La ceremonia de toma de protesta de Graco Ramírez Garrido Abreu como gobernador constitucional del estado de Morelos, se realizará con la participación de los tres niveles y los poderes que integran el aparato de Gobierno, sin embargo, las estructuras encargadas de participar en los procesos electorales, principalmente como impulsores de las candidaturas y los proyectos, no lograron arribar a esa fecha.
Existen tres fuerzas políticas principales en la entidad, por un lado se encuentra el Partido de la Revolución Democrática, que desde el próximo lunes será el “gobernante”; dentro del PRD, su dirigente formal es Abel Espín, quien arribó a la posición sustituyendo a Juan Ángel Flores Bustamante, que dejó el liderazgo para asumir la posición legislativa que le fue asignada por la vía plurinominal; Espín carece de “legitimidad” y no tiene influencia en los diversos grupos o corrientes que integran a la organización con la estructura más “horizontal” de la entidad.
Para efectos prácticos no puede realizar labores de interlocución entre el Gobierno estatal, y los integrantes de esa organización en los 33 municipios, los legisladores locales, los federales o el Comité Nacional de esa misma organización, así como son las estructuras y representaciones de las otras fuerzas políticas; el partido en el Gobierno es el “salvaguarda” del proyecto y de los resultados de la propuesta que más votos logró reunir en la contienda electoral.
En la época de la “Dictadura perfecta”, el partido del Gobierno legitimaba las decisiones del mandatario en turno y aplicaba las sanciones a quienes “se alejaban del proyecto de Gobierno”, un ejemplo de ello fue la actitud del CEN del PRI, de los senadores y de los diputados federales, cuando se anunció el proceso de desafuero del senador por Sonora Jorge Díaz Serrano; también en aquel entonces se cumplía con el protocolo de dar “las buenas nuevas sobre el ungido” desde ahí se anunciaba el nombre de quien era considerado por la organización como el “mejor prospecto” para recibir alguna candidatura, desde cargos municipales, hasta la Presidencia de la República. A partir del 23 de marzo de 1994, y desde Lomas Taurinas, los anuncios del “carro completo” de aquel partido que se encontraba en el poder, se modificaron con un candidato sustituto (Ernesto Zedillo), por lo que el PRI logró su último triunfo con un “abanderado” designado desde “el centro del poder”. (Francisco Labastida fue candidato por consulta abierta).
Hoy el partido en el Gobierno debe cumplir una función diferente. Para desarrollarla se requiere de una dirigencia con “apoyos” al interior de la organización; en el PRD Morelos, no se cumple esta condición.
El Partido Revolucionario Institucional, registra a Manuel Martínez Garrigós como presidente del Comité Directivo Estatal, su liderazgo tampoco cuenta con el apoyo para considerar al dirigente formal de la segunda fuerza política en la entidad, ya que no tiene representatividad suficiente para construir un “puente de entendimiento” con el Gobierno estatal, federal o municipales, los representantes ante el Congreso de la Unión, y los legisladores locales, así como la dirigencia de su organización a nivel nacional.
El PRI gobernó 70 años, perdió la Presidencia de la República y el Gobierno de Morelos en el 2000; la organización local enfrentó entre 1994 el inicio del nuevo siglo un proceso “traumático”, ya que su gobernador electo “pidió licencia indefinida al cargo”, por conflictos de seguridad pública y de inconformidad social,
Esa organización tiene una lista de ex gobernadores con serias diferencias entre ellos, Antonio Riva Palacio (1988-1994) renunció a la titularidad de la comisión de procesos internos, luego del conflicto para la designación del candidato a gobernador que anunció la inscripción de Amado Orihuela, Jorge Carrillo Olea, estuvo al margen del proceso interno en lo público y se observó su presencia en lo privado, Jorge Morales Barud fue finalmente candidato a la Presidencia municipal de Cuernavaca (fue precandidato a la gubernatura), Jorge Arturo García Rubí gobernó casi un semestre y estuvo al margen en lo público del proceso electoral.
Antonio Riva Palacio será asesor del Gobierno de Graco Ramírez, mientras que Jorge Carrillo Olea es el único ex mandatario al que se le aplicó la cláusula de “nos reservamos el derecho de admisión”. Para efectos prácticos ninguno de los ex gobernadores considera con seriedad el liderazgo de Martínez Garrigós.
El actual dirigente priista arribó a esa posición luego de un conflicto con la estructura local y la dirigencia nacional, ya que cuando buscó ser el candidato a gobernador, se le dio esa posición y un lugar en la lista plurinominal al congreso local, se distanció en el proceso de los liderazgos nacionales, además, es necesario recalcar que enfrenta diversos procesos administrativos a consecuencia de la revisión del manejo de los recursos públicos de su gestión como alcalde de la capital de la entidad.
Los priistas aseguran que permanecerá como legislador plurinominal y que desde el CEN del PRI se designará a un delegado que asuma el control del partido y sea un interlocutor reconocido entre el Gobierno estatal y el federal, así como organice el trabajo de quienes están en puestos de representación popular o de Gobierno a nivel local, por ejemplo en Cuernavaca con Jorge Morales Barud; para el primero de octubre, el PRI no tiene una dirigencia legal y legítima que pueda representar a su organización ante el Gobierno local.
Por otra parte, el Partido Acción Nacional se convirtió en la cuarta fuerza política de la entidad, aunque a nivel nacional, será la tercera, por el numero de presidencias municipales que tendrá, y sobre todo el número de electores que gobernará a partir del primero de enero (dos municipios y menos de 60 mil votantes); su participación es menor a la del Partido Verde Ecologista de México, que en Morelos gobernará cinco municipios.
Germán Castañón Galaviz fue el presidente de esta organización en los dos últimos procesos electorales, en el 2009, fueron la segunda fuerza. Algunos militantes de esa organización todavía en el Gobierno exigieron su salida.
El gobernador Marco Antonio Adame Castillo y el senador Adrián Rivera, quienes eran figuras importantes de ese partido, acordaron su permanencia, aún sobre la tendencia nacional, donde sí sustituyeron al líder del partido.
El resultado de la elección de julio pasado provocó su dimisión, para dar paso a un proceso aún inconcluso de sustitución que algunos advierten “garantiza” la permanencia de “La sagrada familia” al frente de la organización, siendo dirigente sustituto Liborio Román Cruz Mejía, simpatizante de este grupo panista, donde anuncian ya la intención de registro de Norma Alicia Popoca, como la “aspirante formal” a la dirigencia.
Sus primeros triunfos los tuvieron en 1994 cuando ingresó como senador de primera minoría Javier Alvarado Ibarez, en 1997, cuando en marzo, lograron dos presidencias municipales (Rodolfo Esquivel en Emiliano Zapata y Sergio Estrada en Cuernavaca), y tres distritos locales, (Érika Cortés, Fernando Martínez Cué y Marco Antonio Xicoténcatl).
Sólo Érica Cortes aparece en el Partido Acción Nacional de aquellos candidatos que lograron mayoría (fueron legisladores locales Raúl Hernández Ávila y Emma Margarita Alemán por la vía plurinominal, y en lo federal Marco Antonio Adame Castillo también plurinominal).
Ninguno está involucrado en el proceso de sustitución de la dirigencia estatal, de un partido que concluye un ciclo de 12 años al frente del Gobierno federal y estatal, al cual se le revisarán las cuentas porque así lo establece el proceso legal de entrega-recepción; el primer tema que deben enfrentar ya sin ser Gobierno es la intención de un importante número de militantes activos que “pretenden colaborar” con un Gobierno de ideología diferente a la que les otorgó el nombramiento.
En 1994 el Gobierno priista de Jorge Carrillo Olea, invitó al ex candidato a gobernador panista Luis Miguel Santamaría a colaborar y fue nombrado director de un organismo descentralizado, la dirigencia estatal, lo “expulsó” de la organización, hoy no existe ningún pronunciamiento en torno a la intención de trabajar para otro Gobierno por parte de la dirigencia de Liborio Román. El PAN enfrenta temas que tienen mayor peso en su interior antes de definir quién mantendrá la interlocución con el Gobierno 2012-2018.
La ausencia de las renuncias
En Morelos los trabajadores de confianza son los que realizan funciones de dirección, inspección, vigilancia y fiscalización, manejo de fondos o valores, auditoría, control directo de adquisiciones, en almacenes e inventarios, investigación científica, asesoría o consultoría, secretarías particulares o ayudantías.
En resumen, los empleados de confianza son los secretarios o equivalente, subsecretarios, coordinadores generales y directores generales, jefes de departamentos en las dependencias del Gobierno o municipios, o sus equivalentes en sus entidades públicas.
Durante la hegemonía del PRI, administraciones municipales y estatales iban y venían, y al final de ellas, todos los funcionarios de manera “institucional” entregaban sus renuncias para dar paso al cambio de funcionarios de la nueva administración.
Cuando se dio el cambio de partido político en el poder en Morelos en el año 2000, también los funcionarios del PRI se alinearon y de manera “institucional” entregaron sus renuncias para dar entrada a los funcionarios panistas.
A 12 años del Gobierno del PAN, el ejercicio del poder desgastó tanto a ese partido que pasó a ser la tercera o cuarta fuerza política, a pesar de que los ciudadanos ya no votaron por el PAN, sus funcionarios de alto nivel de subsecretarios, directores y jefes de departamento, es decir, los de confianza, no entregan sus renuncias, se quieren quedar en el poder aunque la gente los haya repudiado en las elecciones.
Dicen que no se las han pedido, lo que advierte puede tratarse de una trampa bien articulada en contra del Gobierno perredista entrante, para que no puedan nombrar funcionarios de confianza a menos que paguen liquidaciones estratosféricas con cargo al erario público, o bien, se trata de ignorancia.
El Gobierno 2000-2006, entregó de manera “institucional”, una omisión desde la Secretaría del Trabajo de Víctor Reyes Adams, ya que existe en la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, la obligatoriedad de expedir los nombramientos por el tiempo que dura la administración (hasta el 30 de septiembre de 2012), a todos los funcionarios de confianza, y de no realizarlo, se generaron las condiciones legales para la búsqueda de liquidaciones por parte de los funcionarios salientes.
El pasado lunes, el coordinador del Gobierno de transición Jorge Messeguer, advirtió que este tema, generará el retraso en el inicio de algunos proyectos hasta enero del 2013.
Al inicio del proceso de entrega-recepción, los equipos anunciaron que se haría una entrega total y transparente de la administración pública, además el pago de adeudos anteriores será cubierto por el nuevo Gobierno.
Acabar con abusos de burócratas
Este miércoles la diputada local del Partido Revolucionario Institucional Rosalina Mazari Espín envió al Congreso una iniciativa que advierte la intención de “atender un problema que se ha convertido en un exceso, abuso y mala fe de muchos empleados de confianza con altos niveles de ingresos en sueldos y que obtienen de forma flexible, una alta pensión que no corresponde a la vida laboral desempeñada en el servicio público”.
Agrega la legisladora: “quienes aprovechan el contenido genérico y noble de la norma para obtener una pensión para toda la vida, que por mínima que sea, es desproporcional a sus años de servicio con el mismo nivel del que se pensionan. Muchos cumplen a penas los 18 ó 20 años que exige la Ley como mínimo para tener acceso a una pensión del 50% y por alguna razón, sea de capacidad, un favoritismo o del tráfico de influencias se les coloca en un cargo superior que nunca en su vida laboral han desempeñado, y cuando dejan esa posición, solicitan inmediatamente su pensión y esta se va a calcular en base al último salario percibido, logrando un gran ingreso que atenta contra las finanzas públicas, la moral pública y los principios del derecho laboral”.
La propuesta consiste en que los altos funcionarios que perciban un sueldo superior al de un director general de la administración pública central del Gobierno del estado o municipios, deben cumplir siete años con ese nivel laboral del que pretenden jubilarse, sea de manera continua o interrumpida. La iniciativa no quita derechos laborales y menos conculca estos, sólo regula el exceso y garantiza equidad, proporcionalidad, mérito, justicia y recursos para la pensión deseada. Los siete años mencionados, responden a un plazo todavía menor a la media aritmética de los 18 años en mujeres y 20 años en hombres que como mínimo se exige a un empleado para aspirar a una pensión del 50%. El plazo de los siete años, obliga también en acreditar un año más que el tiempo que dura un sexenio, lo que impide las altas pensiones de los funcionarios ocasionales.
En cuanto a tomar como referente el sueldo o ingreso de un director general de la administración pública central del Gobierno del estado o municipios, responde a que este nivel laboral de confianza guarda el equilibrio, es una posición laboral intermedia en facultades, ingresos y mando dentro de los organigramas, y del tabulador de los empleados de confianza de ambas administraciones, tanto la estatal y municipales, y con ello, a lo que se aspira es que quien tenga el derecho a una pensión con un ingreso económico de un alto cargo en la administración pública la tenga, pero en los hechos y en el derecho lo merezca.
A partir de 1980, el estado de Morelos recibió una inmigración importante de ciudadanos provenientes de otras entidades federativas, lo que hizo necesario ampliar los bienes y servicios públicos para atender esa demanda; ya en este año 2012, el Gobierno del estado de Morelos cuenta con 15 secretarías de despacho y 37 organismos sectorizados a las secretarías de despacho, por ejemplo el Hospital del Niño Morelense, el Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos (IEBEM), la Comisión Estatal de Arbitraje Médico (Coesamor), el Instituto de Vivienda del Estado de Morelos y la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria.
El Gobierno electo ha manifestado su interés por crear cinco secretarías más, la de Cultura, Movilidad y Transporte, Ciencia y Tecnología, Desarrollo Sustentable y la de Información, lo que implicará ampliar el aparato burocrático y exigir el día de mañana, mayores pensiones y muchas de ellas, con elevados montos de pensión.
A nivel nacional, nuestro estado de Morelos no es ajeno al grave problema con el sistema de pensiones, un ejemplo claro es la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, debido a que el déficit en su sistema de pensiones casi provoca la quiebra financiera de la institución, el problema crece porque la edad de vida del mexicano va en aumento y en Morelos, somos de las cinco entidades federativas del país con mayor esperanza de vida en hombres y mujeres, en promedio para el año 2020, en los hombres es de 75 años y en las mujeres será de 80 años, lo que eleva exponencialmente el fondeo de las pensiones y se convierte en un problema para los presupuestos anuales, razón suficiente para regular, como lo proponemos, las altas pensiones de algunos funcionarios, y que de no atenderse, se pone en riesgo el suministro de una gran mayoría que reciben mínimas pensiones y que no les alcanza para subsistir.
Es delicado ver cómo funcionarios muy jóvenes con una vida productiva laboral futura, prefieren pensionarse a temprana edad para aprovechar los altos porcentajes del monto del sueldo y dejar los distintos porcentajes que la ley señala para alcanzar el 100 % de la pensión con los años de servicio estipulados, lo que demuestra que se requiere regular en un sentido ese desequilibrio de pensiones adelantadas de los funcionarios de alto nivel. Según el proyecto que establece de la legisladora, falta todavía conocer la opinión de los 30 legisladores locales, el PAN sólo tiene ocho representantes populares en el congreso local de estos Erica Cortes y Javier Bolaños Aguilar cumplirán en 2015, 18 años de que ingresaron al servicio público; sólo Bolaños Aguilar, ha estado de forma ininterrumpida.
La reforma laboral
Marco Antonio Adame Castillo concluye 15 años de participación en la vida pública desde el primero de septiembre de 1997 al 30 de septiembre de 2012; los últimos 36 meses merecen una revisión singular, ya que sintetizan la etapa en la que el partido con el que llegó al poder, enfrentó la adversidad electoral, que dio paso a la conclusión de los gobiernos de su partido a nivel estatal y federal.
Son tres los temas que exponen las diferencias entre los puntos de vista gubernamental y social, la determinación de autorizar un incremento a la tarifa de transporte público al margen de las expresiones de usuarios, estudiantes y representantes del Gobierno entrante, el incumplimiento del compromiso establecido con los jubilados y pensionados del sector educativo de entregarles un recurso público que demandaron desde hace varios años, y la intención del Gobierno federal de impulsar finalmente una reforma laboral, con la cual estuvieron comprometidos desde que iniciaron sus gobiernos.
Los dos temas locales deberán solucionarse con la administración que inicia funciones el próximo lunes, el actual Gobierno pospuso los mismos; a principios de esta semana los transportistas que se beneficiaron con el incremento de las tarifas sin otorgar descuentos a estudiantes y no modernizar su planta vehicular, bloquearon el centro de la ciudad, reclamando más autorizaciones para realizar actividades de transporte de carga.
El asunto federal afectó ya el proceso de entrega-recepción porque sirvió para confirmar la ausencia de políticas laborales al interior de la entidad, ahora los maestros iniciaron movilizaciones que recuerdan las emprendidas cuando se quiso imponer un acuerdo de modernización en el 2008.
El lunes 24 de septiembre, la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados solicitó a la Mesa Directiva, declarar el jueves una sesión permanente para discutir y votar el dictamen de reforma laboral.
“Que la sesión del próximo jueves 27 de septiembre sea una sesión permanente que dure las horas o incluso los días que sean necesarios como cámara de origen para desahogar el dictamen que la Comisión de Trabajo nos envíe respecto a la iniciativa preferente en materia laboral”, puntualizó Luis Alberto Villarreal, jefe de la bancada panista y presidente de la junta de coordinadores en el Palacio de San Lázaro.
Reafirmó así la determinación de cumplir con el dictamen de la reforma laboral en un plazo máximo de 30 días, por el carácter preferente que el presidente Felipe Calderón dio a su iniciativa.
Villarreal dijo desconocer el dictamen de la Comisión de Trabajo y negó un supuesto acuerdo PRI-PAN para suprimir las propuestas de transparencia y democracia sindical, a cambio del apoyo priista a las nuevas modalidades de contratación y pago por hora.
Interrogado sobre el rechazo del PRD a la reforma y el amago de tomar la tribuna parlamentaria, el coordinador panista indicó: “Yo le preguntaría a la izquierda mexicana y particularmente al PRD ¿a quién van a defender? ¿A los trabajadores o a las cúpulas sindicales? Repito, ¿a quién va a defender el PRD? ¿A los trabajadores en su derecho a la transparencia, en la rendición de cuentas y a la democracia o a los líderes sindicales? Su voto va a reflejar lo que defiende el PRD, más allá de las mentiras que puedan decirse en los medios de comunicación”, en las últimas horas se modificó la iniciativa original que se espera sea discutida hoy.
Para el estado de Morelos, la actualización de la legislación laboral, tiene implicaciones singulares, aquí se iniciaron en la década de los sesentas y setentas, movimientos de trabajadores que fueron ejemplo en otras entidades, hoy aquí está una de las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje, local y federal, señaladas por las cúpulas empresariales y por el Gobierno entrante como las más corruptas del país.
El Congreso del estado de Puebla, condonó impuestos por 12 años y entregó un predio de 460 hectáreas a una empresa alemana fabricante de vehículos automotores, para que instalen ahí una factoría que generará cerca de cuatro mil empleos calificados en los próximos seis años.
El Gobierno de Morelos que concluye, anunció la instalación de infraestructura que atraerá inversiones importantes para los próximos años, ninguna obra pudo iniciarse desde que se anunciaron por la inconformidad manifiesta de diversos integrantes de las comunidades donde se pretenden realizar esos proyectos, el Gobierno entrante ya inició pláticas con los inconformes.
La relación de los inversionistas y hombres de negocios locales, nacionales o internacionales con el Gobierno panista con o sin reforma laboral, no advierte la realización de algún proyecto que impacte en la calidad de vida de los pobladores de la entidad, las últimas expresiones pueden considerarse de rechazo si se reflexionan los espectaculares que se colocaron en el libramiento, cuestionando la autorización del Congreso para conservar “la escolta” al mandatario 2006-2012 hasta el 2015.
La distancia manifiesta entre las expresiones y las acciones de quienes protagonizaron la transición de más de 90 para la entrega del Gobierno estatal, confirma la necesidad de revisar la vigencia del sistema de partidos, y la necesidad de construir una gobernabilidad multilateral, con un soporte jurídico que establezca las responsabilidades por el incumplimiento de acuerdos y objetivos. La evolución de la vida política en Morelos, no corresponde a las condiciones económicas y sociales que con la democracia exigió la sociedad. Hasta hoy.
