Los medios nacionales han dado cuenta de las grandes fiestas que organizan los narcotraficantes cuando se casan o bautizan a sus hijos, siempre con la presencia de sacerdotes miembros de la Iglesia católica, y en ocasiones no cualquier prelado, sino personajes con cierta jerarquía.
“Los caballeros templarios se deslindan de cualquier acción bélica, no somos asesinos, bienvenido el papa”, decía una manta que apareció en el estado de Guanajuato días antes de que el Papa Benedicto XVI visitara nuestro país.
Lo anterior refleja el nexo que siempre ha habido entre la Iglesia católica y la mafia (no solamente en México, sino en todo el mundo) y evidencia que, aún en sus acciones jurídicamente ilegales, el narcotraficante cree que Dios existe y trata de congraciarse con él a través de sus representantes en la tierra.
Los sacerdotes por su parte, se justifican en el hecho de que, cuando son invitados o más bien contratados para celebrar bodas o bautizos, no están obligados a investigar la actividad económica a la que se dedican los contrayentes o los padres de los bautizados. Algo muy similar a lo que ocurre con los artistas, que muchos de ellos han sido detenidos por acudir a narcofiestas, pero con una característica extra que justifica todavía más al presbítero: la palabra de Dios los obliga a buscar primordialmente a los pecadores.
El tema ha causado polémica entre la comunidad católica de méxico. En el curso de la 96 asamblea plenaria de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), los seis integrantes del consejo de presidencia de la misma se reunieron con Miguel Ángel Osorio Chong, titular de la Secretaría de Gobernación (SG), y con Mercedes Guillén Vicente, subsecretaria de Población, Migración y Asuntos Religiosos de la dependencia, para tratar la cuestión de la inseguridad en Michoacán, y tocaron el tema de Guerrero.
En la reunión, el cardenal José Francisco Robles Ortega, Eugenio Lira Rugarcía y Javier Navarro Rodríguez, presidente, secretario general y vicepresidente de la CEM, respectivamente, así como los vocales Roberto Domínguez Couttolenc, obispo de Ecatepec, Sigifredo Noriega Barceló, obispo de Zacatecas, y Carlos Garfias Merlos, Arzobispo de Acapulco, entregaron al funcionario federal las cartas que sobre el tema han emitido jerarcas tanto de Michoacán como de Guerrero.
Entre esas misivas está la enviada en mayo pasado por los obispos de Michoacán al ex gobernador interino de la entidad Jesús Reyna y de la cual no han recibido respuesta; la elaborada recientemente por el obispo de Apatzingán, Miguel Patiño, y las hechas por los obispos de Guerrero.
En dicha junta Osorio Chong explicó las estrategias emprendidas en materia de seguridad, las cuales, dijo, están basadas en trabajos de inteligencia.
Lira Rugarcía indicó que los obispos manifestaron su disponibilidad a trabajar con el gobierno en la reconstrucción del tejido social a fin de favorecer un clima de paz, en “total respeto al estado de derecho”. también expusieron sus “preocupaciones por el bienestar de todas las personas”.
Posteriormente, el obispo de San Cristóbal de las Casas, Felipe Arizmendi, responsable de la pastoral de cultura de la CEM, señaló que es una “vergüenza” y una “contradicción” para la Iglesia católica que “la mayor parte de los narcotraficantes se declaren católicos y que muchos son muy devotos de la Virgen y de los santos”.
Agregó que “para nosotros es una pena enorme y es un desafío para ver cómo la evangelización llegue al corazón” porque “cuando alguien de veras descubre a Jesucristo deja de ser asesino, criminal y corrupto”.
El obispo de Cuernavaca, Ramón Castro Castro, tampoco concibe que una persona pueda persignarse ante un San Judas Tadeo antes de salir a matar gente.
Así me lo comentó en una breve plática que sostuvimos recientemente en la catedral. “yo nunca he ido a bautizar a ninguna familia de narcotraficantes, y cuando se vienen a bautizar yo no les pregunto si son traficantes o no”, pero luego admite: “si me lo dicen en secreto de confesión no lo puedo divulgar”.
Y el representante católico sabe que hay gente que se dedica al narcotráfico y que va los domingos a misa, quizás también porque llevan una doble vida y tienen que acudir con su familia. a sabiendas de eso, “les digo (en la celebración de la misa) que ellos también son parte de la Iglesia porque muchos de ellos están bautizados, pero que no se les olvide que el dinero viene de la muerte, que el dinero viene del sufrimiento de las familias, les va a quemar el bolsillo, pero sobre todo les va a quemar la conciencia”.
El obispo Ramón Castro Castro está muy preocupado por lo que está sucediendo en Morelos y no necesita de estadísticas para asumir que el delito de secuestro está a todo lo que da. “Basta con preguntar en las parroquias a las que voy pido que levanten la mano los que han tenido con la violencia, con la inseguridad, y he quedado sorprendido de que casi siempre es la mitad”.
Pero el prelado no ha querido hacer pública la inconformidad de fieles y sacerdotes (quienes también han sido víctimas de la delincuencia), pues sabe que una declaración suya afectaría al gobierno estatal que le ha dado un buen trato durante su corta estancia en la entidad.
Sin embargo, no pudo quedarse callado hace un par de días cuando en la celebración de una misa en la parroquia de La Santa Cruz (suponemos que es la de la colonia Tres de Mayo, municipio de Emiliano Zapata) le comunicaron que había nueve personas de la comunidad secuestradas en ese momento.
“Visita parroquia Sta. Cruz. Hay 9 secuestrados en comunidad, pidamos a Dios por su bienestar y conversión secuestradores”, escribió en su cuenta de twitter @monsramoncastro.
Monseñor Castro también debe ser cuidadoso en sus manifestaciones, no por lo que pudiera incomodarle a su anfitrión, sino por la reacción de los malandros.
Ya se tuvo un caso en Apatzingán, estado de Michoacán, donde la Iglesia católica tuvo que sacar a su obispo, Miguel Patiño, bajo el argumento de que ya había rebasado la edad permitida, pero que en realidad se trató de una acción para evitar que se perpetrara un atentado en su contra por parte de los llamados “caballeros templarios”.
Finalmente, debemos mencionar que de la misma forma que el gobierno federal lo hace con el gremio de los periodistas, también con la Iglesia está buscando fórmulas para atender coordinadamente el tema de la delincuencia organizada.
En acapulco, por ejemplo, están poniendo en práctica la llamada “operación levadura”, un tejido de redes ciudadanas orquestado por la Iglesia para acompañar a las víctimas del crimen organizado a través de centros de escucha dotados de especialistas psicosociales, y el establecimiento de una ruta de varios ejes para la construcción de paz.
Destacan establecer una serie de protocolos de seguridad para los pastores de la fe (qué hacer y qué no hacer en zonas de violencia, en traslados, en carreteras, etcétera.), educar con base en la carta “que en Cristo nuestra paz, México tenga vida digna” publicada en 2010 por los obispos de México, y mantener una estrecha vinculación con el Ejército, la Marina y los gobiernos locales para procesar denuncias concretas.
Acapulco ha venido implementando esta “operación levadura” desde hace tiempo. Varias de las diócesis con mayores índices de inseguridad empiezan a importar el modelo: Zamora, Nuevo Laredo, Veracruz, sin contar que Chilpancingo, Tlapa y Altamirano también han sido permeadas.
El objetivo es que en todo el territorio nacional el mensaje desde el púlpito sea a favor de la construcción de la paz y que la Iglesia está unida en torno a ello, según han publicado medios nacionales.
Como que ya va siendo tiempo de que el gobierno de Morelos haga algo con la diócesis de Cuernavaca sobre el tema de la inseguridad.
HASTA MAÑANA