Mientras la señora Hilary lamentaba el asesinato de su connacional, así como la realidad experimentada por ciudadanos mexicanos inertes frente a la “guerra inter tribal” entre los clanes de la droga, por otro lado el ex presidente de Colombia, César Gaviria, expresaba que “en México existe la creencia de que sólo la Policía está corrompida por el narcotráfico y esto es una equivocación, pues todo el sistema político está contaminado por este flagelo”. Para él, todos los testamentos de la justicia y del poder político están “rete contaminados”.
Gaviria presumió los resultados colombianos en la lucha contra el crimen organizado: “Tenemos una justicia penal mucho más eficiente, metemos a la cárcel a todo mundo: a los gobernadores, a los ministros, a los narcotraficantes, a los paramilitares, hay 40 parlamentarios en prisión”. Etcétera. Si esto ocurriera en el caso mexicano, amables lectores, simple y sencillamente nos quedaríamos sin clase política nacional y ya no habría más sector público. Quizás eso necesita México: extirpar de raíz todos los tumores cancerosos. Hoy por hoy esta es una nación de cínicos.
Efectivamente: tal como lo reflexiona Hilary Clinton, los mexicanos somos víctimas del fuego cruzado entre bandas delincuenciales, mientras las fuerzas federales también han protagonizado violaciones a los derechos humanos e incurrido en daños colaterales, la mayoría olvidados en enormes montañas de impunidad. De alguna forma u otra, el discurso oficial sigue pugnando por legitimar la guerra que sacó al Ejército Mexicano a las calles de las regiones más conflictivas en cuanto al tráfico de estupefacientes se refiere, hecho que está bajo el riguroso escrutinio de quienes no descartan el eventual pago de una altísima factura por ese motivo, recordando los escenarios que experimentaron algunos países latinoamericanos con dictaduras militares. Y el Ejército quiere más independencia, para lo cual propugnan leyes a modo.
Los más importantes personeros del gobierno federal aducen que “seguimos descabezando a los cárteles”, lo cual pudiera ser encomiable siempre y cuando se ofrezcan resultados positivos a la sociedad y se justifique el clima de violencia latente en algunos estados. Empero, cabe recordar que la problemática ha sido recurrente, acentuándose en países productores y consumidores de drogas. Bien dice César Gaviria: el sistema político de México está corrompido por el narcotráfico. Empero, yo diría que la delincuencia organizada, bajo sus diversas modalidades, logró infiltrar todas las estructuras del sector público. Donde usted rasque brota la supuración.
Varias veces me he referido a la economía criminal prevaleciente en México, y hoy retomaré mis propios conceptos. Al hablarse de economía criminal se tiene en mente la constelación emergente de una amplia gama de fenómenos y procesos criminales, donde los diferentes núcleos y redes se entrelazan y combinan en sus aparatos, personales, capitales, tráficos, protecciones, recursos (financieros, organizativos, de violencia defensiva y ofensiva), conexiones socioeconómicas y políticas; crecen y avanzan en sus diferentes aspectos y niveles, y se refuerzan mutuamente. Esto tiene múltiples y crecientes implicaciones para los países latinoamericanos, para sus economías, sus sociedades, sus culturas y sistemas políticos, para las posibilidades de existencia y progreso de los regímenes democráticos, para el Estadio nacional en su espacio interno y en sus relaciones internacionales.
Entre algunas de las actividades o empleos ofertados por el narco, como parte de la economía criminal, se encuentran químicos, refinadores, expertos en control de calidad, empleados de laboratorio; transportistas, conductores de automóviles y camiones, pilotos de aeronaves, barcos y lanchas, mecánicos; los representantes de los narcos en EUA para organizar y dirigir el tráfico en ese y otros mercados de exportación; miembros de las fuerzas de seguridad de los narcotraficantes y sicarios; abogados, contadores, consejeros financieros, empleos e ingresos complementarios para políticos, gobernantes, administradores, legisladores, jueces, aduaneros, miembros del personal fiscal, policías, militares, etcétera. Por estas y otras causas, la economía criminal siempre avanza implacable.
