El escenario que esa organización se plantee podrá cumplirlo, en los hechos, será oposición en el Estado de Morelos, será gobierno a partir del primero de diciembre en el ámbito federal y en Cuernavaca a partir del primero de enero de 2013, desde 1994 ha realizado diversos ejercicios ordenados que advierten la perspectiva de ser una institución de alta competencia política y desde el 2000 inicio en lo local la búsqueda de su propia identidad enfrentando las intenciones que les sugerían desde el centro del país.
En 1998 siendo diputado federal y delegado especial del PRI en Morelos, Samuel Palma analizó en una entrevista las condiciones que enfrentaba su partido, luego de la solicitud de licencia al cargo de gobernador que el general Jorge Carrillo Olea presentó al Congreso del Estado, hizo una reflexión: “imagina a la política sin el PRI”. La posibilidad de que en Morelos sea la primera entidad en donde esta organización sea casi inexistente, es responsabilidad de sus actuales integrantes.
El Partido Acción Nacional arribó al poder en el 2000, asumió en la misma fecha el gobierno federal y el de Morelos 12 años después los mismos electores que lo apoyaron determinaron que su ciclo de “prueba” frente al Poder Ejecutivo había concluido y lo convirtieron en la tercera fuerza a nivel nacional y en la cuarta fuerza en Morelos, donde gobernará menos municipios y a menos pobladores que el Partido Verde Ecologista.
El partido que concluyó su administración estatal, el pasado 1 de octubre, cuando Marco Antonio Adame Castillo dejó el gobierno estatal, ya sustituyó a su dirigencia local y determinó designar a Norma Alicia Popoca, en una asamblea que trascendió de manera testimonial de cara a la sociedad, la separación de la dirigencia de Germán Castañón y la eleccion de la nueva dirigencia, recuperó la discrecionalidad que caracterizó al PAN, durante las décadas que fue la tercera fuerza política en Morelos.
Llega al gobierno Graco Ramírez Garrido Abreu, quien fue candidato del Movimiento Progresista, que se integró por el Partido de la Revolución Democrática, como organización convocante, el Movimiento Ciudadano y el Partido del Trabajo se adhirieron al proyecto, los resultados que en lo individual lograron cada una de estas organizaciones.
Las cifras del cierre del Programa de Resultados Preliminares del primero de julio de 2012 con el 96.7% de las actas capturadas, en las que se registraron 754 mil 497 votos de una lista nominal de un millón 311 mil 365 ciudadanos inscritos, una participación superior al 57.5 %, señalan que el PAN con Adrián Rivera logró 113 mil 944, el 15.1%, el PRI 200 mil 146, el PVEM 21 mil 89, el Panal 8 mil 119, más 32 mil 468 por el proyecto dan un total de 261 mil 822, el 34.7% a favor de Amado Orihuela.
Por su parte el PRD obtuvo 226 mil 628, el PT 29 mil 828, el MC 17 mil 945 y ese proyecto 52 mil 22, lo que significa un total para Graco Ramírez del 326 mil 423 el 43.3%. El PSD con Julio Yáñez tiene 31 mil 239, el 4.1%.
Cifras que corresponden al cierre del PREP con el 96.7% de las actas capturadas, en las que se registraron 754 mil 497 votos de una lista nominal de un millón 311 mil 365 ciudadanos inscritos, una participación superior al 57.5%.
La importancia de los votantes
El PRI teniendo como candidato a Amado Orihuela, fue considerado por 200 mil de los 700 mil votantes como la mejor propuesta para gobernar Morelos del 2012 al 2018, al PRD con Graco Ramírez como candidato lo apoyaron más de 226 mil votantes, tienen una diferencia entre partidos del 13 por ciento, en esta ocasión a favor del sol azteca. Y el manejo que de los sufragios haga cada organización tendrá un efecto en la siguiente contienda.
En 2008 el gobierno estatal del Partido Acción Nacional consideró que la simpatía de los maestros, expresada en las urnas en 2000, 2003 y 2006 era incondicional, la toma de decisiones desde el gabinete de Marco Antonio Adame Castillo no advirtieron la revisión que sobre el desempeño de sus funcionarios estaban realizando ya los más de 200 mil votantes, incluidos los educadores.
Una determinación, que advirtió desde que se anunció la tendencia autoritaria que caracterizó aquella administración, anunciaron sin mediar negociación previa, la inclusión de Morelos en un Acuerdo Nacional de Educación, los educadores denunciaron la falta de “cortesía” realizando movilizaciones para exigir que su punto de vista fuera tomado en cuenta. El gobierno respondió descalificando a “los pocos inconformes”.
Ese movimiento evolucionó hasta convertirse en una expresión social, que durante varios meses frustró las actividades económicas y sociales en el primer cuadro de la capital de la entidad, pero logró atraer la atención de medios de comunicación nacional y en momentos hasta internacional. Se repitió el fenómeno del club de golf El Tepozteco, guardadas las proporciones, Jorge Carrillo Olea menospreció la inconformidad de los pobladores de Tepoztlán y Marco Antonio Adame Castillo menospreció la inconformidad de los maestros.
En el Partido Revolucionario Institucional, advierten sus historiadores, que una actitud mantuvieron con la ciudadanía los presidentes que tenían experiencia previa en procesos electorales (todos hasta Gustavo Díaz Ordaz) y otra los que por primera vez eran registrados como candidatos a algún puesto de eleccion popular cuando fueron “destapados” rumbo a la presidencia (Luis Echeverría, José López Portillo, Miguel de la Madrid, Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo), pero Luis Donaldo Colosio, Francisco Labastida Ochoa, Roberto Madrazo y Enrique Peña Nieto sí tuvieron experiencias electorales previas.
Jorge Carrillo Olea fue candidato a gobernador de forma directa, Marco Antonio Adame Castillo fue registrado en la lista plurinominal de la circunscripción federal que incluye al Estado de Morelos en 1997 y fue candidato a senador en el 2000, cuando los abanderados anclas para Morelos fueron Vicente Fox a la Presidencia de la República y Sergio Estrada Cajigal a la gubernatura.
Cuando fue candidato a gobernador, el mandatario estatal era Sergio Estrada y el “líder moral” del PAN en Morelos era el entonces también candidato a senador Adrián Rivera Pérez, los procesos de designación de candidatos en el Partido Acción Nacional mantuvieron un orden y una perspectiva de busca de sufragios desde 1997 hasta 2006. La selección de aspirantes se realizó de forma ordenada de acuerdo a la “disciplina partidista” que imponía “La Sagrada Familia”, así lo demostraron en el 2000 cuando impusieron a José Raúl Hernández Ávila sobre Fernando Martínez Cué, única ocasión en la que el candidato a diputado federal logró más votos que el abanderado a la alcaldía.
Las elecciones concurrentes han desarrollado un “aislamiento” de los abanderados a cargos de representación popular, su imagen queda diluida por el impacto de los abanderados a las presidencias municipales, a la gubernatura y a la Presidencia de la República (hoy nadie recuerda el nombre de los abanderados al Senado, a la diputación federal y a la local por su distrito, esta condición incluye a un importante número de militantes de todos los partidos políticos y sus dirigencias).
Los votantes se olvidan de los abanderados y los abanderados olvidan a los votantes. El Partido Revolucionario Institucional confirma esta tendencia, con el enfrentamiento que han generado un grupo de los integrantes de esa organización que han solicitado ya la separación de la presidencia estatal de Manuel Martínez Garrigós, consideran públicamente que ese partido les pertenece, y dejan al margen cualquier comunicación con los 200 mil que confiaron en su proyecto.
Los partidos, organismos de interés público
Al no existir una ley de partidos que regule el funcionamiento de estas organizaciones durante los procesos electorales y fuera de ellos, la ley correspondiente genera condiciones para que las “burocracias de los partidos” puedan realizar la sustitución de sus dirigentes a su propia conveniencia. En el caso del PAN el “selecto grupo” de consejeros determinó quien sería su siguiente dirigente, fuera de los “muros de la organización”, los panistas que se sintieron marginados, expresan en cafeterías y reuniones sociales su inconformidad sobre el proceso y la designacion de la dirigencia.
Quienes participaron en ese partido y dejaron sus filas advirtieron que una de las razones para separarse de la organización, fue el que estaba iniciando un retorno a su origen, quienes lo administran, buscan que vuelva a ser una organización testimonial, que les permita disponer de los espacios plurinominales y de primera minoría en todos los procesos electores, sin la responsabilidad de gobernar y competir.
El Partido Revolucionario Institucional de Morelos llegó a ser la tercera fuerza electoral en el 2006, más por conflictos internos que por la “alta competencia política” que, aseguran, todavía no está integrada a la “vida democrática” de Morelos. En 1999 se enfrentaron con una violencia que no se conocía entre priistas.
El proceso de disminución de esa organización se inició cuando arranca el gobierno de Jorge Carrillo Olea y éste “baja de la caravana de la alegría” a la organización que lo registró meses antes como su candidato y que lo presentó ante todos los morelenses como “el mejor hombre para conducir los destinos de la entidad durante los siguientes seis años”, concluyó así un ciclo de 12 años en los que los gobernadores Lauro Ortega Martínez y Antonio Rivapalacio López gobernaron con y para su partido.
La ley de transparencia y la norma electoral anterior a 1996 no consideraba como delitos electorales o de desvío de recursos el que los gobiernos “fortalecieran las finanzas y la militancia de sus organizaciones”, “entre la clase política de la época” era considerado “de muy buen gusto” el que el mandatario saliente cumpliera con cortesías a favor de quien sería su sucesor y de los candidatos que consideraba “óptimos” para los diversos puestos de elección popular. Se mantuvo la creencia de que eso generaba un buen ánimo “entre los electores”.
Está hoy pendiente luego de varios procesos de revisión en los que ese tema se incluyó en la agenda original, que al realizar una reforma política o electoral, se incluya ahora sí la realización de una Ley de Partidos, que rescate para los ciudadanos la propiedad de esos organismos considerados de interés público, en lo político y en lo financiero, hoy disponen libremente de las prerrogativas que les entregan autoridades electorales para su funcionamiento, aunque incumplan uno de los objetivos que impulsan la participación ciudadana y la educación y difusión de valores cívicos.
El PRI, su versión oficial
Esta es la breve historia que el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional difunde: Bajo el régimen del general Porfirio Díaz (1877-1911), México había logrado altas tasas de crecimiento económico, pero ello a costa de un inequitativo reparto de la riqueza y de una creciente dependencia hacia el exterior.
La ausencia de espacios para la participación política, la injusticia social para con los trabajadores del campo y la ciudad, así como la concentración de la tierra en manos de unos cuantos hacendados, serían el caldo de cultivo para la reacción que transformó al país.
La Revolución Mexicana de 1910 constituyó un movimiento armado que trastocó el orden de cosas existente para dar paso a un nuevo régimen, con la promulgación de la Constitución de 1917, primera en el mundo en incorporar reivindicaciones agrarias y sociales.
México tenía entonces que diseñar las instituciones que le dieran sustento; transitar paso a paso, sobre vías propias y adecuadas a las condiciones imperantes en ese momento.
El Partido Nacional Revolucionario ( PNR) surge en 1929 como un partido de corrientes, de fuerzas políticas distintas pero afines, provenientes del movimiento de 1910.
El PNR sería, en consecuencia, la institución más poderosa para la competencia política, y el lugar adecuado para diseñar los primeros acuerdos y prácticas en la lucha por el poder público; así pudo auspiciar relevos de gobierno por medio de elecciones y en condiciones de estabilidad social
Concebido como un partido de masas y tutelar de los derechos de los trabajadores, ante el creciente ascenso de las movilizaciones populares que reclamaban una mayor participación en los asuntos del Estado y una más equitativa distribución de la riqueza. De manera incipiente surgió el sistema de partidos. Junto al Partido de la Revolución Mexicana –en que se transformó el PNR en 1938– y la presencia absoluta que mantenía en el escenario político nacional, a partir de 1939 comenzaron a surgir una serie de partidos con ideologías y principios opuestos a los postulados de la revolución.
En esa época crecían y se multiplicaban en la tierra los regímenes comunistas y de fascistas, cuando los nazis provocaban la Segunda Guerra Mundial.
Con un gobierno cohesionado y fuerte, el progreso que se alcanzó durante esos años permitió contar con servicios de asistencia social; se pasó del latifundio a la comunidad ejidal y a la pequeña propiedad agrícola y se construyó una amplia red de carreteras; se creó la organización sindical y se garantizó el reconocimiento de los derechos obreros, un estatus jurídico para los empleados y la institución de pensiones civiles de retiro. Se pasó de la empresa capitalista de transportes a la cooperativa de trabajadores, se creó seguro social, los bancos agrícolas y ejidal, la creación de centros escolares cada vez más numerosos y mejor equipados.
La estabilidad lograda hasta entonces iba de la mano con el predominio del PRI (que sustituyó al PRM en 1946), sometido a fuertes presiones y exigencias para la preservación y conquista de los espacios de poder público. Además, el PRI enfrentaba el cambio generacional obligado por el envejecimiento de los militantes formados en la lucha revolucionaria, para abrir el paso al poder a civiles con educación universitaria.
Con el PRI en el gobierno y su compromiso con el destino democrático del país fue posible superar las tentaciones hacia los autoritarismos de izquierda y de derecha que aparecieron en el entorno de la Segunda Guerra Mundial y posteriormente de la Guerra Fría.
México se ponía al día con las tendencias en la participación democrática del mundo; en 1947 al reconocer el voto de la mujer en las elecciones municipales y en 1953 el derecho de votar y ser votada en cualquier elección.
Un nuevo paso hacia delante hacía necesario llevar la pluralidad de partidos a su expresión política en la conformación del gobierno; el trayecto se inició en 1963 con los diputados de partido, a fin de asegurar que fuerzas políticas prioritarias accedieran al Congreso y con ello se fortalecieran, enriqueciendo la vida política del país. Nuevamente el PRI vislumbró ese sendero y fue quien lo llevó a la práctica.
El balance no puede omitir la emergencia de movimientos de inconformidad social suscitados a fines de los años cincuentas y durante la década de los sesentas, que mostraron las limitaciones del sistema político, así como las contradicciones del esquema de desarrollo del país, con alto crecimiento económico y expansión de los servicios en un marco de estabilidad política y de precios, pero que no resultaban suficientes para una población que crecía a ritmo acelerado y estaba más alerta de sus derechos. Todo ello mostraba que el régimen político requería reformarse para mejorar su desempeño. Hacia ese punto se orientarían las transformaciones que el PRI alentaría.
El sistema de partidos y la afirmación de la pluralidad política tienen su impulso definitivo con la reforma electoral de 1977. A partir de entonces se encauza la resistencia política por la legalidad y los partidos son reconocidos en la Constitución como entidades de interés público.
La iniciativa priista tuvo lugar con una oposición que parecía diluirse, cuando en 1976 el candidato postulado por el partido no enfrentó adversario alguno para la elección presidencial, con serio riesgo para su legitimidad.
Frente a la crisis electoral de 1988, en la que actuaban fracciones desprendidas del partido, el PRI supo entender nuevamente la necesidad de ajustes. En 1989 se inició un ciclo positivo de reformas electorales hacia la competencia política que culminaron en 1996. Este ciclo implicó la creación de instituciones y procedimientos que profesionalizaron y otorgaron autonomía a la organización de los comicios, con un cuerpo jurisdiccional para la calificación electoral y lograron construir bases de equidad entre los partidos políticos en la competencia por el poder público.
El PRI y sus predecesores son organizaciones políticas que conjuntaron más de 70 años en ejercicio del poder público; constituyen, en ese sentido, el actor principal de la hazaña democrática de México, incluso cuando otros flaqueaban o cuando, por el cálculo de ganancias parciales e inmediatas, negaron su contribución a las reformas democráticas de México.
El PRI ha acreditado en los hechos y décadas su compromiso por la democratización en la competencia por el ejercicio del poder público. Al hacerlo, fue democratizándose el ejercicio del poder y se vencían las tendencias al autoritarismo. En el mundo actual la exigencia de la democracia es la llave de la cooperación internacional.
La alternancia del 2000 ocurrió sin necesidad de acuerdos especiales para doblegar resistencias o para habilitar el traslado del poder de un partido a otro. No fue así porque había régimen democrático y porque el PRI actuó con responsabilidad democrática. En buena parte por el PRI, la alternancia ocurrió sin contratiempos, enfrentamientos o rupturas. Aceptamos que en la democracia se gana o se pierde.
Los hechos de la historia pudieron ser distintos si las decisiones se hubiesen encaminado por un rumbo diferente al emprendido por el PRI. Lo que se venció y se dejó a un lado fue el peligro del totalitarismo, de un partido de Estado, de la exclusión de los gobiernos civiles, de la negación de la pluralidad, la competencia política y la alternancia. Lo que se dejó atrás fue el riesgo de la dictadura, de un proceso rumbo al autoritarismo, en vez de hacia la democracia del régimen político.
El proceso que culminó en un ciclo hacia la democracia plenamente competitiva, con un sistema plural de partidos, mostró el arribo de un destino diseñado por la Constitución de 1917 al definir a México como una república representativa, democrática y federal. En ese sentido, el PRI cumplió con el proyecto de la Revolución Mexicana al comprometerse con el destino democrático que ésta se había propuesto alcanzar. El Partido Revolucionario Institucional luchará permanentemente por la preservación del régimen republicano, democrático, representativo y federal, sustentado en las hazañas históricas liberales plasmadas en nuestra Carta Magna. Concluye el documento.
El PRI de Morelos: burocratizado
En las primeras semanas de 2013 deberá definirse el medio centenar de delegaciones federales, que representan al centro del país en todas las áreas en la entidad, algunas son consideradas importantes para la relación entre el gobierno federal y el estatal, otras otorgan “representatividad social y un título burocrático nobiliario, que genera comodidad” para quienes en ellas son designados.
Por primera vez Morelos tiene un gobierno estatal de un partido distinto al del gobierno federal, los titulares de las secretarías de despacho y de los organismos desconcentrados y descentralizados que tienen representación aquí, serán a partir del primero de diciembre simpatizantes con el proyecto de Enrique Peña Nieto y del Partido Revolucionario Institucional y tendrán que construir acuerdos con funcionarios locales, que fueron designados por el gobernador Graco Ramírez, impulsado por el Movimiento Progresista (PRD-PT-MC).
El PRI fue la primera fuerza en Morelos en el 2009, a través de 15 diputaciones en el Congreso local, cinco en el federal y cerca de 20 municipios, incluidos Cuernavaca y Cuautla, logrando reintegrar en el presupuesto a un importante número de “militantes y simpatizantes” luego de casi una década y que quedaran fuera de la nómina gubernamental a partir del primero de enero, así como le ocurrió a todos los panistas, que están saliendo de la nomina estatal luego de 12 años.
La mayoría de los que no lograron resultados en las urnas y sus equipos de campaña están ahora “picando piedra” en el centro del país, buscando un “espacio” en la nómina federal, incluida la dirigencia de su partido en la entidad o la representación local del CEN, que incluye la administración de las prerrogativas locales y los recursos nacionales.
Manuel Martínez Garrigós insiste en permanecer en el cargo, ya anunció la realización de un “prolongado proceso de reconstrucción” que él pretende encabezar, Amado Orihuela acarició la intención de retornar a la dirigencia que desechó cuando desde ahí se impuso como candidato a gobernador, y los “despechados” consideran que ninguno de los dos tiene “merecimientos suficientes” para encabezar el proyecto y ya levantaron la mano como “bloque” y en lo individual.
Ninguna de las expresiones incluye la realización de una proceso de análisis que permita proponer primero un proyecto viable de partido que acompañe al gobierno federal y recupere espacios en lo local, las expresiones más priistas advierten la importancia de “limitar y enfrentar” los proyectos progresistas para así generar más oportunidades de triunfo en el 2015 a sus candidatos. Proponen una dirigencia de la confrontación, contrario al gobierno de coalición que impulsa su dirigencia nacional.
Desde Morelos, durante los gobiernos priistas surgió la teoría de los cangrejos morelenses en la olla, donde ninguno logra salir de la misma, porque el resto de los ahí recluidos impiden el ascenso de cualquiera.
