Los miembros de la CNTE (Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación) han organizado recientemente varias marchas en la Ciudad de México, para obligar al gobierno federal a otorgarles créditos y recursos. Una de las banderas en sus protestas ha sido el rechazo a que se les apliquen evaluaciones al desempeño profesional a los maestros afines a sus posiciones ideológicas. Para los líderes de la disidencia magisterial, las evaluaciones han servido como justificación de su lucha interna permanente contra la dirigencia institucional del sindicato.
Durante el curso de las movilizaciones de hace unos días, el dirigente de la Sección 22 de Oaxaca, Azael Santiago Chepi, promovió el fantasma de la posible vulneración de los derechos laborales, sin explicar cómo se podrían ver afectados. E igualmente, de manera vaga, dijo que: "sí vamos por un sistema de evaluación y capacitación, pero no con el esquema como está previsto."
Por su parte, la asociación de empresarios "Mexicanos Primero" ha colocado hasta arriba de sus pretensiones de política pública de la SEP, las evaluaciones a maestros, directivos de escuela y administradores.
En su página Web incluye en su decálogo "alcanzar la certeza y autonomía de la evaluación como instrumento para orientar y asegurar la calidad educativa." Su presidente Claudio X. González ha revelado que las evaluaciones tienen como propósito -desde la perspectiva de los empresarios- crear un nuevo tipo de trabajador de la educación que obtenga una "certificación que funcione como licencia profesional" y que sea la base para un "sistema de promoción y rendición de cuentas".
En ambos casos, desde la izquierda y desde la derecha, se utiliza el tema de las evaluaciones para intentar socavar al SNTE, y su capacidad de representación del gremio magisterial. Se cierra el círculo cuando en la opinión pública se busca crear la idea (falsa) de que los maestros se oponen a ser evaluados, porque se oponen a hacer mejor su trabajo, porque se oponen a la calidad educativa, etc.
En realidad, es el SNTE quien ha impulsado, en su diseño conceptual y en la práctica administrativa, la evaluación de la educación. Ya antes participó activamente en la creación del Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEE), un organismo público de probada capacidad técnica y científica. Y el capítulo más reciente, por supuesto, es precisamente el Acuerdo para la Evaluación Universal de Docentes y Directivos en Servicio de Educación Básica. El cual fue firmado en mayo del año pasado por la Maestra Elba Esther Gordillo, presidenta del SNTE y el entonces Secretario de Educación Pública, Alonso Lujambio.
Este acuerdo tiene como leit motiv, "evaluar para mejorar", que significa que las evaluaciones no pueden ser vistas (o manipuladas) como un fin en sí mismo. Deben servir por lo menos dos objetivos: uno micro, esto es proporcionar elementos objetivos para conocer las materias o áreas en las que debe apoyarse la formación individual de los maestros evaluados, y otro macro, para contribuir a enriquecer el proceso de diseño e implementación de las políticas públicas en materia educativa.
Las evaluaciones no son un fin, sino un medio para fortalecer la formación de los docentes. Se trata de una meta individual para la superación profesional de los maestros dentro del marco general de sus derechos laborales, y una meta colectiva para elevar la calidad de la educación. Al buscar politizar el tema de las evaluaciones desde la izquierda o la derecha, se desvirtúa un instrumento positivo para los maestros y el sistema educativo en su conjunto.
