Respecto al caso de Morelos la moneda está en el aire, estimándose (según las principales casas encuestadoras de este país) que la gubernatura hoy ocupada por el panista Marco Adame Castillo habrá de disputarse entre Graco Ramírez Garrido Abreu, de la Coalición Nueva Visión Progresista (PRD-PT-Movimiento Ciudadano), y Amado Orihuela Trejo, de la Coalición Compromiso por Morelos (PRI-PVEM-Panal). Cualquier número de encuestas aplicadas hasta hoy desde que empezó el proceso electoral pronostican la debacle del PAN, aunque su candidato, Adrián Rivera Pérez, ha repetido que “será una elección a tercios”, lo cual no debe descartarse.
Quien llegue a la titularidad del Poder Ejecutivo deberá colocar el tema de la seguridad pública a la cabeza de sus prioridades. Algún día le escuché decir a Lauro Ortega Martínez, gobernador durante el periodo 1982-1988: “Es necesario definir, dentro de la agenda pública, cuál será el principal problema a atacar. Si logramos resolverlo al 80 por ciento, habremos pasado a la historia”. Tenía razón. Ortega consiguió fomentar sobremanera la conectividad de nuestra entidad con los estados periféricos; mejoró la red estatal de carreteras; en la zona metropolitana de Cuernavaca creó un sistema de casetas de vigilancia; en la capital morelense construyó nuevas vialidades y auspició la descentralización administrativa del Ayuntamiento a través de delegaciones, donde operaba una central policíaca, etcétera. Sume usted un importante programa alimentario, otro más tendiente a la fundación de maquiladoras y muchos otros destinados a generar mayor desarrollo del sector primario de la economía, junto con el combate a los voraces intermediarios y encarecedores de productos agropecuarios.
A lo largo de la campaña preelectoral, que ayer llegó a su final, hemos escuchado en voz de muchos, muchísimos candidatos a todos los cargos de elección popular que se disputarán este domingo magníficas intenciones para enfrentar los agravios sociales, entre los cuales destaca el de la inseguridad pública. Lo deseable es que esas expresiones no vayan a engrosar los catálogos históricos de magníficas intenciones, pues la sociedad local ya está cansada de eso: de que la defrauden nuestros ínclitos políticos cada tres años. Es en este sentido donde quiero retomar algo ocurrido ayer en Cuernavaca, cuando en un operativo “relámpago”, agentes de la Policía Federal que viajaban a bordo de dos camionetas detuvieron para su revisión a tres taxis sobre la calle Galeana, casi esquina con Hidalgo, en pleno centro cuernavacense. La escena fue vista por propios y extraños al filo del mediodía. Ya se imaginarán ustedes la expectación generada por el asunto. Después de supervisar los vehículos, varios efectivos policíacos abordaron los vehículos de alquiler, dos de ellos con placas de Cuernavaca y el otro de Jiutepec, procediendo a retirarse. Desde luego, los conductores de las unidades fueron detenidos. Hasta el momento de redactar la presente columna no teníamos información oficial sobre el operativo que, eso sí, nos hizo recordar anteriores momentos cuyos principales protagonistas, dentro del contexto de inseguridad y violencia aún prevaleciente en Morelos, han sido taxistas.
Es así como hoy quiero referirme a lo siguiente. Dentro de la victimología, el trabajo puede ser un factor importante. Hay ocupaciones plenamente riesgosas y como ejemplos típicos pueden citarse las siguientes: policías, repartidores de mercancía, cajeros de banco, cobradores, algunas profesiones ilegales (prostitución, apostadores, etcétera) y los taxistas. Sin embargo, muchos de estos últimos se han pasado al lado de los malos. Su ámbito laboral, por lo tanto, se convirtió en una zona criminógena. Para nadie en Cuernavaca y otras regiones morelenses es un secreto la participación de un número indeterminado de trabajadores de automóviles de alquiler en actividades ilegales, mismas que pueden ir desde el simple incremento tarifario sin autorización oficial, hasta la violación y el narcotráfico, pasando por el robo a casas-habitación. Al disponer de un enorme escenario para desempeñar sus funciones (las calles), ¿quién sospecharía de que un taxista pudiese estar participando en un acto criminal?
El combate a las famosas “tienditas” o expendios de drogas por parte del gobierno federal y la Secretaría de Seguridad Pública del Estado propició el uso de otros sistemas de narcomenudeo. Los respectivos distribuidores están recurriendo al empleo de taxis para comercializar su mercancía. El uso de vehículos del servicio público de pasajeros sin itinerario fijo como medio para hacer llegar drogas a los consumidores se ha extendido cada vez más, a tal grado que el creciente número de trabajadores del volante en posesión de enervantes está preocupando a propios y extraños. No obstante, la sociedad todavía no percibe una adecuada política pública para frenar el problema, ni la coordinación entre las corporaciones estatales y municipales de seguridad pública y la Dirección General del Transporte a fin de crear un depurado padrón de permisionarios y trabajadores del volante. Este método para la comercialización de marihuana o cocaína resulta difícil de detectar pues, debido a las características de su oficio, los taxistas circulan a lo largo y ancho de Cuernavaca y otras ciudades importantes de su zona conurbada sin ser detectados cuando realizan las transacciones.
Los distribuidores debidamente localizados e identificados así en el bajo mundo delincuencial constituyen las famosas “tienditas”, pero debido a los operativos de autoridades policiacas sus cabecillas han tenido que diversificar la transportación de la droga con una fachada presuntamente legal. Los taxis utilizados podrían tipificarse como “tienditas itinerantes o sin itinerario fijo”. Cuando las autoridades policiacas logran la aprehensión de un narcotaxista se debe a denuncias de sus propios compañeros, temerosos de que su trabajo sea perjudicado por estas acciones ilícitas. Los especialistas en criminología aducen que la cercanía con una zona criminógena produce una zona victimógena. La primera es aquella donde se producen los sujetos antisociales; ahí es donde aprenden, se reúnen y se refugian. La segunda es donde ejercen y que, por la abundancia de bienes, la escasa vigilancia y hasta la oscuridad, ofrece condiciones propicias para la victimización. Así se tornó el gremio taxista.
