Lo advertimos en nuestra columna del sábado: el discurso presidencial en torno al multihomicidio ocurrido en el Casino Royale ha sido oportunista y pretende presionar a todos los legisladores federales para encaminar al país sobre una ruta de militarismo y, muy probablemente, de fascismo.
Mientras los priístas claman ahora por la búsqueda de soluciones de fondo y su postura coincide con la celebración de un foro llamado “Legalidad democrática, ética, derechos humanos y seguridad”, al que asistirán, entre otros, el magistrado español Baltasar Garzón, Leoluca Orlando, ex alcalde de hierro de Palermo, y José Narro Robles, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, otra visión, que parte desde algunas posiciones del PRD y PT, advierte que nada detendrá la espiral de violencia en el país más que la solución de la vergonzosa pobreza y el abandono de la mayoría de los mexicanos, quienes son considerados números prescindibles antes que personas.
Porfirio Muñoz Ledo, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores en San Lázaro, reprobó el calificativo de “terrorismo” al trágico suceso en Monterrey. Esto también lo comentamos nosotros el sábado: el atentado al Casino Royale fue en contra de sus propietarios, dentro del delito de extorsión. “Es muy grave. En su afán por hacerse el irresponsable, (Felipe) Calderón debe tener mucho cuidado con lo que dice. Al decir en nombre del Estado mexicano que fue terrorismo, está anunciando que abre la puerta a militarizar el país. Sin duda es un acto abominable, de violencia extrema. Es, posiblemente, la respuesta a una tentativa de extorsión o negativa a recibir protección, un acto de relación entre particulares y criminales. Esto es barbarie, pero no terrorismo”, indicó Muñoz Ledo.
Y agregó el controversial diputado federal: “El terrorismo tiene que ver con aterrorizar a la población, con el propósito de cambiar un régimen político. Es una tontería calificar eso de terrorismo. Que causa terror, pues da, es abominable, pero no es el 11 de septiembre. ¡No lo es! Aquello tenía contenido ideológico. Y ahora, al calificarlo así, Calderón está justificando la presencia de tropas estadunidenses en México. ¿No hay en México un Congreso que pueda llamar a cuentas a los gobernantes? El nivel de irresponsabilidad de Calderón no tiene límites, y el PRI prefiere deteriorar a Calderón para ganar las elecciones. Esto es el caos y todos nos preguntamos cómo es posible que el torpe de Vicente Fox regañe a Felipe Calderón”. Sopas.
En tanto, los priístas, mediante la Comisión de Derechos Humanos, manifestaron que debido a las condiciones de vulnerabilidad social es urgente elaborar propuestas de solución global para la lucha contra la delincuencia, a partir de experiencias de diversos países en el combate al narcotráfico, “con el fin de abrir un espacio de reflexión del cual surjan propuestas legislativas en materia de inseguridad y crimen organizado para configurar un nuevo escenario político de cara a la problemática en materia de seguridad que enfrenta el país, con respeto irrestricto a los derechos humanos”. Jorge Rojo García de Alba, diputado del PRI, expuso que es inadmisible utilizar los hechos de violencia para medrar políticamente en favor de un partido, con el propósito de alcanzar el poder político o conservarlo. “Si ésa es la intención, se debe tomar en cuenta que la sociedad está cansada de las pésimas decisiones que los políticos adoptan bajo el supuesto del bien común. El desbordante fenómeno de la violencia, que afecta el ánimo, la seguridad y los bienes de millones de mexicanos, demanda una respuesta pronta y global a los históricos problemas de pobreza, abandono social, escasas oportunidades de desarrollo, equilibrio en el reparto de la riqueza, educación de calidad para todos y servicios de salud que den respuesta a la dignidad de las personas”, agregó Rojo García. De nuevo ¡sopas!
Por su parte, la diputada perredista Estela Damián reprochó que la agenda nacional “esté girando y tomando prioridades de acuerdo con las necesidades mediáticas y de propaganda de Felipe Calderón. Si bien la postura es apostar por la seguridad y la legalidad, el problema se presenta con la iniciativa que el jefe del Ejecutivo envió al Congreso, porque es claramente violatoria de los derechos humanos”. La diputada argumentó que en el debate se presenta desorden normativo, el cual debe ser resuelto. Comentó que la legislación recién aprobada sobre derechos humanos contradice en su esencia el proyecto de minuta que se encuentra en proceso de dictamen en la Comisión de Gobernación. “Ya nos metimos en un laberinto, porque se violaría la ley de derechos humanos. Estamos entrampados y tenemos que darnos la oportunidad de revisar el papel del Ejército, porque cualquier decisión que asumamos será clave para el desarrollo del país y la evolución o involución de la democracia”, concluyó la diputada Damián.
Enrique Ibarra, diputado por el PT e integrante de la Comisión de Gobernación, reprochó con dureza la presión de Calderón para aprobar con urgencia las reformas a la ley de seguridad. “Calderón no halla a quién echarle la culpa de su ineficiencia, ineptitud y estrategia fallida, y quiere repartirla a instancias ajenas a la responsabilidad que tiene. No vamos a variar, y por los sucesos trágicos en Monterrey se quiere presionar para legalizar lo ilegal: la suspensión de garantías individuales. Es un intento efectista que le dura algunos días a Calderón, pero no nos debe llevar a legislar irresponsablemente para colocar a los mexicanos en un régimen de mayor vulnerabilidad”. En el fondo, amables lectores, late fuertemente el concepto del estado fallido. ¡Pobre país!
