Escribió Miguel Sarre: “¿Se pretende que el procurador sea alguien sin militancia política? La respuesta es sí. Si se dedica a la política activa, que se ocupe de cualquier otra función menos de procurador. Su perfil debe ser el mismo que el de un juez. Por eso se explica que en Francia y en otros países la carrera judicial para jueces y ministerios públicos sea la misma y, lo más importante, primero se es juez y después fiscal”.
Añadió: “Cuando la procuración de justicia se politiza, es inevitable la adopción de esa política de resultados, la de los casos espectaculares, la de gobernar con golpes de nota roja. Esto les pasa a todos los señores procuradores que confunden la justicia con el pugilismo, o que ofrecen resolver un número de asuntos en un cierto tiempo”.
Antes de continuar con el artículo del doctor Sarre es importante subrayar que, efectivamente, la Procuraduría General de Justicia (a cargo de Pedro Luis Benítez Vélez) se anticipó sobremanera al comienzo de la investigación, en el ánimo de orientar a la opinión pública y los sectores políticos involucrados respecto de lo que pudo haber ocurrido entre el 27 y el 28 de marzo. Empero, la secuencia sobre varias hipótesis empezó a tener congruencia hasta que la PGJ se coordinó eficazmente con la Procuraduría General de la República, de lo cual ha sido testigo el abogado Julio Hernández Barros, representante de la familia Sicilia en el espinoso caso y coadyuvante del Ministerio Público.
Ahora continuemos con Sarre, quien añadió: “Abundan los procuradores que no sólo se limitan a perseguir los delitos que conocen a partir de una denuncia o querella, como lo marca la Constitución, sino que dedican buena parte de su personal y de los cuantiosos recursos de que disponen a buscar delitos, con lo que asumen funciones preventivas que no les conciernen, o se involucran en pesquisas, redadas y retenes, que ni son legales ni les corresponden. Esta misma política de resultados los orilla a consentir u ordenar la violación de garantías individuales”. Esto, definitivamente, no ha sido el caso, ni de la PGJ, ni de la PGR en el “Caso Sicilia”. Ambas instituciones habían manejado todo estratégicamente, hasta el pasado miércoles.
Un momentito. Antes de continuar, transcribiré un texto más alusivo a Miguel Sarre: “Una vez que la procuración de justicia entra en la arena política, no se cree ni en lo que puede ser verdad”. Tal incredulidad existió debido a las fuertes presiones dirigidas hacia la PGJ, exigiéndose la renuncia de Pedro Luis lo cual, según vemos ahora, hubiera sido aberrante. Aquí quería llegar, amables lectores.
Luego de que se diera a conocer la detención de un presunto implicado en el homicidio de Juan Francisco Sicilia y seis personas más, de nombre Rodrigo Elizalde, alias “El Chemís”, el abogado Hernández Barros declaró ayer que hay inconsistencias en la declaración del detenido.
Dicho sujeto narró antenoche que el 27 de marzo, aproximadamente a las 21:00 horas, se encontraba en el bar “Crudalia” (sito en la avenida Domingo Díez), lugar donde también estaba Juan Francisco Sicilia. Según Elizalde, uno de sus acompañantes cortejó a una mujer que iba con el grupo de amigos del joven Sicilia, lo cual provocó un enfrentamiento, que terminó con el asesinato del hijo del escritor y seis personas más. Elizalde Morán dijo no haber estado presente cuando las personas fueron asesinadas. Lacónicamente, Hernández Barros señaló: “Las declaraciones hechas por ‘El Chemís’ ante los medios de comunicación no tienen ningún valor probatorio en el sistema judicial mexicano”. Sopas.
Al advertir varias inconsistencias detectadas en la declaración de Rodrigo Elizalde, Hernández Barros comentó (recordando la existencia de videos), que Juan Francisco llegó al bar “La Rana Cruda” (sito en la esquina de Avenida Teopanzolco y Avenida Cuauhtémoc) alrededor de las 20:50 horas, pidiendo acceso porque uno de sus amigos estaba en el interior. A las 21:07 horas hay registros de que todos estaban en una tienda de conveniencia.
Hernández Barros aseguró que después de las 21:07 horas Juan Francisco tuvo contacto vía mensajes de texto y llamadas al celular, hasta más o menos las 21:29. “En ninguna de ellas se apreció que tuviera algún problema o que hubiera sido secuestrado o privado de su libertad”, aseguró el abogado. Y agregó de manera contundente: “Puedo asegurar que a las 20:30 horas Juan Francisco no estaba en ‘Crudalia’, sino en otro lugar”. Sopas y más sopas.
Mejor ni agregar otros datos proporcionados al Ejército y los reporteros por Rodrigo Elizalde. No vale la pena perder el tiempo, ni se requiere ser un docto en derecho penal, ni experto en criminología o criminalística para inferir que alguien se aceleró al presentar anteayer al mozalbete dentro de un escenario que el doctor Miguel Sarre cataloga como “política de resultados”, la cual orilla a buscar el “golpe de nota roja”.
Y en tal contexto aplica cabalmente el dicho de “no me ayudes compadre”. Lo bueno para la PGJ, la PGR y la investigación es que el abogado Julio Hernández Barros está (¿o estaba?) informado sobre todas las indagatorias.
