Su interesante trabajo analizó los cuatro principales objetivos de la guerra declarada en diciembre de 2006 por el gobierno federal en contra del crimen organizado y su avance hasta la fecha. Dichos objetivos, en términos generales, fueron: 1. Fortalecer las instituciones de seguridad. 2. Disminuir, detener o evitar el consumo de drogas. 3. Desarticular a las organizaciones criminales. 4. Recuperar los espacios públicos.
Indicó: “Todos parecen objetivos vinculados lógicamente entre sí, de modo que lograr algunos contribuye a alcanzar los otros. Por desgracia, no es el caso. Son objetivos muy amplios, muy ambiciosos y se estorban entre sí. Para empezar, tienen horizontes temporales distintos. El fortalecimiento institucional y la disminución del consumo de drogas son esfuerzos de largo aliento, que tardan uno o dos lustros en arrojar resultados. Desarticular cárteles y recuperar espacios públicos, en cambio, son objetivos que pueden cumplirse en uno o dos años, pero no son duraderos si persiste la anomia institucional, es decir, si no se cumple primero el objetivo de largo plazo de fortalecer las instituciones de seguridad y justicia”.
A juzgar por lo sucedido en México desde la aniquilación de Arturo Beltrán Leyva (“El Barbas”) el 16 de diciembre de 2009 en Cuernavaca, hasta la aprehensión de Edgar Valdez Villarreal (“La Barbie”) y Sergio Villarreal Barragán (“El Grande”), así como de otros líderes de células delincuenciales arraigadas en zonas estratégicas para el crimen organizado (desde luego incluido Morelos), se ha cumplido a cabalidad el pronóstico del doctor Guerrero Gutiérrez: “La desarticulación basada en el descabezamiento de liderazgos, no sólo impide la recuperación de espacios públicos buscada, sino que propicia la invasión de nuevos espacios por las organizaciones criminales. Actualmente, todos los estados del país (salvo Tlaxcala) registran la presencia establecida de al menos un cártel en al menos uno de sus municipios. En 2007 la presencia de las organizaciones criminales se registraba en aproximadamente 21 estados. Ahora los cárteles se encuentran en 10 estados más. Nuevas organizaciones como Zetas, Pacífico Sur y La Barbie han logrado establecerse velozmente en 19, cinco y cuatro estados respectivamente”.
El gobierno, amables lectores, ha avanzado en el objetivo de desarticular bandas criminales. Determinados capos -como lo desglosó Guerrero Gutiérrez en Nexos- fueron detenidos o aniquilados después de “meses de trabajo” de inteligencia, pero esas acciones, según constatamos ahora, generaron olas de violencia imparables. El descabezamiento de cárteles derivó en su escisión, propiciándose el nacimiento de nuevas organizaciones. No nos explicamos de otra forma el hecho de que el clima de violencia está en ascenso.
Y para colmo de males, durante las últimas 72 horas, amén de los hechos sangrientos cuyos principales protagonistas fueron jóvenes, ya comenzamos a lamentar en Morelos los famosos “daños colaterales”. Lo ocurrido ayer cerca de Yecapixtla debe ser aclarado por las supuestas autoridades federales involucradas, así como el dudoso operativo de la “AFI”, anteayer, en Jojutla. Fuera máscaras: la anomia institucional (o podredumbre, si desea usted aplicar esta interpretación) referida por Guerrero Gutiérrez como obstáculo para sostener con éxito la “guerra contra el narco”, sigue siendo el principal sello de las corporaciones federales (ni qué decir de las estatales y municipales).
Anand Grover, relator especial de Naciones Unidas para el Derecho a la Salud, dijo anteayer que legalizar el uso de la mariguana es la estrategia correcta que deben seguir los gobiernos para controlar violencia, violaciones a derechos humanos y la corrupción derivada del narcotráfico. Y añadió que México es el país que “mejor ejemplifica” que la criminalización y el combate a las drogas con un enfoque de seguridad pública no ofrece ningún beneficio para la sociedad y deja altos costos humanos. “No será fácil convencer a la opinión pública de los beneficios de la legalización de la mariguana en el mundo, pero es un tema que debemos promover. El costo de no hacerlo es altísimo en términos de vidas humanas”, dijo Grover entrevistado por la agencia mexicana Notimex. “Las únicas personas que se benefician con la prohibición son los criminales”, dijo. ¿Usted qué opina, amable lector?
