A continuación algunos datos sobre el mismo tema. Según lo plasma la página de internet del gobierno morelense, además de la Constitución Política tenemos 46 leyes, 195 reglamentos de índole estatal, 60 reglamentos que rigen al Ayuntamiento de Cuernavaca (cada municipio presenta diferentes cantidades) y 11 códigos. Lo anterior me recuerda la existencia de aproximadamente 70 mil servidores públicos de primero y segundo nivel en todo el país, además de quienes integran el Congreso de la Unión, cuya merma al Producto Interno Bruto (PIB) es de sobra conocida. Y no obstante la sangría que esa burocracia dorada genera al bolsillo de los contribuyentes mexicanos, nadie ha hecho algo para frenarla.
El primero de septiembre de 2009 fue instalada la 61 Legislatura Federal. Frente al televisor fue indignante ver a los mismos de siempre dentro de todos los grupos parlamentarios. Políticos, politicastros, politiqueros y politiquillos que se autonombran nuestros representantes, cuando a lo largo de muchos lustros incumplieron las promesas de campaña. El mismo escenario se repitió aquel día en el Congreso local, cuyos legisladores se estrenaron con discursos anquilosados y abultados catálogos conteniendo magníficos deseos, mientras la sociedad seguía de mal en peor. Y sigue hasta hoy, amables lectores, dentro de un contexto donde el secretario de Hacienda y Crédito Público, Ernesto Cordero, pareció burlarse de la pobreza en que están inmersos alrededor de 52 millones de mexicanos cuando dijo que México ya no es un país de pobres, que prevalecen algunos problemas de pobreza atendidos por el gobierno federal y que este país subsiste en la “renta media”. Pura fantasía y vana palabrería, al estilo de los gerentes públicos.
De la misma forma en que miles de servidores públicos no reditúan nada positivo a la sociedad, los legisladores, sean federales o locales, tampoco lo hacen. Cada tres años nos ofrecen modernizar y perfeccionar el ya de por sí obeso marco jurídico. Y no dudo que, mediante honrosas excepciones, así se haya hecho en legislaturas anteriores, aunque engrosando el número de leyes, reglamentos y códigos inservibles.
A continuación un botón de muestra sobre las normatividades que, para ser aprobadas, promulgadas y finalmente arrojadas al cesto de los buenos deseos, se debió pagar un altísimo costo: Ley de Beneficios, Estímulos y Recompensas a los Veteranos de la Revolución del Sur; Ley de Deuda Pública para Morelos; Ley de Deuda Pública; Ley de la División Territorial; Ley de Reinserción Social y Seguimiento de Medidas Cautelares; Ley de Expropiación por Causas de Utilidad Pública; Ley de Fomento y Protección de Nuevas Ciudades Industriales; Ley de Mercados; Ley de Predios Baldíos; Ley de Protección de Caminos al Paso por las Poblaciones del Estado de Morelos; Ley de Regularización de la Pequeña Propiedad Rural; Ley del Sistema de Seguridad Pública; Ley Estatal de Fauna; Ley Estatal de Planeación; Ley Ganadera; Ley General de Bienes; Ley General de Documentación; Ley Orgánica del Servicio Público de Estacionamiento y Guarda de Vehículos; Ley para el Ejercicio de las Ciencias Médicas; Ley para la Exención de Impuestos a Asociaciones Deportivas y Sociales. Etcétera, etcétera. Y de la misma forma podría mencionar decenas y decenas de reglamentos inútiles.
El 3 de septiembre de 2009 escribí: “Conforme transcurra el tiempo y se apoltronen a sus anchas los nuevos diputados federales y locales distribuyéndose previamente el botín que significan los más importantes cargos y las abundantes prerrogativas dentro de las estructuras legislativas, una vez más confirmaremos la regla: ‘A mi pónganme donde hay’”. No me equivoqué.
El problema para nuestra sociedad es la simulación de quienes ocupan cargos de elección popular y de supuesta representación social. Ayer precisamente constatamos un nuevo montaje. Nuestros ínclitos diputados locales, durante la sesión respectiva, presentaron un número indeterminado de iniciativas dizque tendientes a modernizar y ampliar nuestro marco jurídico. Alrededor de 20 procesos legislativos se iniciaron al respecto, cuyo impacto en las finanzas públicas, repito, será elevado. Como muestra de los correspondientes esquemas de simulación tenemos la Mesa de Armonización Legislativa que se acordó ayer y se llevará a cabo este seis de junio. Su objetivo será “planear una agenda que tenga relación directa con las mujeres y armonizar la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia con 27 leyes estatales”. Dicho ordenamiento fue aprobado el 27 de noviembre de 2007, pero nació sin “armonizar” con nada. Y a casi cuatro años de distancia apenas se detectó que antagoniza con casi treinta leyes que, indudablemente, contribuyen a la inoperancia y caducidad del obeso aparato jurídico local. Pobre Morelos: tan lejos de Dios, pero tan cerca de una arcadia financiera llamada Poder Legislativo.
