“Estoy dispuesto en ir al Congreso cuantas veces sea necesario y voy a informar, a escuchar sus críticas y observaciones”. Además, Ramírez Garrido mencionó que los coordinadores parlamentarios invitarán al presidente constitucional, así como al presidente electo de México, a que lo acompañen ellos o algún representante en su toma de protesta, en tanto, él ha realizado una cordial invitación a Marco Adame, ya que esto será una muestra de civilidad de la transición de un Gobierno de derecha a otro de izquierda.
Destacó que como gobernador constitucional, buscará tener un contacto directo con los diputados, y presentar él mismo la propuesta sobre el presupuesto, de modo que pueda explicar el por qué de los recursos destinados a cada área; en tanto, dijo que reinstaurará la antigua presentación del informe de Gobierno, para tener una plática directa con los legisladores y responder sus cuestionamientos.
“Vamos a trabajar en un proyecto de colaboración y gobernabilidad muy importante a favor de Morelos”, finalizó el gobernador electo durante la reunión a la que asistieron Blanca María González Ruiz del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Erika Hernández Gordillo del Partido Nueva Alianza (Panal), Alfonso Miranda Gallegos del Partido del Trabajo (PT), Fernando Guadarrama Figueroa de Movimiento Ciudadano (MC), Isaac Pimentel Rivas del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Javier Bolaños Aguilar del Partido Acción Nacional (PAN), Juan Ángel Flores Bustamante del Partido de la Revolución Democrática (PRD) Y Roberto Yáñez Vázquez del Partido Socialdemócrata (PSD).
Jorge Meseguer Guillen, coordinador de la Comisión de Enlace del Gobierno entrante, mencionó el pasado lunes 17 de septiembre que el próximo jefe del Ejecutivo estatal construye los puentes de gobernabilidad, ya que ha invitado a los ex gobernadores de Morelos a que asistan a su toma de protesta, que se desarrollará el próximo primero de octubre.
Señaló que Graco Ramírez se ha distinguido por ser un hombre de diálogo, debido a que sumará a todo color para construir la nueva visión de Morelos, y como muestra de ello, ya envió las invitaciones para el primer día de octubre a los ex gobernadores, a líderes nacionales de partidos, funcionarios, empresarios y artistas.
Aseguró que tendrá una relación de respeto mutuo con el Congreso del estado para construir una agenda que vaya más allá de lo coyuntural, con lo que se logrará tener un Gobierno en red, además de incorporar nuevas tecnologías para atender las demandas y el quehacer cotidiano del Gobierno.
Recordó que los diputados y el gobernador electo han tenido reuniones de trabajo para impulsar la nueva Ley Orgánica del Ejecutivo y la reestructuración de distintas áreas, además de la creación de cinco nuevas secretarías.
En los inicios del mes de octubre, Morelos será la primer entidad del territorio nacional en cerrar el ciclo de la transición, al convertirse en la única en ser gobernada por las tres principales fuerzas políticas del país; hasta el año 2000, por el PRI, después 12 años por el PAN y ahora, en el 2012, por un Gobierno que surge de la propuesta del PRD-PT-MC (Movimiento Progresista).
Cabe destacar que el Congreso está integrado por 30 diputados que fueron impulsados por ocho partidos políticos, ningún instituto tiene más de diez representantes populares; es la legislatura más fraccionada de la historia estatal, además es la primer ocasión en la que el gobernador, al inicio de la administración, es de un partido diferente al del presidente de la República y del edil de la capital de la entidad (Cuernavaca).
Con una experiencia parlamentaria de 15 años, al haber sido diputado federal en tres ocasiones y senador de la República, Graco Ramírez, conoce a la perfección la relación que se tiene con el Ejecutivo, desde ahí propone una vinculación ágil entre poderes, la cual, demanda el establecimiento y el cumplimiento de acuerdos, siendo ambos desarrollados bajo el principio de “gobernabilidad multilateral” que evite la necesidad de implementar las cláusula de gobernabilidad en el Congreso.
Nueva cláusula de gobernabilidad
“Es falso que en la pasada elección, la alianza entre el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) haya logrado los suficientes votos para alcanzar la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados”. Señaló el diez de agosto 2009, John Mill Ackerman Rose, académico, investigador y profesor de Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México, en un texto titulado “La nueva cláusula de gobernabilidad”, en el que recuerda que en la contienda federal intermedia, el PRI recibió únicamente 36.92 por ciento de la votación nacional, lo cual le da derecho a controlar hasta 44.92 por ciento de la Cámara, es decir 224 curules, de acuerdo con el tope del ocho por ciento de representación.
Por su parte, los 2.3 millones de votos que recibió el PVEM le permitirán recibir hasta 24 diputados federales. En total, la alianza PRI-PVEM alcanza un máximo de 248 legisladores, tres curules menos de lo que necesita para controlar la mayoría de la Cámara de Diputados.
¿Por qué, entonces, tanto triunfalismo de los priistas respecto de la próxima legislatura? Porque saben bien que cuentan con el apoyo de sus amigos consejeros electorales para cargar los dados en su favor a la hora de repartir las diputaciones plurinominales. A partir de una interpretación sesgada y parcial de la norma, los consejeros del Instituto Federal Electoral (IFE) preparan ya un jugoso regalo de 13 diputados adicionales a lo que legalmente corresponde al PRI.
Es por ello que se recuerda que en el pasado, el control unilateral del tricolor sobre el Congreso de la Unión, se lograba de forma autoritaria mediante la cláusula de gobernabilidad, que garantizaba que el partido que lograra la primera minoría, automáticamente recibía suficientes curules adicionales para controlar la mayoría absoluta. Hoy ya no hacen falta este tipo de leyes tramposas, porque es suficiente contar con un grupo de consejeros leales para asegurar el predominio del viejo partido de estado sobre la Cámara de Diputados.
El sistema electoral mexicano está diseñado para asegurar una amplia pluralidad en la representación política. La existencia de los 200 diputados plurinominales tiene el propósito precisamente de garantizar la representación de la diversidad de posiciones políticas que existen en la sociedad, así como de obligar al establecimiento de acuerdos entre las diversas fuerzas políticas. La representación proporcional no existe con el fin de asegurar la hegemonía de la primera minoría, sino todo lo contrario.
Por tanto, a la hora de repartir los diputados plurinominales, la autoridad se encuentra bajo la obligación de buscar la manera de priorizar la mayor pluralidad posible. La aplicación de este principio de mayor proporcionalidad se encuentra respaldo en una serie de fallos y tesis recientes, tanto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) como del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
La SCJN incluso ha llegado al extremo de determinar que la regla general de nuestro sistema electoral es la de gobernabilidad multilateral, donde el partido mayoritario está obligado a buscar el consenso con los minoritarios (P./J. 73/2001).*
Sin embargo, los consejeros del IFE ahora se alistan para hacer justamente lo contrario. En lugar de tomar 36.92 por ciento de la votación que el Revolucionario Institucional realmente recibió como la base para calcular el tope de sobre representación, han decidido inflar de manera artificial la presencia del PRI. De acuerdo con los árbitros en materia electoral, antes de calcular el ocho por ciento de sobre representación, habría primero que restar los votos nulos, los sufragios para candidatos no registrados y los que recibió el desaparecido Partido Social Demócrata, para llegar al porcentaje efectivo de la votación. Esta operación eleva mágicamente el porcentaje del PRI unos tres puntos porcentuales para llegar a 39.55 de la votación, lo cual le permitiría controlar 47.55 por ciento de los lugares en la Cámara de Diputados, o 237 curules, cantidad más que suficiente para imponer su hegemonía en el Congreso de la mano con el Partido Verde.
El problema es que ni la Constitución ni el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe) en ningún momento utilizan el término de votación efectiva o válida, y mucho menos indican que esto sería la base correcta para calcular el tope sobre la representación. De manera engañosa, el IFE pretende utilizar una definición desarrollada en el Cofipe para otro contexto, con el fin de favorecer al tricolor. Específicamente, buscan que la definición de votación nacional emitida, que la ley indica, debería ser la base para el cálculo del reparto inicial de diputados plurinominales, y que se utilice automáticamente también para el cálculo del tope de sobre representación.
Afortunadamente, el representante del Partido de la Revolución Democrática ante el IFE, Rafael Hernández, con el apoyo de dos acuciosos abogados, Jaime Castañeda y Fernando Vargas, ya ha alertado sobre esta situación. Ahora falta que los otros partidos políticos también se sumen al rechazo a este intento de reintroducir la cláusula de gobernabilidad por la puerta de atrás. El Partido Acción Nacional, por ejemplo, es el que más se beneficiaría con esta corrección, ya que le tocaría recibir entre seis y siete de los 13 diputados que los consejeros planean obsequiar al PRI. La sociedad no debe permitir que un partido que apenas alcanzó el respaldo de una tercera parte de los electores pueda dictar de manera unilateral el presupuesto y las políticas públicas federales.
*Jurisprudencia, P./J. 73/2001, Semanario de la Suprema Corte de Justicia y su Gaceta, novena época, pleno, XIII, mayo 2001, pág. 625.
Cláusula de gobernabilidad. El sistema así conocido, que aseguraba en los congresos legislativos la gobernabilidad unilateral del partido político mayoritario, fue modificado desde 1993, al culminar una serie de reformas constitucionales que tienden a consolidar el sistema democrático, adoptando el sistema de gobernabilidad multilateral que, por regla general, obliga a buscar el consenso del partido mayoritario con los minoritarios (interpretación teleológica de las reformas a los artículos 41, 52, 54 y 116 constitucionales).
A partir de 1963, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ha tenido importantes reformas, principalmente en sus artículos 41, 52, 54 y 116, que en el sistema político electoral han tenido la finalidad de lograr una mayor participación de los partidos políticos en la vida democrática del país. Dentro de esa directriz, respaldada por las fuerzas populares, se introdujo, primero, la figura de los "diputados de partido", que permitía destinar un número determinado de escaños en el Congreso de la Unión a los partidos que hubiesen obtenido un porcentaje mínimo de votación nacional en las elecciones. Esta apertura evolucionó posteriormente al sistema de representación proporcional, con lo cual se logró el pluralismo político, dentro del cual tuvieron oportunidad de hacerse oír, en las Cámaras legislativas, todas las corrientes ideológicas de significación. No obstante, aún existía la llamada "cláusula de gobernabilidad" que consistía, básicamente, en otorgar al partido mayoritario que no había alcanzado el cincuenta y uno por ciento de los escaños, los representantes necesarios para asegurar esta mayoría, resultando así un sistema de gobernabilidad unilateral o unipolar, pues aunque en el seno del órgano legislativo se oyeran las voces de las minorías, el partido mayoritario, de antemano, tenía garantizado el triunfo de sus iniciativas, dictámenes y mociones. Dicho sistema de gobernabilidad unilateral fue modificado en 1993, pues a raíz de las reformas de ese año al artículo 54 constitucional, ya sólo puede subsistir por excepción, dado que la regla general del sistema actual es la gobernabilidad multilateral, que privilegia el consenso entre las diversas fuerzas políticas, tanto mayoritarias como minoritarias, como una fórmula que pretende consolidar el sistema democrático mexicano. Éstos son los valores que, según se deduce, resguardan las mencionadas reformas constitucionales, conforme a su interpretación teleológica.
Acción de inconstitucionalidad 13/2000. Diputados integrantes de la Cuadragésima Octava Legislatura del Congreso del Estado de Morelos. Siete de mayo de 2001. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: Pedro Alberto Nava Malagón.
El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy diecisiete de mayo en curso, aprobó, con el número 73/2001, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a diecisiete de mayo de dos mil uno.
Promovieron la acción de inconstitucionalidad el dos de octubre de 2000 en la oficina de certificación judicial y correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Sergio Álvarez Mata, Jesús Antonio Tallabs Ortega, Tito César Sagahón Velasco, José Sigona Torres, Nicolás Edmundo Venosa Peña, Rodolfo Esquivel Landa, Demetrio Román Isidoro, Joel Juárez Guadarrama, José León de la Rosa Lagunas, Salomón Salgado Urióstegui, Javier Alvarado Ibares, Martín Gustavo Lezama Rodríguez, Martha Leticia Rivera Cisneros, Juventino López Serrano y Pablo Gómez Sánchez, todos ellos diputados locales (del PAN), integrantes de la Cuadragésima Octava Legislatura del Congreso del Estado de Morelos.
El odio a la democracia
En el siglo XXI la democracia es más que un sistema político. Es un estilo de vida. Consumo compulsivo, abundancia de medios de expresión, exaltación del culto a la personalidad, y prevalencia del derecho individual sobre el derecho colectivo, son sus manifestaciones emblemáticas. Parte del problema de la democracia es la economía.
Quienes están fuera de los beneficios del sistema son demasiados y para ellos la libertad es, si acaso, una teoría. En su lógica la democracia es una extensión de la oligarquía y otra forma de dominación. A quienes tienen este punto de vista los llamaremos “excluidos”, señala el investigador Jorge O. Rojas Prieto.
Ahí no termina el asunto. Por increíble que parezca, el odio a la democracia participa del sistema de partidos. Al margen de los excluidos, hay otro grupo que se siente amenazado por los valores de la democracia: tolerancia, pluralidad y libertad de expresión. A diferencia de los jóvenes que son contundentes en sus manifestaciones pero ineficaces para empujar propuestas, existen partidos que aglutinan a este grupo, que llamaremos “atemorizados”.
Excluidos y atemorizados encuentran en la democracia un enemigo común, y en el discurso discriminatorio, excluyente y violento, su arma de lucha.
Concentrémonos en el surgimiento de partidos, que no es un asunto menor. Estamos ante una trampa que la democracia se puso a sí misma, y de la que no habrá salida fácil. En nombre de la pluralidad y del derecho, partidos con una ideología extremista y nacionalista hoy cuentan con reconocimiento legítimo, recursos económicos y representación política.
Europa es el bastión del nacionalismo extremo. Junto con la crisis, han crecido la xenofobia, el racismo, la discriminación, y la hostilidad hacia grupos minoritarios. Ello beneficia a los nacionalistas, cuyo crecimiento electoral es evidente. Advierte Rojas Prieto, en el ensayo “Pluralidad en tiempos de odio a la democracia”, donde presenta algunos ejemplos: La lega nord (Liga Norte) de Italia consiguió, con base en un proyecto para criminalizar la inmigración, un 8.3% del voto nacional.
En Hungría Jobbik (Movimiento por una Hungría mejor) promueve políticas antisemitas, ataques a gitanos y a homosexuales, y es la tercera fuerza con un 17% de los votos. El holandés Partido de la Libertad aboga por la restricción de los grupos étnicos y de inmigrantes árabes; en 2010 alcanzó una votación de 15%. En Bélgica los partidos independentistas flamencos enarbolan causas parecidas, mientras que en Suiza el Partido Popular alcanza el 29% de las intenciones de voto. En Francia, la abogada Marine Le Pen y su Front National (Frente nacional) tienen el diez por ciento del voto. Los extremistas griegos de Amanecer Dorado tienen 18 diputados.
Los países escandinavos preocupan. Apenas en marzo, el Partido de los Auténticos Finlandeses, propuso severas restricciones migratorias (aunque en Finlandia menos del cuatro por ciento de la población es migrante) se convirtió en la tercera fuerza política del país. Los Demócratas de Suecia provocaron un escándalo con su propaganda, pero cumplieron su objetivo; los suecos les otorgaron el seis por ciento de los votos. Y está el noruego Anders Brehvik, simpatizante del nazismo, que asesinó a 72 jóvenes socialdemócratas reunidos en un campamento a las afueras de Oslo. Parece una cosa distinta. No lo es.
La derecha moderada acusa de recibido y se corre al extremo. En Gran Bretaña, el gobierno de David Cameron ha sido regresivo en cuanto a sus políticas migratorias y educativas, y su partido forma parte del bloque euroscéptico en el Parlamento Europeo. Canadá, bastión de la pluralidad, la inclusión y la tolerancia, es gobernada por el conservador Stephen Harper. Contraviniendo todos los principios sobre los que está fundada aquella nación, Harper llega a su tercer periodo con mayoría absoluta.
En Estados Unidos, la radicalización de los sectores republicanos más conservadores y el surgimiento del singular Tea Party, han desquiciado el espectro político del país. Precandidatos presidenciales republicanos como Ron Paul y Michelle Bachmann, con un discurso anti inmigrante y con tintes racistas, atraen al votante norteamericano blanco. Su propuesta es ambigua, combina repudio al gran Gobierno, a la inmigración, pero también al rescate de los intereses de Wall Street.
Concluye el documento publicado en la Revista Examen que América Latina, donde Lula sigue siendo figura referencial, tampoco se salva de la derechización.
El presidente chileno Sebastián Piñera sostiene un duelo a muerte con los estudiantes por la privatización educativa, y en Argentina hubo un partido nazi reconocido oficialmente hasta 2009. Paraguay, con la deposición de Lugo y la llegada de Franco, se suma a la tendencia.
México está en riesgo. El movimiento anti Enrique Peña Nieto mantiene autonomía en sus decisiones y tiene un discurso radicalizado y excluyente; Andrés Manuel López Obrador tiene a Morena. Las condiciones para gestar un nuevo partido nacional están dadas. Más preocupante es el liderazgo e ideario de este posible partido. AMLO no es de izquierda: su pensamiento es el de un predicador y su forma de ver la política, la de un apóstol.
No es secreto que es un conservador, y que su proyecto es ejercer una democracia plebiscitaria sin mediación institucional. La distancia que podría haber entre un partido con estas características y los nacionalistas europeos es poca.
El problema de México no es AMLO, son las condiciones contextuales que legitiman su proceder.
No podemos obviar el descontento ni olvidar a quienes se identifican con él. Proponer soluciones para incluir y gobernar bien para convencer, son los dos proyectos que evitarán que nuestra democracia caiga víctima de quienes aparentemente la odian. Considera el autor.
Predicar con el ejemplo
Durante el Gobierno de Jorge Carrillo Olea, se violentó la relación entre los tres poderes, a partir de 1997, el ejecutivo, el legislativo y el judicial, se confrontaron; esta belicosidad, ha estado presente en los Gobiernos de Sergio Estrada y Marco Antonio Adame Castillo, los testimonios son constantes. Carrillo Olea y Estrada Cajigal, no tenían experiencia legislativa, Adame Castillo, fue diputado federal plurinominal y senador de la República, sin embargo como gobernador, construyó una “sana distancia” con el poder ejecutivo local y el estatal, (a los últimos tres gobernadores electos, en algún momento, el Congreso les inició o pretendió iniciarles procedimientos judiciales).
En el Congreso estatal, que inició su gestión el primero de septiembre, están involucrados integrantes que buscarán impulsar los proyectos de sus partidos durante la próxima administración; Matías Nazario, fue el coordinador de la campaña del candidato priista al Gobierno estatal Amado Orihuela, y fue coordinador de comunicación social de Jorge Carrillo Olea. El hoy legislador priista era parte del poder ejecutivo, y el próximo gobernador era legislador. Tuvieron diferencias.
El coordinador de los diputados del PAN es Javier Bolaños Aguilar, funcionario panista desde 1997, a quien le corresponde impulsar los proyectos y las propuestas del Gobierno que concluye, y “cuidar las espaldas” de la administración anterior; mientras que un tema que será delicado, es la separación de la función pública de todos los funcionarios panistas que laboran hoy como empleados de confianza.
La separación de la nómina gubernamental de los empleados de confianza que ingresaron cuando llegó a la administración pública el Partido Acción Nacional, ha generado a los gobiernos municipales que han arribado serios problemas financieros; mientras tanto, los procesos ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje no concluyen, aun cuando se iniciaron en administraciones anteriores, el caso más significativo fue el municipio de Cuernavaca.
En 1997 llegaron los gobiernos del PAN, y concluyeron en 2009 los enfrentamientos entre los colaboradores de Roque González, último edil del PAN; sin embargo, los empleados de Manuel Martínez Garrigós, advierten las dimensiones de esa diferencia, ya que la legislación deja abierta la posibilidad de que los empleados de confianza, que pretendan mantenerse en el cargo, puedan buscar su permanencia ante las autoridades laborales.
Se calcula que son cerca de cinco mil los empleados de dependencias y organismos descentralizados, que deberán entregar las oficinas y las plazas donde han estado colaborando en los últimos 12 años, sin embargo no existen garantías.
Este tema puede impactar en la relación entre el Gobierno 2012-2018 y los diputados del PAN, además de la revisión de las cuentas públicas de todas las áreas, ya que por ley, las debe realizar el nuevo Gobierno, así lo establece la norma jurídica correspondiente y debe cumplirse.
Legalmente puede implementarse en la relación entre poderes la “gobernabilidad multilateral”, legítimamente, exige condiciones y actitudes que las fuerzas políticas diferentes al partido en el Gobierno, están en total libertad de cumplir y poner en práctica o no; por ello, la “reforma del poder” que defina atribuciones de todos los actores públicos, y permita construir bajo esas condiciones, un proyecto estatal que incluya los temas indispensables, para elevar la calidad de vida de los ciudadanos y otorgar la seguridad jurídica y social que todos reclaman.
La gobernabilidad multilateral advierte perspectivas viables, en el primer Gobierno de Morelos que será de un partido diferente al federal, sobre todo cuando el partido que gobernó los últimos 12 años, se convierte otra vez en una organización testimonial y tercera fuerza nacional; aquí gobernará más municipios el Partido Verde que Acción Nacional.
