En la legislación penal morelense esto se llama asociación delictuosa y encubrimiento, que a veces los servidores públicos matizan con tráfico de influencias y abuso de autoridad, delitos susceptibles de ser castigados con pena corporal. ¿Qué relación tiene esto con nuestro tema de hoy? Mucha, a partir de las nuevas decisiones asumidas ayer por 16 diputados integrantes del grupo parlamentario del PRI en el Congreso local, aliados a dos del Partido Verde Ecologista de México (Javier Estrada González y María Alejandra Vera Chávez), uno de Convergencia (Luis Arturo Cornejo Alatorre) y otro más del Partido de la Revolución Democrática (Fidel Demédicis Hidalgo).
Se supone que El Bloque procesará acuerdos, generará consensos y garantizará la gobernabilidad del Poder Legislativo, pero de manera alterna a las funciones que por ley desempeña la Junta Política y de Gobierno a cargo (desde anteayer) de la perredista Hortensia Figueroa Peralta. La posición de la legisladora es legítima frente a la Ley Orgánica del Congreso al estar adscrita a la tercera fuerza política existente en dicho cuerpo colegiado (el PRD), pero no es aceptada así por el poder fáctico que está demostrando El Bloque. Asimismo, pudiéramos comprender la voluble actitud de quienes, formando parte de la facción priísta, operaron las condiciones para conseguir 20 de 30 votos en el Congreso, es decir la mayoría absoluta; su naturaleza, proclive a la traición, sigue siendo la misma y no van a cambiarla rumbo a las elecciones del año próximo. Pero no entendemos todavía la de quienes se les sumaron incurriendo en acciones antidemocráticas. Nació, pues, el autogobierno en el Congreso local, al igual que en infinidad de cárceles mexicanas. En fin.
¿Dije que no entendía la actitud antidemocrática de algunos legisladores del todavía denominado G-5? ¡Vaya aberración! Ofrezco una disculpa a ustedes, amables lectores, y procedo a enmendar el error, pues la naturaleza de Fidel Demédicis Hidalgo siempre se ha inclinado hacia la traición (nomás recuerden ustedes cómo pasó por encima del histórico Consejo Central de Lucha Magisterial a principios de los ochenta, a fin de consolidar su patrimonio personal), mientras Luis Arturo Cornejo Alatorre, hace apenas unas semanas, sirvió como mediador de la Dupla del Oriente (Marisela Sánchez Cortés y Guillermo del Valle Reyes) para sentarlos a la mesa en “La Universal” con el alcalde de Cuernavaca, Manuel Martínez Garrigós. Su mimetismo es sorprendente y se torna priísta cuando así le conviene.
Ayer mismo el autogobierno del Congreso local empezó a tomar decisiones e instruyeron a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF) para iniciar “cuanto antes” revisiones especiales a las finanzas del DIF-Morelos y a la asignación de obras por parte de la Comisión Estatal del Agua y Medio Ambiente (CEAMA), según lo informó el “priísta” Fernando Martínez Cué, secretario de la Comisión de Hacienda que, supuestamente, preside el perredista Rabindranath Salazar Solorio. Desde luego que el priísta Luis Manuel González, hoy a cargo de la ASF, le hará más caso a Martínez Cué que al ex alcalde jiutepequense, porque así conviene a los intereses del nuevo poder fáctico. Servirá, obvio, para comenzar una nueva agresión, de manera indirecta, hacia el titular del Ejecutivo, Marco Adame Castillo. Nomás que al auspiciar esta decisión de El Bloque, Martínez Cué escupe hacia arriba. Desglosemos.
El 27 de febrero del año en curso me referí a varios delitos tipificados por el Código Penal del Estado (ya mencioné dos líneas atrás), destacando el de la extorsión, cometidos durante la “Era Casamata” por la Auditoría Superior de Fiscalización. De ello se beneficiaron diputados de otras legislaturas y, obviamente, de la LI, donde recientemente se inauguró el primer periodo ordinario de sesiones correspondiente al tercer año de ejercicio “legal”. Agregué: “Sin embargo, podrán decirse muchas cosas sobre el contador Casamata, predominando la omisión y el encubrimiento que auspició a favor de determinados personajes encumbrados, pero ¿qué hay con relación a anteriores y actuales miembros de la Comisión de Hacienda y Cuenta Pública del Congreso local? Con todos ha aplicado el antiguo dicho mexicano de que ‘tanto peca el que mata a la vaca, como quien le agarra la pata’. Es decir: si uno de nuestros ínclitos diputados (en sus respectivos tiempos) agarró 50 pesos de dinero ilícito, se fregó para siempre”.
Comenté aquel 27 de febrero de 2011: “Fernando Martínez Cué ha realizado pingües negocios mediante presiones a varios secretarios del despacho, inclusive con la autorización del secretario de Gobierno, Oscar Sergio Hernández Benítez (…) En el ánimo de ‘apaciguar a la raza’, Oscar Sergio ha recurrido a la cooptación de diputados locales, incluido Martínez Cué, y allanar el camino de Marco Adame Castillo hacia eficaces procesos de negociación y resolución de conflictos (en la guerra y el amor todo se vale, sobre todo si el hombre poderoso en turno encuentra el precio de sus adversarios). De alguna forma u otra, la interlocución ha funcionado para la obtención de contratos para la comercialización de insumos, a través de la Oficialía Mayor, y la construcción de obras públicas de diferente índole. Pero la voracidad de Martínez Cué (quien aspira a la gubernatura morelense aduciendo que cumple con los requisitos estatutarios priístas no obstante haber andado como político saltimbanqui durante varios lustros) desbordó los límites de la decencia, incurriendo quizás en algunos de los delitos antes citados. Algunos funcionarios estatales, bastante sacados de onda por la ingratitud del multicitado ‘legislador’, le cerraron la llave y ya no le otorgaron más contratos, ante lo cual se enojó y amenazó con vengarse, lo cual empezará a hacer conforme el Congreso del Estado se adentre en la glosa del Cuarto Informe de Gobierno. Martínez Cué amenazó a varios servidores públicos con ‘reventarlos’ si no se le cumplen sus caprichos”. Hasta aquí la columna del 27 de febrero. ¿Ya se entendió una de las incipientes decisiones de El Bloque conformado ayer?