Para lograr lo anterior en mucho influirá que uno de los integrantes que conforman el grupo al que pertenece el grupo de Domingo Garrido (al que pertenece el actual comandante Edgar Luis Villegas Melendez) llegue a la titularidad de la Secretaría de la Defensa Nacional.
Un jefe de la 24ava. Zona Militar que pertenezca a un grupo antagonista al hermano del gobernador sería una auténtica “piedra en el zapato” para el gobierno de la nueva visión. Ya en una entrega anterior expusimos el caso del general Leopoldo Díaz Pérez, representante de la SEDENA en Morelos del 2009 al 2012, cuyo protagonismo causó infinidad de problemas al entonces gobernador Marco Adame Castillo.
La designación del titular de la Sedena es cuestión de días aunque el nombre permanecerá en secreto por motivos de seguridad. Y la ventaja de tener un hermano en el primer círculo de las fuerzas armadas del país es que Graco sabrá (o quizás ya sabe) primero que muchos, el nombre del secretario de la Defensa Nacional.
De darse como lo espera Graco, muchas de las grandes decisiones en la vida política del estado quedarán en manos de militares, personajes tradicionalmente antagonistas a la izquierda sobre todo después de aquel fatídico 2 de octubre de 1968 (¿sí tenemos un gobierno de izquierda, verdad?).
Y no nos extrañe que –descartando Cuernavaca- muchos municipios dejen la seguridad pública en manos de militares, sobre todo si se concreta el proyecto de una policía única. La Policía Ministerial también sería ocupada por un militar en cuanto se designe nuevo procurador.
En lo que respecta a la Secretaría de Seguridad del Estado ocurre una situación por demás peculiar. Es del dominio público que la titular se llama Alicia Vázquez Luna, civil y evidentemente del género femenino.
El segundo en la jerarquía se llama José Leopoldo Martínez González, militar con rango de general y, evidentemente varón. Sus principales colaboradores también castrenses.
Pues bien, a la tropa se le ha hecho entender que la señora secretaria está ahí porque así lo quiso el gobernador Graco, pero que quien manda es el general Leopoldo. De hecho, dan por sentado que en cuestión de meses la abogada se irá a otro cargo y entonces el general Martínez González ocupará la titularidad de la SSP-Morelos como ya lo hizo en Tlaxcala.
Es una situación que me recuerda cuando estaba como secretario de Seguridad Pública de Cuernavaca el ingeniero químico Anselmo Sotelo Parra (2000-2003) y del segundo para abajo todos eran militares, incluyendo al director de tránsito. Los policías de ese tiempo recuerdan que, desacatar una orden del secretario era perdonable, no así incumplir una orden del subsecretario que era militar. Con todo respeto, el regordete secretario estaba sólo de adorno.
Volviendo a la SSP, tiene ya rato que está prácticamente militarizada. El último titular netamente civil fue Cesáreo Carvajal Guajardo, porque después entró el subteniente Sebastián Isunza Gutiérrez (quien irónicamente tenía bajo su mando a militares de mayor rango); y posteriormente Luis Ángel Cabeza de Vaca, quien si bien es cierto no tenía carrera militar, era respetado por ser hijo del general del mismo nombre.
Tras ser destituido y detenido por la SIEDO, Cabeza de Vaca fue relevado por el general Gastón Menchaca Arias, quien había ocupado el mismo cargo en Michoacán varios años atrás. Entonces comenzó a correr el rumor de que el general Menchaca “ya estaba chocheando”, pero el gobernador Marco Adame Castillo no quiso quitar del cargo al recomendado del mismísimo General Guillermo Galván Galván, hasta que un cercano colaborador del mandatario lo pilló “echándose un coyotito” en plena reunión de seguridad.
Pero antes de que eso ocurriera tuvo lugar una anécdota: otro grupo de generales (ya dijimos que, como en todo sector social se mueven en grupos de poder) impulsó al general Gilberto Toledano Sánchez para la SSP de Morelos, pero no le alcanzó para llegar hasta el cargo más alto. Le dieron como premio de consolación la Dirección de Supervisión de Empresas de Seguridad Privada.
Cuentan que una mañana recibió una llamada telefónica del titular de la dependencia, el general Menchaca, quien fiel a su costumbre le comenzó a gritar a su subalterno. El general Toledano, ampliamente conocido en Morelos por su afición a los caballos, no permitió que le gritaran ni siquiera por teléfono, por lo que conminó a su jefe a que guardara compostura. “¿Qué no sabe quién habla? Soy el general Gastón Menchaca”, se escuchó en el auricular. “Pues de general a general, vaya usted y ch… a su m..”, le contestó.
La mentada le costó el puesto al general Toledano, pero regresó meses después para hacerse cargo de la dependencia, renunciando en forma sorpresiva apenas unas semanas posteriores.
En su lugar quedó como encargado de despacho otro general, Rafael Aguilar García, quien llegó con Menchaca como subsecretario Operativo y se ganó el puesto cuando el 24 de diciembre del 2011 hizo creer al gobernador que el condominio “La Jolla” donde vivía el mandatario sería atacado por un comando armado y ordenó cerrar toda la calle Actores con varias patrullas durante toda la noche.
Y hasta ahí va la lista de generales que han pasado por la SSP.
Tenemos elementos para suponer que los próximos años serán los miembros de la milicia los que habrán de llevar las riendas de la entidad en muchos aspectos.
Pero también tenemos el nombre de otro general del Ejército que estará (ahora) en la trinchera de enfrente esperando a que el gobernador cometa un error para cobrar viejas facturas. Me refiero al general Jorge Carrillo Olea, de quien hablaremos en otra ocasión.
Y TÚ, ¿HASTA QUÉ AÑO ESTUDIASTE?
Hace un par de semanas comentamos que la representación en Morelos de México Infórmate AC está realizando un ejercicio de evaluación al nuevo gobierno de Graco Ramírez, y a través del Sistema Infomex (que es un software similar al que utiliza el IFAI) se ha hecho la misma solicitud de información pública a los secretarios de gabinete y equivalente: “copia simple del documento que acredite el último grado de estudios del titular de la presente dependencia”.
Las respuestas han sido de lo más variadas.
Por principio de cuentas no existe en la lista de sujetos obligados la opción de preguntar algo sobre el gobernador, sólo aparecen los campos “Gubernatura-Secretaría Ejecutiva” y “Gubernatura
A la solicitud del último grado de estudios del gobernador (título y/o cédula), la Secretaría Ejecutiva nos contesta que “la información que usted solicita no obra en esta Secretaría Ejecutiva”, pero sugiere preguntar en la Secretaría de Administración. Por si las dudas, ya pedimos al IMIPE que nos aclare a cuál de los sujetos obligados que aparecen en Infomex corresponde dar respuesta a nuestra petición.
Digna de reconocimiento es la respuesta inmediata de la Secretaría de Información y Comunicación del gobierno estatal. A la petición del “documento que acredite el último grado de estudios del titular” se nos envió copia simple de un certificado de secundaria emitido por el prestigiado colegio Cristóbal Colón a favor de Jorge López Flores.
También la Secretaría de Hacienda envió de inmediato copia fotostática de la cédula profesional de Adriana Flores Garza expedida por la Secretaría de Educación Pública donde se acredita que es licenciada en Economía.
La Secretaría de Desarrollo Social remitió copia fotostática de un documento firmado por el director de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la UAEM en el que hace constar que “la C. Adriana Díaz Contreras es egresada de la carrera de Ingeniería en Desarrollo Rural”. No presenta título ni cédula.
En una primera respuesta, la Secretaría del Trabajo pide que el solicitante aclare “sobre qué funcionario versa su solicitud en virtud que la mención que realiza resulta ambigua al no especificar de qué funcionario concreto requiere la información”.
Subsanada la prevención, la Secretaría del Trabajo nos remitió copia fotostática de una constancia emitida por la “Universidad Obrera de México” en la que hace constar que el C. José de Jesús Pérez (así, con un solo apellido) concluyó el curso de “formación sindical”. Otro documento donde la misma institución otorga constancia a la misma persona por haber concluido el “Curso de Derecho Obrero” (sic) y una tercera constancia exactamente igual pero ahora por el curso “organización y propaganda sindical”.
Se ha interpuesto un recurso de inconformidad ante el IMIPE, pues tales constancias no responden a la solicitud de información arriba mencionada.
La que sí no se midió fue la titular de la UDIP de la Secretaría de Administración, Gabriela Galindo Arenas, quien de plano dijo que “derivado del análisis y estudio jurídico de la solicitud de acceso a la información que se atiende, la información solicitada no forma parte de la información pública que debe difundirse de oficio de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 32 de la Ley de Información Pública, Estadística y Protección de Datos Personales del Estado de Morelos, por lo no es procedente acordar de conformidad la información solicitada. Lo anterior de conformidad por lo dispuesto en el artículo 82 y 89 de la Ley de Información Pública, Estadística y Protección de Datos del Estado de Morelos”.
Como se advierte, no hay uniformidad de criterios entre los encargados de las Unidades de Información Pública y algunos francamente no tienen ni idea de lo que es el tema de la transparencia.
EL ESCABROSO TEMA DE LA PUBLICIDAD OFICIAL
En teoría, la Publicidad Oficial debería de servir para que los gobiernos den mensajes claros sobre sus acciones y actividades para mantener informada a la ciudadanía y también como un mecanismo de transparencia y rendición de cuentas. La idea es que la información fluya y sea del conocimiento público para generar preguntas y debates sobre lo que están haciendo los gobiernos con el dinero de todos y todas (recursos públicos). Como seguramente ya saben, después de ver y escuchar tantos anuncios en los medios, a los gobernantes les encanta pregonar sus supuestos logros y para ello destinan abundantes recursos económicos. De ahí que darle seguimiento a esta publicidad y a este gasto es fundamental.
Y como es muy importante, Fundar y Artículo 19, investigaron –a través de la herramienta federal y las locales de acceso a la información– sobre el gasto en esta materia. Por primera vez se solicitó a las 32 entidades federativas información detallada sobre el gasto en Publicidad Oficial.
¡Los resultados del Índice son escandalosos! En 2010, los estados gastaron el doble en comunicación social y publicidad oficial que en 2005. En cinco años, el total del gasto en publicidad oficial de 18 entidades federativas, por ejemplo, se duplicó: pasó de 1,170.4 millones a 2,518.4 millones. El incremento es enorme y valdría la pena preguntarnos qué otras acciones prioritarias se pudieron haber llevado a cabo con estos millonarios recursos. Por ejemplo, ¿cuántas escuelas, hospitales o carreteras se pudieron haber construido con tanto dinero?
Si de por sí esto ya es grave, el Índice revela que no todos los estados entregaron información completa y de calidad. Es importante decir que once estados NO entregaron la información que se les solicitó; es decir, en estas entidades no fue posible conocer el gasto en Publicidad Oficial. Lo triste (y preocupante) es que apenas diez estados entregaron información desglosada del gasto.
El Índice de acceso al gasto en Publicidad Oficial en los estados refleja la opacidad que impera en el uso de los recursos públicos destinados para este fin, algo que claramente contraviene no sólo obligaciones que nuestra Constitución dicta, sino también las que señala las propias Leyes de transparencia de los estados (todas detallan la obligación de poner a disposición del público el ejercicio de los recursos públicos).
La gran mayoría de las entidades federativas, lejos de informarnos con claridad, oportunidad y transparencia sobre el uso de los recursos, ocultan o proporcionan información incompleta sobre su gasto en Publicidad Oficial. Es preocupante que esta información no se haga pública, y más aún frente a las solicitudes de información expresas de organizaciones como Fundar y Artículo 19. Tampoco es claro cómo se justifican los aumentos en este concepto de gasto: no podemos saber o entender con claridad las razones de ello y el por qué no se destinan estos recursos o gran parte de ellos a garantizar otros derechos como la educación, el agua o la salud, por ejemplo.
Toda esta información está disponible en www.publicidadoficial.com. Vale la pena hacernos más preguntas y seguirle la pista a estos datos. Debemos contar con información clara, objetiva, veraz, completa y oportuna sobre en qué se usan los recursos públicos producto de nuestros impuestos. Y todavía más importante es exigirle a los gobiernos locales y al Gobierno Federal que operen bajo la lógica de respetar, garantizar, defender y promover nuestros derechos y no sólo publicitar acciones que no guardan relación directa con nuestro bienestar o con la realidad de nuestro país.
VIENE A CUERNAVACA EL EX PRESIDENTE DE LA SCJN, GONGORA PIMENTEL
La Suprema Corte de Justicia de la Nación imparte el Seminario en Derecho Ambiental, los días 8, 9 y 10 de noviembre y la conferencia magistral de Clausura será con el ministro en retiro Genaro David Góngora Pimentel, ex presidente del máximo tribunal del país. La visita del polémico jurista es el sábado a las 12:00 hrs. El evento se realiza de manera coordinada entre la Casa de la Cultura Jurídica "Ministro Teófilo Olea y Leyva" y la Organización Acción Ecológica y la sede es la Casa de la Cultura Jurídica, ubicada en Boulevard Benito Juárez No. 49, Col. Las Palmas.
HASTA EL PRÓXIMO VIERNES
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