres y mujeres era una malla ciclónica. Cientos de historias se cuentan de lo que ocurría en el llamado “pueblito”, donde la droga se vendía de manera normal, se hacían jaripeos y hasta funcionaba un taller mecánico que reparaba vehículos particulares en cuyo interior se fugaron varios internos unos meses antes de que el vetusto reclusorio fuera cerrado para siempre.
Los más de mil internos fueron reubicados a finales de los noventas al “moderno” Centro Estatal de Readaptación Social de Atlacholoaya, gestionado por el gobernador Jorge Carrillo Olea, presumido como el más moderno de América Latina pero también considerada la obra donde más saqueo hubo. Con una Contraloría domesticada y sin una Ley de Información Pública que diera transparencia a los procesos de financiamiento, licitación y construcción del complejo penitenciario, sólo quienes estuvieron directamente involucrados saben cuánto se robó cada quien.
Aunque al principio el Cereso de Atlacholoaya resolvió con creces los problemas de hacinamiento, actualmente registra ya una considerable sobrepoblación. Como consecuencia de esa sobrepoblación, tiene también los típicos problemas de una cárcel: la corrupción propiciada por los ínfimos sueldos que recibe el personal de seguridad; la existencia de grupos de “autogobierno” y la introducción sistemática de objetos prohibidos, principalmente teléfonos celulares y todo tipo de drogas. Ya sea a través de un Patronato o de manera directa, en Atlacholoaya se mueven varios millones de pesos anuales en la venta de todo tipo de productos. Eso es en cuanto al Cereso de Atlacholoaya, porque en las cárceles distritales las condiciones en que viven los internos son infrahumanas.
Y decíamos que las condiciones de los reos varían ligeramente dependiendo de la persona que esté encargada del sistema penitenciario, porque en Morelos hemos tenidos responsables de reinserción social con estilos muy diferentes. Carlos Villavicencio de la Rosa, hoy coordinador de asesores en la Procuraduría de Justicia, mantuvo en relativa calma al Penal de Atlacomulco durante varios años. Jesús Torres Quiroz era un militar que quiso tomar el control del viejo Penal pero los internos le enseñaron que quienes mandaban ahí eran ellos, así que duró poco tiempo.
Bernardo Rocha Reyes es un idealista de la readaptación penitenciaria. Fue subsecretario de Readaptación Social a la mitad del gobierno de Sergio Estrada Cajigal. Abogado de profesión y cristiano por convicción, Bernardo consideraba que al interno (prohibió durante su administración que se les llamara reos) debe de proveérsele de todo aquello que permita su desarrollo físico, intelectual y espiritual. Hizo la pista “Ana Guevara” al interior del Penal y trajo obras de teatro, ópera y literatura. Rompió record en internos graduados como licenciados en Derecho que después asumirían su propia defensa.
Antonio Aragón Zamora, de tendencia ultraderechista, introdujo el programa “Ave Fenix” como método para readaptar internos, con la característica de que el curso incluía una especie de adoctrinamiento hacia la religión católica. Fracasó cuando se descubrió que varios peligrosos delincuentes obtuvieron su libertad mediante este programa.
La manzana de la discordia siempre han sido los negocios al interior del Penal. Antonio Tallabs Ortega siempre ha presumido que cuando fue subsecretario de Readaptación Social no había crisis económica en el Penal de Atlacholoaya. Lo que no dice es que en este tiempo era su oficina la que manejaba todos los negocios, incluyendo criaderos de mojarras, chivos, y todo tipo de animales que eran comercializados sin mayores ganancias para los internos.
Luego el negocio quedó en manos del ingeniero Hermosillo, padre del futbolista Carlos Hermosillo, a quien le encomendaron crear un Patronato de la Industria Penitenciaria, pero también fracasó porque la corrupción terminó por imponerse.
El sistema Penitenciario ha sido llevado de un lado para otro dentro del organigrama del gobierno estatal. Durante años dependió de la Secretaría de Gobierno, luego pasó a Seguridad Pública, volvió a la Secretaría de Gobierno y hace apenas un par de años es nuevamente facultad de la Secretaría de Seguridad Pública.
Hace un par de años escribimos en este mismo espacio que el Penal de Atlacholoaya se lo estaban disputando tres grupos al interior del Gobierno. Lo quería el grupo de Jorge Morales Barud a través de Daniel Montero Zendejas; también el grupo de los panistas a través de Jorge Toledo Bustamante y el de los militares a través del capitán Aponte. A final de cuentas ninguno se quedó; en la subsecretaría (ahora) de Reinserción Social finalmente fue colocado un “neutral” en la persona de Luis Hernández Sabás, un veterano penitenciarista que hace unos meses le dejó la estafeta a Santiago Romero Sedano, quien ha sabido sobrellevar la situación sin mayores problemas.
El otro grave problema tiene que ver con los grupos de la delincuencia organizada que se disputan el suministro de drogas al interior del Penal. Los grupos van desde el CPS, Los Rojos, Los Guerreros Templario, La Empresa y hasta La Familia Michoacana ha pretendido imponer su ley. Luis Navarro Castañeda, recién designado director del Penal de Atlacholoaya, pagó caro el no haber accedido a las pretensiones de uno de estos grupos y su cuerpo fue encontrado sin cabeza el 29 de mayo de 2010.
Este es el panorama que habrá de encontrar la persona que Graco Ramírez Garrido Abreu designe como subsecretario de Reinserción Social en octubre próximo. Y ¿quién es el valiente que habrá de tomar esa difícil responsabilidad?
Todo parece indicar que –tal como lo prometió Graco en campaña- muchos de los puestos importantes en su gabinete serán ocupados por mujeres, y éste es uno de ellos.
Quien reúne el perfil para ocupar el cargo es la psicóloga y abogada Angélica Sanvicente Cisneros, a quien recordamos hace una década encabezando movimientos sociales y que por circunstancias de la vida terminó trabajando en el sistema penitenciario del Distrito Federal. La escueta información que ha proporcionada la oficina de prensa del gobernador electo sólo refiere que Angélica fue Jefa de Unidad Departamental de Programas Comunitarios; Directora del Centro de Readaptación Social Varonil Santa Martha Acatitla y Secretaria Técnica de Derechos Humanos en la Subsecretaría de Sistema Penitenciario del Distrito Federal .
No sabemos cuanto tiempo fue directora del Penal de Santa Marta Acatitla, pero si estuvo ahí por lo menos 30 días entonces sabe lo que es una cárcel del Distrito Federal y por lo tanto puede hacerse cargo de cualquier centro penitenciario del país.
Su nombre aparece en un expediente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal como representante de una de las autoridades requeridas por esa institución por presuntas violaciones a los derechos humanos de las internas. En su calidad de secretaria Técnica de Derechos Humanos de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario del DF, Angélica Sanvicente conoció el caso siguiente:
Los días 7 y 9 de noviembre de 2007, la CDHDF recibió 3 quejas en las cuales 4 internas1 del Centro Femenil de Readaptación Social Santa Martha Acatitla (CEFERESO) refieren que fueron sancionadas como consecuencia de riñas entre ellas y una interna más. El Consejo Técnico Interdisciplinario del CEFERESO (CTI) decidió sancionarlas con la separación de sus hijos durante tres meses.
Conforme a la versión de las 4 primeras internas peticionarias, el CTI decidió externar a su hija e hijos para ser entregados a sus familiares con la advertencia de que si ellos no se podían hacer cargo de los menores de edad, se les remitiría a una institución de asistencia pública. La Dirección del CEFERESO refirió que en realidad se egresó a la hija y al hijo de las internas 2 y 1, respectivamente, y se restringió el acceso de los niños de las internas 3 y 4. Al momento de que se tomó la decisión de separarlos de sus madres, dos de ellos apenas contaban con 9 meses de edad, otro niño tenía 2 años, 2 meses; mientras que la niña tenía 1 año, 2 meses.
Tras la recepción de las quejas, la Comisión envió medidas precautorias a la Directora del Centro de Reclusión a fin de que se suspendiera la medida, en razón de que ninguna sanción puede establecerse por encima del interés superior de las niñas y los niños, y que solamente en circunstancias excepcionales, reconocidas judicialmente, los menores de edad deben ser separados de sus madres. Además este Organismo señaló que la medida estaba en contra de la seguridad jurídica de las sancionadas debido a que las sanciones establecidas en el Reglamento de los Centros de Reclusión no prevé la separación de los menores de edad de sus madres; la separación de madres e hijos es una pena trascendental porque no solamente afecta a la persona sancionada sino también a sus hijas e hijos, por ello no puede ser una sanción disciplinaria.
La respuesta de la Directora a estas medidas, fue que las internas habían puesto en riesgo la integridad física de su hija e hijos durante las riñas y además señaló que las personas sancionadas eran adictas al consumo de estupefacientes, por lo cual no se revocaría el castigo, pero se redujo a mes y medio.
La Visitadora General solicitó a esta servidora pública entregar copia de las documentales que probaran dicho riesgo; sin embargo, al analizar las pruebas se observó que no existía información sobre actos que demostraran la adicción de las internas en fechas recientes.
Ninguna de estas medidas fueron atendidas por la autoridad, hasta que el 25 de noviembre de 2007 murió el hijo de la interna 1, por broncoaspiración. Al siguiente día la CDHDF envió nuevamente medidas precautorias al Subsecretario de Gobierno, responsable en esas fechas de los centros de reclusión de la ciudad, reiterando que se suspendiera la separación de la niña y los niños de sus madres. En esa misma fecha a solicitud de la Comisión, se autorizó el reingreso de los menores.
Durante la tramitación de la queja, la CDHDF envió 5 recordatorios por vía telefónica y por escrito a la autoridad, para que respondiera a las medidas precautorias y entregara toda la documentación relacionada con el caso (expedientes técnicos de las internas, las actas del CTI, entre otros), no fue sino hasta después del fallecimiento del hijo de la peticionaria 1, que la autoridad comenzó a enviar la documentación solicitada. Cabe señalar que por su parte, la Secretaría Técnica de Derechos Humanos de la entonces Dirección General de Prevención y Readaptación Social, envió también recordatorios en 3 ocasiones a la Directora del CEFERESO, sin obtener respuesta; mientras que el Subsecretario de Gobierno, tuvo que enviar una solicitud de respuesta al titular de la entonces Dirección General de Readaptación Social, para que se proporcionara toda la información requerida (se presume que esa fue la participación de Angélica Sanvicente).
Debido a la solicitud de medidas precautorias dirigidas al Subsecretario de Gobierno, éste dio vista a la Contraloría Interna de dicha Secretaría, para que diera inicio a un procedimiento administrativo en contra de quien resultara responsable por las irregularidades incurridas por el CTI al momento de decidir la externación de la niña y de los niños. En el seguimiento ante la Contraloría, la CDHDF solicitó al Contralor Interno pronunciarse sobre la probable responsabilidad administrativa por parte del personal que labora en el CEFERESO. La integración del expediente que se determinó como improcedente, tuvo algunas omisiones graves como la ausencia de una investigación exhaustiva y eficaz sobre los hechos denunciados, la ausencia de una motivación y fundamentación jurídica para determinar que no era procedente la queja de la agraviada, la alteración de una prueba para justificar que el CTI sí había motivado y fundamentado su decisión, y otorgó validez a un desistimiento que presenta vicios en la voluntad de la persona que promovió su queja ante esa dependencia.
En caso de que sí sea Angélica la responsable del sistema penitenciario en el gobierno de Graco Ramírez deberá atender casos mucho más delicados que el anterior, pero creemos que cuenta con la experiencia y los conocimientos necesarios para ello.
Se ha dicho que Graco Ramírez traerá a personajes del Distrito Federal, Guerrero y hasta Michoacán para completar su gabinete. El caso de Angélica es especial porque ella sí trabajaba en el Gobierno del DF pero sus estudios los realizó en la Universidad de Morelos y aquí vivió una buena parte de su vida, es decir, no es una arribista.
Le deseamos suerte, que la va a necesitar.
EL TRANSPORTE, OTRO DOLOR DE CABEZA
Aunado a la petición del incremento a la tarifa del transporte público que han manifestado algunos líderes como Enrique Ramos Zepeda, presidente de la Federación de la Alianza de Transportistas y Dagoberto Rivera Jaimes presidente de la Federación Auténtica del Transporte ahora se suma la de los líderes transportistas sin itinerarío Fijo (Taxis) quien en representación de Víctor Mata Alarcón señaló que si se acepta el incremento al pasaje de las rutas también ellos buscaran “incrementar a 25 pesos la tarifa mínima ya que actualmente se encuentra en 18 pesos”, lo cual podemos decir que no es respetada puesto que ningún taxi cobra un mínimo de 18 pesos como lo afirma Mata Alarcón.
Sin embargo, lo preocupante aquí es que no hay un control real de parte de la Dirección de Transportes que encabeza Francisco Alva Meraz pues no hay un seguimiento a las necesidades de los transportistas que únicamente ven como opción el incremento al pasaje lo cual afecta directamente a los bolsillos de los morelenses.
Morelos está tasado dentro de los salarios mínimos más bajos clasificándolos en el nivel C lo cual hace inconcebible y hasta desvergonzada la intención de que Un trabajador gastara en transporte más del 90 por ciento del salario mínimo, es decir 54 pesos al día, de los 59.80 que representa el salario en nuestra región. Por tal motivo organizaciones sociales como lo es el Frente Universitario de Estudiantes (FUCE) encabezado por Iván Edgar Domínguez, ha hecho pública su postura de NO al alza de las tarifas en el transporte público porque “No pueden ser impositivos y no tomar en cuenta la situación económica de la sociedad en general; cuyas familias están compuestas por 2 o 3 hijos y el destino de cada uno de ellos requiere de al menos tomar 2 rutas al día.
Domínguez explicó que el martes 14 de agosto al medio día una comisión de los integrantes de FUCE fueron recibidos por Francisco Alva Meraz quien literalmente le lanzó la bolita al ejecutivo estatal señalando que de él no depende que se publique la aprobación en el Periódico Oficial. Ahora resulta que las decisiones no son responsabilidad del titular. Por lo tanto ya se preparan amparos colectivos para evitar que se aplique tal aumento a la tarifa del transporte público.
Una serie de inconsistencias se perciben en esta negociación entre los concesionarios y las autoridades estatales toda vez que el pasado 13 de agosto la Federación Auténtica del Transporte anunció en varios medios de comunicación sobre un acuerdo con el Gobierno del Estado para establecer la nueva tarifa que sería de seis pesos con cincuenta centavos y que solo esperaban la publicación en el Periódico Oficial; obviamente ante tales declaraciones la sociedad civil organizada se manifestó en las calles a lo que Marco Adame Castillo, Gobernador del Estado decidió desconocer tales acuerdos señalando que aún estaban analizando la posibilidad o no de la alza.
Claro que tuvo que salir a dar la cara ya que al menos 15 organizaciones civiles se han sumado a la lucha entre los que destacan el Movimiento Magisterial de Bases (MMB), el Comité de Colonias en Lucha (CCL), el Consejo de Pueblos de Morelos, #YoSoy132 Cuernavaca, Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), y el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) Morelos, anunciaron la conformación de un frente estatal contra la imposición, por la justicia social y contra el incremento a las tarifas del transporte público.
Lo que nos resulta chusco es que resulta que los concesionarios se sienten incomprendidos por la ciudadanía pues Dagoberto Rivera dijo respetar el punto de vista de los inconformes pero que “haremos valer nuestro derecho a incrementar la tarifa conforme a la ley de transportes vigente porque las cuentas no nos salen; muchos permisionarios trabajan en números rojos” a lo cual muy hábilmente Bulmaro Hernández Juárez, Secretario General del Nuevo Grupo Sindical atinó a decir “si no les salen las cuentas lo más lógico es que entreguen las concesiones. Porque cualquier patrón con sentido común no permitiría estar perdiendo o poniendo en peligro su negocio”; sin embargo, las palabrerías entre todas las partes involucradas siempre son el preámbulo de lo que no se quiere y que al final siempre resulta que los perjudicados son los ciudadanos.
Y de tal forma están siendo afectados los derechos de la ciudadanía en el municipio de Jiutepec que se quejan de la construcción del distribuidor vial a la altura de Tejalpa y de la rehabilitación de la carretera a Cuautla en donde desde el mes de febrero se han manifestado cerrando por completo dicha vialidad pues según declaraciones de Miguel González Gómez, ayudante de la colonia Lomas de Chapultepec los vecinos ya están hartos de que no se vean avances claros en dichas obras que perjudican no solo a los automovilistas sino a los comercios que se encuentran a lo largo del boulevard lo cual ha ocasionado cierres de comercios por la baja o nula venta de sus productos.
Recordemos que para el Ayuntamiento de Jiutepec ha sido desastrozo poder mantener en buenas condiciones ese tramo carretero de vital importancia y en repetidas ocasiones la Arquitecta Patricia Izquierdo Medina en su momento Secretaria de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas del Ayuntamiento Jiutepequense y hoy fuerte candidata a ocupar la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas (SDUOP) del Gobierno Estatal entrante fue duramente criticada por la falta de realización de obra pública de calidad en el municipio.
DE TODO UN POCO
Otro caso de impunidad.- El 19 de abril de 2012 en la Avenida Otilio Montaño de la Unidad Habitacional Las Piletas, colonia Alta Vista, fue asesinado Ricardo Jaime Garrido Moreno por un grupo de sujetos. Los familiares de la victima tuvieron que recurrir a instancias de derechos humanos para obtener apoyo de la Dirección General de Asesoría Social y Auxilio a Victimas ya que al no contar con recursos económicos para un abogado particular se les dificulta llevar a cabo las actuaciones legales y jurídicas correspondientes.
Una vez que lograron presentar elementos suficientes para señalar a los imputados, pasaron varios meses y finalmente elementos de la PGJ detuvieron a 3 de los 5 señalados como agresores que le privaron de la vida. Ahora, sin embargo, dos de los acusados lograron evadir la acción de la justicia y están prófugos, siendo un motivo de preocupación de familiares de la víctima, lo que se agrega al hecho de que la clasificación de los delitos puede significar la libertad bajo caución de los imputados, ya que en lugar de clasificarlo como homicidio calificado cometido en pandilla se pretende juzgarlo como un homicidio culposo, como se hubiese ocurrido en una riña, cuando todos los elementos indican que fue agredido con todos los agravantes y de manera tan brutal que ya no se recuperó durante su estancia en el Hospital Civil.
Otra vez la pregunta ¿el nuevo sistema de Justicia Penal es sinónimo de impunidad?
Tributo a Chavela.- El próximo 1º de septiembre en el Auditorio Ilhuicalli en el municipio de Tepoztlán se rendirá un tributo a Chávela Vargas “La Chamana”, mismo que había sido preparado meses antes de que falleciera. En conferencia de prensa encabezada por la Subsecretaria de Turismo Margarita González Saravia, Guillermo Sánchez Guzmán productor de Chávela Vargas, informó que participarán más de 40 artistas de Latinoamérica y Europa interpretando las mejores canciones que se escuchan a nivel nacional e incluso internacional.
A partir del 20 de agosto el público a través de internet podrá descargar alrededor de 43 canciones gratuitas de “La Chamana” en voces de Miguel Poveda, Carla Morrison, Santiago Cruz, Horacio Palencia, Sofi Mayen, Pambo, Monsieur Periné, Instituto Mexicano del sonido, Mariel Mariel, Maqueta, Niñovan, Trez, Madame Ur y sus hombres, Sweet Menta, Gabriela Bojorquez, Luna Mondragón, Juanchez, Víctor Rosas, Cristina Crème, entre otros.
Felicitaciones.- Este lunes cumple años el magistrado visitador del Tribunal Superior de Justicia, Bernardo Sierra Becerra, por lo que desde ahora nos unimos a las felicitaciones de sus amigos y familiares.
HASTA EL PRÓXIMO VIERNES
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