A un año de distancia, los tres meses serán depositados en las cuentas bancarias de cada uno de nuestros legisladores. Hoy hay argumentos de “trascendencia” para así hacerlo: desde que es una prestación irrenunciable, pasando porque los otros Poderes no hicieron caso ni tomaron el ejemplo de los diputados, hasta advertir que son pocos los 90 días ante los múltiples gastos que realizan los legisladores en labores de gestión y de apoyo a favor del pueblo que les otorgó el voto. Este último es autoría del diputado Omar Guerra, tras ser cuestionado por quienes en otra época fueron sus iguales, léase reporteros.
Los argumentos jurídicos para que los legisladores en turno no cobren esta prestación son claros:
La Asociación de Abogados Penalistas advierte que de hacerlo estarían incurriendo en un delito ya que esta prestación les corresponde solamente a los trabajadores.
Alberto Cebada Ochoa, presidente de esta agrupación, invitó a erradicar esta práctica indebida y fuera de la ley, “ya que todos aquellos que ocupan un cargo de elección popular no tienen derecho a cobrar este concepto”.
La Barra de Abogados a través de su presidenta, Adela Manzanares, fue clara al explicar que quienes ocupan cargos obtenidos en las urnas tienen carácter de patrones y no de trabajadores, por lo que no tienen derecho a ese ingreso.
La Barra reclamó a los representantes populares el que cobren ilegalmente tres meses de aguinaldo y exigió que se realicen reformas legales para establecer candados que impidan que diputados, integrantes de cabildos, magistrados y representantes del Poder Ejecutivo cobren esta prestación exclusiva de los trabajadores.
La colega Claudia Marino recoge el sentir de la comunidad empresarial:
La Cámara Nacional de Comercio y Servicios Turísticos (Canaco Servytur) considera un acto lastimoso para los morelenses que los diputados, secretarios, magistrados, alcaldes y regidores reciban 90 días de aguinaldo; es un “abuso completo y una violación a la Ley Federal del Trabajo”, señaló Rodrigo López Laguardia, su presidente.
Jaime Segura Pastrana, integrante de la Asociación de Empresarios de la Región Sur (AGES), señaló que además de que los salarios de estos funcionarios son ofensivos para el pueblo, “el hecho de que se paguen además tres meses con un salario mínimo de 50 mil pesos mensuales es una gran ofensa para la ciudadanía.
José Acevedo Medina, representante de la Asociación de Comerciantes del Centro Histórico (ACCH), se pronunció “totalmente en desacuerdo de este pago al que le han dado diferentes denominaciones: gratificación de fin de año, bonos, etc., pero de fondo el pago no es legal.
En el Poder Judicial, solamente para que sirva como ejemplo, el salario mensual del magistrado presidente supera los 300 mil pesos; en este fin de año se embolsará 900 mil por los 90 días no devengados más 300 mil del mes que corre. Un millón doscientos mil pesos para un solo funcionario, en un solo golpe, por una sola prestación, nos parece por demás ofensivo.
Esta prestación la estableció el entonces gobernador Lauro Ortega en un claro apoyo a la clase trabajadora, siempre golpeada y abandonada. Nos preguntamos si no sería conveniente que, de una sola vez, se adecuara el total de los 15 meses de salario que a fin de cuentas se cobran, se pagaran prorrateados a los doce meses del año y el aguinaldo se dejara en los 15 días que establece la Ley. Ganarían todas las partes, pero ya no existiría esta herencia que por supuesto apetece a los altos niveles seguir devengándola.
Por supuesto que la actual legislatura no lo hará. Sus argumentos tienen peso y superan cualquier posición legal; solamente la justificación del diputado Omar Guerra nos deja sin armas y hasta nos hace entender su gran necesidad y pobreza a las que los ha arrimado el ser diputados en Morelos. La próxima vez que el legislador le entregue algún apoyo, le solicitamos, amable lector recipiendario, que le agradezca doble o triplemente el gesto; porque está usted contribuyendo a que no ajuste los gastos del mes.
