La sombra asesina del movimiento estudiantil de 1968 ronda por las ciudades y los estados de la república mexicana. Los asesinatos de los estudiantes normalistas en el estado de Guerrero y el asalto a las casas estudiantiles en Morelia, Michoacán, y en distintos países, verbigracia, el movimiento estudiantil chileno, entre otros, muestran claramente que la violencia le está ganando terreno a la capacidad de diálogo, razonamiento y acuerdos por la vía que representa a las universidades, la vía de la discusión de las ideas y las propuestas de solución inteligente. La brutal respuesta que algunas autoridades tienen ante las demandas estudiantiles, no es sino la evidencia de la incapacidad de poder evaluar con objetividad, el grado de injusticia social en el que están sumidas una gran parte de las familias mexicanas, o de Latinoamérica. Sin lugar a dudas, un medio, quizá uno de los pocos que quedan, para que la población más desfavorecida pueda salir de la pobreza, es el acceso a la educación. Pero éste, hace tiempo que dejó de ser un bien común para todos. Al contrario, vemos que apenas sólo 3 de cada 10 jóvenes, un 30 por ciento, pueden ingresar a las universidades en nuestro país. Es decir, más de un 100 por ciento menos, que la media de los países que pertenecen a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que es de una cobertura del 66 por ciento. En otros momentos, he expresado que esta es una forma más sutil, pero más devastadora de represión, que puede tener un país sobre su población: restringirles a los jóvenes, sin condiciones económicas y sociales, el acceso a la educación. Pero si además de esto, nos encontramos con que ahora una de las estrategias para seguir con este proceso de exclusión de los más desfavorecidos es hacerles pagar colegiaturas cada vez más altas, aún en las universidades públicas, entonces nos encontramos que quienes pueden acceder a la educación superior son aquellos que tienen mejores ingresos. Y ya no sólo nos referimos a las universidades privadas, sino a las mismísimas universidades públicas. Algunas propuestas, como por la que optó la república chilena, es que se les otorgue a los estudiantes una beca préstamo, involucrando en el compromiso de pago, a toda la familia. El resultado ha sido desafortunado, ya que el endeudamiento generado no es posible cubrirlo, por los bajos salarios que se tienen y por la situación de desempleo (6.6 por ciento). De esos desempleados, el 21 por ciento son mujeres, menores de 25 años y de clase media, que justamente son quienes deberán endeudarse para poder estudiar. Esa es la condición económica que viven los chilenos. Ello ha motivado un gran movimiento estudiantil, familiar y social de los andinos. La respuesta de las autoridades: policía, toletes, gases, golpes, encierros, y todo aquello que no se informa oficialmente; pero que se vive y se sufre cuando la represión es la vía de “solución” a las diferencias. Está claro que ese modelo no es el adecuado, por lo tanto, es conveniente que dejemos de emular el ejemplo chileno como exitoso. Lo evidente es que ha fracasado y tiene sumida a la sociedad andina en una seria crisis social. En un país como el nuestro, en el cual tenemos alrededor de 14 millones de la población en la economía informal, que representa el 28.76 por ciento, más los supuestos sólo 2.6 millones de desempleados (en las estadísticas del INEGI no queda claro o falta saber en dónde se ubican los más de 7 millones de ninis), cómo podemos enfrentar el hecho de que miles de jóvenes no tengan la posibilidad de seguir estudiando y cuando ingresan, las condiciones económicas no les permiten mantenerse en ese nivel de estudios. Una acertada respuesta del gobierno federal es el incremento de las becas. Pero éstas se asignan sólo a algunos de los que ingresan, como ya dije a sólo 3 de 7, pero los otros 7 quedan a la deriva, sin empleo y sin estudios. Por supuesto, que es mejor esta alternativa de solución que aquella que emplean las autoridades michoacanas y guerrerenses: mejor becas que balas, toletes y gases lacrimógenos, ¡pero faltan espacios! Los presidenciables se han manifestado a favor de esta medida, sobre todo Andrés Manuel López Obrador, quien ofrece espacio para todos los que estén en posibilidades académicas, y Enrique Peña Nieto, que plantea alcanzar el 45 por ciento de cobertura. De Josefina Vázquez Mota y Gabriel Quadri, no he escuchado un claro pronunciamiento al respecto. Ya sabremos de sus propuestas el 21 y 22 de mayo, en la Asociación de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), donde se presentarán los cuatro candidatos para expresar sus objetivos en cuanto a la educación superior mexicana. En Morelos, sólo he escuchado a Graco Ramírez manifestarse en este sentido; habrá que esperar a que lo hagan Amado Orihuela, Adrián Rivera y Julio Yáñez. Y sobre todo, ¡que lo cumplan! ¡Hasta la próxima!