Toledano habló este lunes, largo y tendido, ante los coordinadores parlamentarios adscritos a la Junta Política y de Gobierno del Congreso local, cuya posición ideológica, partidista y personal es opuesta a la de quienes, siendo responsables de la seguridad pública estatal, son arrojados a las calles a veces sin fusil ni chaleco antibalas. Ni qué decir respecto a múltiples deficiencias operativas que, insisto, constituyen verdaderas ofensas de cara a las exigencias sociales y políticas. El funcionario acudió a un Legislativo que no tiene dificultades presupuestales. Nuestros ínclitos legisladores se desenvuelven a diario en una arcadia financiera, mientras el resto de entidades públicas padecen deficiencias técnicas, humanas y operativas. Podrá decir misa el general Toledano de cara a los cuestionamientos -a todas luces protagónicos- de ciertos diputados locales, pero sus planteamientos sobre la realidad de la SSP estatal seguirán en la ignominia mientras el Congreso, en pleno, no le asigne más recursos.
Repito: el problema de fondo es la escasez de dinero, lo cual me remonta al 10 de marzo de 2010, cuando el antecesor de Toledano Sánchez, Gastón Menchaca Arias, cumplió con el ritual de comparecer en el mismo escenario y con la misma gente. Porque no creo que las circunstancias financieras hayan variado sensiblemente desde entonces a la fecha, a continuación transcribiré parte de mi columna publicada el 16 de marzo de 2010. Saquen ustedes sus propias conclusiones, amables lectores, que coincidirán con lo expresado por Toledano anteayer: una considerable cantidad de efectivos policíacos no cumplen satisfactoriamente su misión porque carecen de equipo y la preparación adecuada, lo cual tiene analogía con lo expresado por José Herrera Chávez, secretario técnico del Consejo Estatal de Seguridad Pública, en el sentido de que un 40 por ciento de la fuerza estatal de reacción tiene problemas físicos. Vayamos, pues, a la columna del 15 de marzo del año pasado.
“En otros entregos he referido la situación financiera que enfrenta la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSP), a cargo del general Gastón Menchaca Arias, causada por una sensible disminución a su presupuesto aplicable durante 2010, lo cual es atribuible al protagonismo de algunos diputados locales insistentes en reducir la disponibilidad económica del gobierno morelense y su margen de maniobra para ejecutar proyectos importantes (o electoreros, según la visión de los mismos legisladores). A finales del año pasado fuimos testigos sobre cómo se le redujo a la SSP el presupuesto ejercido en 2009, mismo que ascendió a 383 millones de pesos. Esa cifra fue bajada a 335 millones, propiciando las actuales dificultades operativas de la dependencia”.
“Al comparecer el pasado 10 de marzo ante dos comisiones legislativas del Congreso local, Menchaca expuso dos escenarios: uno referente a la realidad externa del sector y otro al estado interior. El primero describió las condiciones sociales prevalecientes, algunas de las cuales contribuyen a la expansión de la delincuencia organizada; y el segundo nos ilustra sobre la pobreza de la institución. Este columnista obtuvo cifras actualizadas sobre la situación financiera de la SSP, donde se plasma un escenario deplorable, que ni el mejor ingenio nacional podrá resolver hacia la obtención de mejores resultados en el combate a la criminalidad. El total del presupuesto ejercido durante 2009 ascendió a 382 millones 987 mil 411 pesos. Es decir: casi 383 millones, mientras en 2010 se está ejerciendo un presupuesto de 335 millones 778 mil pesos. El Congreso, en aras de crear una bolsa especial destinada al mantenimiento del sector educativo, le redujo casi 50 millones a la SSP estatal. Lo anterior impactó en la falta de contratación de nuevo personal y la operatividad de algunos servicios, entre ellos el patrullaje”.
“De los casi 383 millones ejercidos durante 2009, 238 millones 497 mil pesos se aplicaron al gasto directo de la SSP, mientras 144 millones 489 mil pesos fueron absorbidos por la Subsecretaría de Reinserción Social, la Dirección General de Seguridad Privada y la Dirección de Medidas para Adolescentes. Aquí se incluye la manutención de todos los reclusos en Morelos y el pago de custodios. Para la remuneración del personal se pagaron 148 millones de pesos, mientras 64 millones 166 mil pesos se destinaron al pago de prestaciones sociales. Y paren ustedes de contar. Sólo quedó una piscacha para capacitación y mejoramiento profesional de policías, mientras el crimen organizado, en un solo golpe, obtiene los 335 millones aprobados por el Congreso para 2010”. ¿Habrá cambiado el escenario en mayo de 2011? Yo creo que no.