En México viven cerca de 120 millones de habitantes, la estructura de Gobierno la integran casi cuatro millones de empleados gubernamentales en todos los poderes y los niveles tanto federal, estatal y municipal. La ausencia de un “acuerdo nacional de prioridades” genera las condiciones para que los campesinos consideren que el desarrollo de las zonas rurales, son el tema central, los profesores y los estudiantes exijan que se mejoren los presupuestos para la educación, así como los médicos demanden mayores recursos para la salud.
Cada sector impulsa sus necesidades de forma aislada, sin que se propongan desde las representaciones populares (regidores en los municipios, diputados locales en los estados y diputados federales y senadores en el país), alternativas multidisciplinarias que expongan el impacto que la atención a la salud tiene en el campo, los programas educativos en los índices delictivos, el desarrollo de las industrias contaminantes en la producción agrícola, y la vinculación multicultural a la preservación de los conceptos de identidad y soberanía nacional, entre otros.
En Morelos incluso se mantiene la teoría de que deben ser especialistas en la materia los que sean designados al frente de los sectores, los abogados exigen hoy ser tomados en cuenta como organizaciones sociales disfrazadas de “ciudadanas” para integrar la terna de aspirantes a la Procuraduría de Justicia, por otro lado en el sector salud, se nombra a un médico considerado “notable en la comunidad”, mientras que en el desarrollo urbano y la comisión del agua a diversos especialistas.
La única dependencia que no ha logrado designar como su titular a un profesor de carrera, es la Secretaría de Educación que ha tenido a ex líderes de las uniones de padres de familia y a destacados catedráticos universitarios, sin embargo, ninguno de ellos tiene un vínculo con la educación básica, donde están integrados la mayoría de los empleados de ese sector; así han operado desde que se sobrepuso la Secretaría al Instituto de Educación Básica, que es donde se aglutinan los servicios de preescolar, primaria y secundaria de la entidad.
Aunque el fracaso consecutivo en los proyectos permite ubicar como una de las razones de la falta de cumplimiento de objetivos, los criterios “monotemáticos” de los programas gubernamentales, sigue imponiéndose el criterio popular de “zapatero a tus zapatos”, las decisiones “unilaterales” han provocado la duplicidad de funciones y las desvinculaciones de programas, que integrados significan una elevación cuantificable en la calidad de vida de los pobladores impactados por esas propuestas.
Huexca
El poblado de Huexca fue considerado como uno de alto nivel de pobreza para la realización de los proyectos que impulsa el sector energético federal a través de la Comisión Federal de Electricidad desde hace varios meses, y que contó con la aprobación de los representantes populares por Morelos en el centro del país y el Gobierno anterior de filiación panista; este proyecto, como muchos otros se han impulsado en grandes espacios cómodos y con soporte tecnológico de punta, pero no fueron “socializados” con los habitantes o pobladores que serán impactados directa e indirectamente durante la construcción de la obra y el funcionamiento del proyecto en turno.
Los habitantes de esa región, dejaron de serlo para intentar convertirse en ciudadanos a la defensa de su patrimonio y de sus creencias, son pobladores con el resultado que los gobiernos democráticos tienen sobre sus vidas y sus espacios, se organizan para protestar como nunca se organizaron para producir, ese fenómeno es recurrente en un Morelos que ha logrado frustrar inversiones que son impulsadas por capitales mixtos, (mexicanos y extranjeros), como lo fueron las empresas que quisieron instalarse en Yautepec (colindante) en la década de los noventa, cuando rechazaron una fábrica de shampoo de origen europeo, y una fábrica oriental de bolígrafos.
Una consideración externada por los promotores de aquellos proyectos fue que era difícil “lidiar con indígenas necios que todo rechazan”, en esos lugares, la falta de satisfacciones materiales ocasiona el desinterés de los pobladores por el conocimiento, un alto porcentaje de los mayores de 15 años, no han logrado concluir la educación secundaria y algunos son analfabetas, incluso es en aquellos lugares donde nacen y mueren individuos sin que el aparato gubernamental tenga conocimiento, pues no contaron con acta de nacimiento y defunción.
La ausencia de un “lenguaje” común entre los promotores, que pretenden avecindarse con y a través de sus proyectos, un Gobierno que acudió en alguna ocasión a solicitar el voto y la confianza de esa comunidad a la que nunca regresó, y una población sin mayores recursos que se entera que “la civilización” significa violencia, pérdida de identidad y carencia de valores, no pueden construir acuerdos para conocer y aprobar los proyectos que se plantean.
El pasado fin de semana, funcionarios de Gobierno del Movimiento Progresista, se reunieron con los pobladores de Huexca, para dialogar sobre dos temas, las ventajas, bondades y certidumbre del proyecto energético y la posibilidad de que ahí se impulsen otros proyectos productivos que les permitan convertirse en micro empresarios dentro de sus propias regiones y con productos que armonizan con su hábitat, que incluso pueden considerarse sustentables.
Este proyecto está integrado a un esquema nacional que involucra a varios estados, a Morelos se le incluyó y luego se le anunció como compromiso presidencial en la segunda mitad del Gobierno de Felipe Calderón, lo iniciaron y se suspendieron las obras en los meses previos a la elección de 2012.
La construcción de las dos Centrales de Ciclo Combinado (CCC) fueron adjudicadas a la compañía española Abengoa, con sede en Sevilla, que durante el sexenio de Felipe Calderón ha obtenido contratos en el sector energético. El costo de una de estas plantas podría ascender a 400 millones de dólares.
La construcción del gasoducto le fue asignada a las también españolas Enagás y Elecnor. Su costo será de 260 millones de dólares y estas empresas se encargarán de la conducción del gas por un lapso de 25 años.
El 27 de julio, cuando se afinaron las últimas negociaciones, el simple anuncio de la asignación de la obra hizo que las acciones de Elecnor subieran 1.26% y las de Enagás, 1.28%, según reportó entonces la agencia española EFE de noticias.
En el Atlas Nacional de Riesgos que exhibe en su portal electrónico el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred), se localiza el mapa de peligros del volcán Popocatépetl. Este instrumento fue elaborado por investigadores del Instituto de Geofísica de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y como objetivo establece:
En lo referente al Área 2, el mapa establece que en caso de una gran erupción hay un riesgo similar al del Área 1. El perímetro establecido “podría ser afectado por la caída moderada de arena volcánica y pómez, cuyo espesor puede variar desde un milímetro o menos en erupciones pequeñas hasta un metro en erupciones muy grandes”, establece el Cenapred.
El Área 3 es considerada la de menor peligrosidad en el caso de materiales expulsados del volcán.
El gasoducto y las termoeléctricas se ubican en las áreas dos y tres.
Por ejemplo, campesinos de los municipios de Plan de Ayala, Anenecuilco, Yecapixtla, Ocuituco y Temoac, cuestionan la forma en que se obtendrá el agua necesaria para la operación de las termoeléctricas. La mayoría de las comunidades vive de plantíos de riego y de temporal.
Conforme a datos, los campesinos aseguran que las dos plantas consumirían alrededor de 40 millones de litros de agua diarios. Cuautla podría producir cinco millones de litros, por lo que el resto deberá extraerse de pozos, lo que afectaría a todas las comunidades.
“No somos ignorantes como (los de la CFE y los gobiernos locales) creen. Sabemos leer, calcular y no nos van a ver la cara. Hemos buscado y sabemos que para enfriar las turbinas usarían gas cloro, que es altamente peligroso”, advierte Miguel Álvarez.
Se estima que las termoeléctricas de Huexca generarán 700 empleos. En la localidad viven alrededor de mil habitantes y la mayoría se dedica a labores del campo. Según los inconformes, el PIM modificaría su forma de vida y causaría migración y repoblación.
La falta de educación es una de las razones por las que muchos temas se “partidizan”, y se integran a causas ajenas al proyecto en cuestión, pero coincidentes en cuanto a que integran a grupos de habitantes que carecen de educación, porque el Gobierno no logra cumplir el mandato constitucional, que le compromete a ampliar ese servicio para otorgarlo de manera gratuita a todos los mexicanos.
En Morelos se calcula que cerca del 30 por ciento de los mayores de 15 años, que viven en mayoría en las zonas rurales de la entidad, no lograron concluir la educación secundaria, lo que provoca que no puedan ser integrados a la economía formal, a través de un empleo que pueda otorgarles las garantías laborales que la Constitución les garantiza, es ahí donde se forman habitantes que desconocen sus garantías individuales.
Derechos democráticos
La Organización de las Naciones Unidas en su programa para el desarrollo, define a la ciudadanía integral a la que “abarca un espacio sustancialmente mayor que el del mero régimen político y sus reglas institucionales. Hablar de ciudadanía integral es considerar que el ciudadano de hoy debe acceder armoniosamente a sus derechos cívicos, sociales, económicos y culturales, y que todos ellos conforman un conjunto indivisible y articulado”.
Ciudadanización es la asignación al ciudadano a una participación mucho mayor frente a la esfera política, sin embargo no se desconoce la función del Estado en tanto que sea capaz de localizar la participación y dar continuidad a ésta mediante la representación, como tampoco se obvia la capacidad estatal de descargar responsabilidades de decisión para los que se ocupan de los asuntos públicos, sino más bien se trata de pensar la política sin reducirla al sistema político.
Según la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, los derechos que distinguen a una gestión pública democrática son:
El derecho a la libertad de opinión y de expresión, de pensamiento, de conciencia y de religión, de asociación y de reunión pacífica.
El derecho a la libertad de investigar y de recibir y difundir informaciones e ideas por cualquier medio de expresión.
El imperio de la ley, incluida la protección jurídica de los derechos, intereses y seguridad personal de los ciudadanos y la equidad en la administración de la justicia, así como la independencia del Poder Judicial.
El derecho al sufragio universal e igual, así como a procedimientos libres de votación y a elecciones periódicas libres.
El derecho a la participación política, incluida la igualdad de oportunidades de todos los ciudadanos para presentarse como candidatos.
Instituciones de Gobierno transparente y responsable.
El derecho de los ciudadanos a elegir su sistema de Gobierno por medios constitucionales u otros medios democráticos.
El derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a la función pública en el propio país.
La cultura política debe entenderse como: el “conjunto de actitudes, creencias, cogniciones y sentimientos que ordenan y dan significado a un proceso político, y que proporcionan los supuestos y normas fundamentales que gobiernan el comportamiento del sistema político.
Abarcan desde los niveles políticos hasta las reglas de actuación; son, hasta cierto punto, manifestación de las dimensiones psicológicas y subjetivas de la política. Son las maneras de expresión de los individuos, de sus relaciones entre sí, con sus organizaciones o instituciones, que dan forma al sistema político.
Las creencias y los comportamientos componen los elementos centrales de la cultura política de un pueblo. Es, en definitiva, el imaginario colectivo en torno al poder, la autoridad y el sentimiento, la obediencia y la rebelión; la percepción subjetiva de una población respecto al poder”.
También debe considerarse la definición de desarrollo humano de la Organización de las Naciones Unidas como: “Es un concepto dinámico referido a las libertades y las capacidades humanas, definido en un sentido extenso, que entraña la ampliación de lo que las personas pueden hacer y ser. Implica el progreso y bienestar humanos vividos con libertades sustanciales, es decir, poder hacer las cosas que se valoran y se desean hacer, teniendo las opciones para hacerlo. Uno de los aspectos centrales del concepto de desarrollo humano es el énfasis que pone en el objetivo básico anclado en la gente: crear las condiciones propicias para que hombres y mujeres disfruten de una vida prolongada, saludable y creativa. Además del objetivo básico de ampliación de opciones de la gente está el de asegurar el uso cabal de las capacidades alcanzadas; hacerlo requiere del empoderamiento de la gente, de manera que pueda participar y beneficiarse de los procesos de desarrollo”.
Equidad de género
Otro de los temas que están en la “agenda pública”, en el que están involucradas organizaciones que exigen a todos los gobiernos que se impulse, y que en los partidos integrados al Movimiento Progresista impacten en el caso e incluso en la asignación de candidaturas, (por esta razón se emitió la resolución que favoreció a la diputada local del IV distrito, María Teresa Domínguez) es la equidad de género, misma que enfrenta una serie de “interpretaciones” sobre su definición, que “justifican” el activismo partidista que de forma velada o abierta realizan diversas personas, algunas de las cuales logran beneficios “alternativos”.
En el estudio realizado bajo el título: La equidad de género en el México democrático del siglo XXI: Una evaluación de la participación política y la inclusión, se asegura que la aplicación de la perspectiva de género como una metodología innovadora y progresista, permite reinterpretar la realidad social, a partir del entendimiento de que las diferencias biológicas (sexuales) entre hombres y mujeres han creado desigualdades sociales, siendo el sector femenino el más perjudicado históricamente. A través de los estudios de género, ha quedado en evidencia que las relaciones de género –las relaciones entre hombres y mujeres- son relaciones de poder, en las cuales, las mujeres han padecido discriminación, subordinación y exclusión frente al predominio de los hombres.
En este sentido, la utilización del enfoque de género como nueva herramienta de análisis, así como la promoción del principio de equidad de género en la sociedad, son dos elementos fundamentales en aras del establecimiento y/o fortalecimiento de sistemas verdaderamente democráticos. Un tipo de democracia acorde con la promoción y salvaguarda del principio de equidad de género, es la denominada democracia de ciudadanía. Así, mediante el ejercicio de una ciudadanía integral, todos los ciudadanos –hombres y mujeres- se encuentran respaldados y capacitados para hacer valer sus derechos sin distinción alguna y sin menoscabo de su integridad personal.
Si bien las mujeres han sido concebidas y tratadas como ciudadanas de segunda categoría, la construcción de una ciudadanía integral, por un lado, y el compromiso del Estado con el respeto y garantía de los derechos humanos de todos los ciudadanos por el otro, permitirían el establecimiento real de un trato igualitario entre hombres y mujeres.
Asimismo, queda claro que la situación desfavorable de las mujeres puede ser revertida a partir de la ejecución de políticas de género. Ello, paralelamente, a la promoción de una cultura democrática basada en esquemas sensibles al género que reconsideren las experiencias, las necesidades y los intereses tanto de hombres como de mujeres.
En este sentido, en términos de participación política, es claro que las mujeres no pueden permanecer ausentes de la práctica del poder.
“La participación de los hombres y de las mujeres en un plano de igualdad es un elemento decisivo del desarrollo duradero, y un símbolo del grado de madurez política de las sociedades”.
Para revertir la situación desfavorable de las mujeres, se requiere un gran compromiso tanto del Estado como de la propia sociedad civil. Ello, considerando que el trasfondo de los esquemas de desigualdad y discriminación de género es un asunto cultural que permea todas las prácticas sociales. Por parte del Estado, el compromiso está en la ejecución de políticas de género, así como en el fomento de un ambiente adecuado para el desarrollo de éstas. Ya que la promulgación de leyes y la institucionalización de políticas a favor de las mujeres, son un elemento fundamental para lograr sociedades integrales y justas.
Así quedó demostrado en la presente investigación, en términos formales existen en México diversos mecanismos jurídico-institucionales que promueven la equidad de género. En tanto que en la escala internacional, nuestro país ha ratificado más de una decena de instrumentos que reconocen y promueven los derechos humanos de las mujeres. Dichos instrumentos internacionales, a pesar de que abarcan diversos ámbitos, tienen entre otros muchos objetivos, fomentar la equidad de género.
Entre los instrumentos internacionales que destacan se encuentran: la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención Internacional sobre la Concesión de los Derechos Civiles de la Mujer, el Convenio sobre la Igualdad de Remuneración, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres, la Declaración y Programa de Acción de Viena, Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer y la Declaración y Programa de Acción de Beijing.
El reparto de comisiones
La democracia se sustenta en la participación del pueblo a través de sus representantes; en las calles y en los medios de comunicación son temas fundamentales la equidad de género y el combate a la pobreza, así como el evitar que se cometan abusos desde el poder, sin embargo para las representaciones populares, luego de rendir protesta, las “prioridades se individualizan”.
En el Congreso del estado de Morelos, se cumplen 60 días del primer periodo de sesiones, están congregándose públicamente una vez a la semana, y tardaron varias reuniones en definir quiénes serían los titulares de las diversas áreas administrativas, sus objetivos están limitados a la confrontación y la imposición de criterios, de lo que da testimonio la “gran diferencia” entre bancadas en torno a la utilización de un emblema.
Discretamente están dando trámite al importante número de jubilaciones que los funcionarios panistas gestionaron días antes de que concluyera el Gobierno de Marco Antonio Adame Castillo, entre las que destaca la del ex secretario de Programación y Finanzas Alfredo Jaime de la Torre, que no cumple con los requisitos legales según los datos que estaban en la página de internet del Gobierno estatal.
Los representantes populares ante el Congreso de la Unión, desaparecieron de la entidad luego de que se conoció el resultado de la elección, los senadores y diputados federales, estuvieron dedicados durante los primeros sesenta días de su gestión, a buscar acomodo en las comisiones que les resultaron de interés, en ningún caso, federal o estatal, trascendió que el representante popular de alguna jurisdicción acudiera ante sus electores al distrito que representa, a consultar en torno a qué comisiones debía buscar su representante popular.
El acomodo o integración de los legisladores en las comisiones parlamentarias correspondió a una “cruza de vocaciones con espacios disponibles y el partido al que pertenecen”, esto genera que algunos legisladores sean destinados a participar en temas que les resultan de poco interés, el ex diputado federal por Morelos Felipe Ocampo, se integró a la comisión del deporte porque representaba la región sur, con cabecera en Zacatepec, donde existió un equipo de futbol de primera división, él pertenecía al sector obrero como trabajador de la industria cañera, por lo que al conjunto se le denominó “los Cañeros de Zacatepec”, como representante popular acudió a una olimpiada para “supervisar el desempeño de la delegación nacional”.
“La política es el arte de lo posible”, existen instituciones que garantizan la libre participación en los procesos electorales, la confianza en las estructuras gubernamentales y las representaciones populares, sin embargo, todo esto se perdió por la impunidad con la que sustraen y desvían recursos públicos los integrantes del poder ejecutivo en todos sus niveles (municipal, estatal y federal), así como los abusos de poder que siguen revelándose a los representantes populares; los votantes los “observan” con desconfianza, por la belicosidad con la que desempeñan su temporal función; al millón 300 mil votantes que habitan en el estado de Morelos, los funcionarios de todos los niveles y los representantes populares de todos los ámbitos, los señalan como “apáticos, negligentes y dispersos”, la democracia reclama el que cada quien asuma la función que le corresponda y desde ahí se establezcan y cumplan acuerdos multidisciplinarios que permitan elevar la calidad y el nivel de vida de todos los ciudadanos.
