El juzgador inició así el proceso que los tres aludidos deberán enfrentar presos, sin derecho a fianza, otorgando validez a las investigaciones del Ministerio Público del fuero común. Durante los próximos meses, Magdaleno deberá emitir sentencia condenatoria o absolutoria.
Los hechos, ocurridos el pasado 10 de enero cerca de Amilcingo, involucraron a otras personas, dos de las cuales debieron recibir ayer, al filo de las 22:00 horas, un auto de formal prisión similar. Al respecto, Pedro Luis Benítez Vélez, procurador general de Justicia, declaró ayer que las investigaciones continúan. Sin embargo, con los resultados demostrados hasta hoy por el fiscal morelense, hubo un mentís hacia sus detractores, algunos de ellos adscritos al grupo parlamentario del PRI. Exigían la renuncia del funcionario y también la de Gastón Menchaca Arias, secretario de Seguridad Pública de Morelos. Desde luego, esta posición tuvo que ver con una típica campaña de ataques dirigidos hacia el gobernador Marco Adame Castillo. Para su infortunio, varios actores políticos que demasiado pronto se desgarraron las vestiduras hicieron el ridículo.
Ni duda cabe: en el futuro será mejor esperar, dentro del sector público e inclusive entre los medios masivos de comunicación, información oficial cuando surjan eventos como el que enlutó, indignó y desestabilizó a Temoac. Por eso es importante no irse con la finta respecto a una libreta encontrada por elementos del Ejército Mexicano a dos presuntos narcotraficantes (detenidos este miércoles), donde aparecen los nombres de cinco presidentes municipales de la zona sur y comandantes policíacos, así como las cantidades de dinero que supuestamente les pagaban probablemente por su complicidad con bandas delincuenciales. Lo anterior es delicado y deberá ser investigado a fondo por las autoridades jurisdiccionales correspondientes, caiga quien caiga.
En tal contexto el diputado local independiente Rufo Villegas Higareda, originario de Jojutla, se pronunció por la separación de Enrique Retiguín Morales como presidente municipal de dicha ciudad, al conocerse su inclusión en la “narco-nómina” difundida por el Ejército anteayer. "Retiguín debe dejar el cargo y ponerse a disposición de las autoridades federales, para que las investigaciones del caso finquen las responsabilidades a quien corresponda", dijo Villegas, quien pidió también a los integrantes del Cabildo "que se deslinden del alcalde, solicitándole ellos mismos la inmediata salida del cargo". ¿Protagonismo del legislador? Mejor esperemos para comentar algo sobre el particular. No anticipemos vísperas.
Tocante a la posición del procurador sobra decir que es firme. Desde mi particular punto de vista, la campaña que exigía su salida está culminando. Empero, déjeme decirle a usted que si el juez Joaquín Magdaleno hubiera emitido un auto de libertad, en este momento el discurso sería distinto e inminente la dimisión del cuautlense. Aquí es donde quiero referirme a una columna que escribí el 2 de febrero de 2002 para “La Jornada Morelos”.
Indiqué: “Preocupado por la crisis de la dependencia (la PGJ, en el contexto de la renuncia de José Luis Urióstegui), busqué información y la encontré en Miguel Sarre, profesor del Departamento de Derecho del ITAM y director del Centro de Estudios de Derecho Público. Una de mis conclusiones es que jamás debió dejarse en manos del Legislativo el nombramiento del procurador”.
Sarre había analizado lo siguiente sobre la politización de las procuradurías: “En estricto sentido, toda actividad pública es política; sin embargo, cuando se dice que el Ministerio Público –órgano responsable de la procuración de justicia o persecución de los delitos– debe ser una institución apolítica, esto significa que ha de actuar técnicamente, de acuerdo con lo establecido por la ley penal, y no tomar en cuenta consideraciones respecto a la conveniencia u oportunidad para realizar un acto determinado. Su actuación en este sentido es similar a la de los jueces, quienes deben proceder conforme a los datos incorporados en los expedientes, sin detenerse a pensar en situaciones de otro tipo”.
Efectivamente. Cuando el Ministerio Público se politiza, al sustituir los criterios legales por los intereses partidarios para decidir qué casos perseguir, cuándo hacerlo y ante qué jueces consignarlos, pervierte su función y genera desconfianza en la institución que representa. Esto explica que las personas no denuncien, no testifiquen y no colaboren en la persecución de los delitos, lo que aumenta la impunidad.
