Tras los muros supuestamente infranqueables que circundan el complejo y las exclusas diseñadas para garantizar que los procesados y sentenciados no se evadan, suceden muchas cosas. Pongo en duda la absoluta guardia y custodia de Atlacholoaya, recordando lo que sucedió a principios de julio de 2010, cuando se fugaron seis peligrosos reos, tres de los cuales aparecieron días después colgados en el puente del centro comercial “Galerías”. El “gran escape” se logró, definitivamente, con el apoyo de custodios y por la inseguridad en determinados juzgados penales.
El general Toledano Sánchez anunció la semana pasada -a escasas semanas de haber tomado posesión de su cargo- que haría cambios en el sector de reinserción social y dentro del Centro Estatal de Readaptación Social de Atlacholoaya. No hubo movimientos entre directivos del ramo, pero el sábado 23 de abril fuimos informados sobre la reubicación de 14 internos, de dicho reclusorio, a distintas cárceles distritales. Simultáneamente se aplicó un dispositivo de revisión en diversas zonas de Atlacholoaya, a fin de detectar artículos prohibidos.
Toledano Sánchez mantiene firme su premisa de que buscará lograr “esquemas de estabilidad y tranquilidad” en todo el sistema penitenciario estatal. Lo anterior podría implicar una serie de reacomodos, incluida la remoción de Luis Ramón Hernández Sabás, si es que bajo la óptica del titular de la SSP no ha cumplido los objetivos que la ley le confiere. Empero, lo contrario significaría su permanencia en el cargo.
El operativo en mención comenzó a las 18:30 horas del viernes, cuando elementos de la Policía Preventiva del Estado ingresaron al Centro de Reinserción para revisar las áreas de Máxima Seguridad, Centro de Observación y Clasificación y las áreas de Procesados y Sentenciados. Resultados de las acciones, se logró el aseguramiento de un total de cuatro puntas, un desarmador, tres objetos metálicos y dos palos, mismos que fueron incautados a fin de evitar que dichos implementos pudieran ser utilizados para acciones de agresión o desestabilización. De manera adicional y “con la intención de lograr estabilización en todo el Sistema Penitenciario del Estado de Morelos”, a partir de las 05:00 horas del sábado, elementos de la Policía Preventiva del Estado, en coordinación con personal de Seguridad y Custodia, realizaron la reubicación de 14 internos del CERESO a las cinco cárceles distritales de la entidad. El comunicado de la SPP no lo dice, pero muy seguramente se trata de reos peligrosos y/o conflictivos, quizás ligados al autogobierno aún prevaleciente en el penal.
Enhorabuena por las primeras decisiones de Gilberto Toledano Sánchez en la materia, siendo deseable que fructifiquen a favor de la auténtica reinserción social de los internos. Sin embargo, es importante recordar hoy lo que en innumerables foros ha reconocido el órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Gobernación, respecto a que los principales capos de las mafias mexicanas recluidos en prisiones que se supone son “modelo” por su seguridad (como la de Atlacholoaya, en Morelos), por disponer de cuantiosas cifras económicas tienen acceso a celulares, computadoras, internet y otros recursos tecnológicos, amén de disfrutar de buenos niveles de vida en las cárceles para mantener sus actividades delictivas, emitir mensajes y órdenes a través de familiares, abogados y custodios a fin de seguir controlando el tráfico de drogas y otras ramas de la delincuencia organizada.
Por otro lado, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ha señalado que desde 2004 se multiplicaron y expusieron ante la opinión pública los vicios estructurales en las cárceles del país: el maltrato físico, la extorsión, los cobros indebidos, la violencia sexual, el hacinamiento, la prostitución y el narcotráfico. Algunas de estas cosas se repiten actualmente en Atlacholoaya, penal reprobado por dicha institución.
“Es evidente la corrupción de un importante número de autoridades y funcionarios públicos” de los centros de readaptación social, “que permiten el tráfico y venta de licores, drogas y comercio sexual”, sostuvo la CNDH en su “Diagnóstico sobre la situación del sistema penitenciario mexicano”, elaborado en 2004 y actualizado en 2007. Morelos no aparecía (ni aparece) como un adecuado punto de referencia en torno a la readaptación o reinserción social, de la misma forma en que tampoco sucede a nivel nacional. El sistema está podrido. Y contra las lacras respectivas irá el general Toledano Sánchez, quien requiere de un gran respaldo social. A ver.
