por el simple hecho del número, sus miembros adquieren un sentimiento de potencia invencible, aunque cediendo a instintos que, por si solos, habrían frenado forzosamente. La mayoría, por ser anónima e irracional, soslaya el sentimiento de responsabilidad que retiene siempre a los individuos.

Lo ocurrido anteayer, casi a la medianoche, en el municipio de Tetela del Volcán se enmarca dentro de un escenario donde ciertos fragmentos de la sociedad deciden poner un coto a los abusos de autoridad y la negligencia de jueces, policías y funcionarios públicos. La violencia social tiene carácter político en la medida en que se cuestiona el orden político y social existente. La acción social-colectiva pretende restablecer el orden, aunque sea por medios violentos.

Los secuestradores (algunos de ellos radicados en la misma localidad), amén de que serán procesados por privación ilegal de la libertad, jamás olvidarán que estuvieron a punto de morir quemados, tal como ocurrió en 1975 a cuatro agentes de la Policía Judicial del estado que, por segunda vez, habían extorsionado a un curandero en Temoac. Nadie en aquella región ha olvidado cuando los elementos policiacos fueron apresados por decenas de lugareños, trasladados a una celda de la ayudantía municipal (Temoac todavía pertenecía a Zacualpan de Amilpas), rodeados con pilas de chiles secos que incendiaron para asfixiarlos, y finalmente bañados con gasolina. Alguien lanzó un cerillo y… lo demás fue historia. Historia que en 1977 derivaría en la creación del municipio número 33 de Morelos.

Todo lo antes reseñado sirve para ilustrar el hecho de que los linchamientos pueden surgir en cualquier región del país, aunque hay zonas, como Morelos, que históricamente se encuentran registradas como conflictivas y cuyas sociedades son proclives a hacerse justicia por propia mano.

El tema fue llevado el 16 de abril de 1996 al Senado de la República por el entonces legislador morelense Javier Alvarado Ibares. A la sazón se gestaba la caída de Jorge Carrillo Olea. Dicho senador dijo: “Y hablando de problemas, Morelos está inmerso en situaciones que no son privativas del estado, como es el caso de la inseguridad pública, la violencia, los asaltos, los secuestros y los linchamientos”. Cualquier semejanza de aquellas circunstancias con hechos actuales no es una mera coincidencia, sino parte de nuestra realidad, caracterizada por varios factores, entre ellos la justicia por propia mano.

Allá y entonces, Alvarado Ibares enumeró una serie de linchamientos: el 19 de mayo de 1994, en el municipio de Axochiapan, se ultimó a cuatro presuntos asaltantes; el 19 de septiembre de ese mismo año, en Chalcaltcingo, fueron linchados tres presuntos secuestradores; en diciembre de 1994, un hombre fue colgado en Hueyapan (Tetela del Volcán) por intentar recoger una grabadora de un acreedor; en noviembre de 1995, en Xoxocotla, un sujeto fue linchado por haber violado y lesionado a una mujer; los vecinos fueron por él, lo sacaron de la cárcel y lo lincharon. El 19 de noviembre de 1995 las oficinas de la Policía Judicial del poblado de Tres Marías fueron incendiadas, así como dos patrullas luego de que un agente de la Policía Judicial hirió de dos balazos a un joven sin causa aparente.

Durante el sexenio de Sergio Estrada Cajigal (2000-2006) hubo varios eventos: en Tlalnepantla, Huitzilac y Ocotepec, donde la gente se hizo justicia por propia mano, así como el linchamiento ocurrido el 26 de marzo de 2005 en el pueblo de Santo Domingo Ocotitlán, en Tepoztlán, donde la gente asesinó a pedradas a Sergio Carrillo Gutiérrez, de 43 años, por haber intentado robar una tienda de abarrotes. Otro linchado fue Mariano García Escamilla, de 21 años, residente de Huazulco y que era identificado como abigeo. Etcétera.

Éste es el Morelos bronco, el mismo que el 4 de agosto de 1993 cimbró al entonces gobernador Antonio Riva Palacio en Jonacatepec, donde el procurador de Justicia de aquel tiempo, Tomás Flores Allende, estuvo a punto de ser quemado junto con los agentes judiciales Ernesto Alvarado, Guadalupe Hugo González Acosta, Cruz González Olivera y José Luis Velázquez Beltrán. Los entonces efectivos policiacos fueron señalados como asesinos de Ramiro Gollolarte Arcos y Lauro Gollolarte Bonilla, vecinos de la localidad. Sólo la presencia y negociación de Riva Palacio salvó a todos de la hoguera. “¿Quién mató al comendador? ¡Fuente ovejuna, señor!”. Y en el fondo de todo está la impunidad. En fin.