Tanto a nivel nacional, como en Morelos, derivados de la falta de acuerdos entre quienes detentan el poder y todas las fuerzas sociales. A juzgar por las apariencias, el gobernador electo Graco Ramírez Garrido Abreu está propugnando un escenario distinto, para lo cual se ha reunido con los principales actores de instituciones locales cuyo efecto multiplicador entre la sociedad morelense e influencia para acallar o gestar conflictos están de sobra probados.
Antes de continuar es necesario hacer un breve análisis sobre lo que es la gobernabilidad, cuyos estudios serios empezaron desde mediados de los años setenta coincidiendo con la crisis de las economías desarrolladas, la emergencia de nuevos movimientos sociales y el agotamiento del “estado de bienestar”. En América Latina, por ejemplo, la discusión regional sobre las cuestiones de gobernabilidad estuvo enmarcada por tres procesos que comenzaron a ventilarse durante los ochenta: la crisis; la restructuración económica, el agotamiento del modelo del estado interventor y su redefinición en términos de “reforma del estado”; y el cambiante rumbo de las transiciones y consolidaciones democráticas.
Existen tres principales elementos de la gobernabilidad: 1) La eficacia y la tradición de la “razón de estado”, la cual pone énfasis en la eficacia/eficiencia del poder político y de la gestión gubernamental (alcanzar objetivos en menos tiempo y al menor costo posible); 2) La legitimidad y el buen gobierno, vinculados a la tradición de la justicia, el reconocimiento de un orden político-social, el respeto a los derechos humanos y la obligación gubernamental de proveer bienestar general; y 3) Gobernabilidad con estabilidad, es decir la capacidad de adaptación y flexibilidad institucional respecto de los cambios (económicos, sociales y políticos) en su entorno. De esto último depende la capacidad gubernamental para durar en el tiempo aunque, dicho sea de paso, en Morelos se ha observado la negativa de algunos grupos gobernantes para modificar su entorno cerrado y “aceptar los desafíos que provienen del ambiente” (Leonardo Monino). El inciso 3 refleja los errores cometidos por cábalas que no acaban de aprender los fundamentos teóricos de la política.
En diversas entrevistas el gobernador electo ha hablado sobre la necesidad de un acuerdo nacional y estatal que contemple la consolidación de un proyecto gubernamental incluyente eliminando cualquier secuela de las estrategias (a veces se trató de guerra sucia) implementadas por los partidos durante la campaña de 2012. Ramírez Garrido propone, entre otras cosas, una visión distinta respecto al pasado, bajo la óptica del nuevo grupo gobernante, porque la estabilidad de Morelos en los años venideros dependerá absolutamente de una buena y estrecha relación de las instituciones públicas con todas las organizaciones sociales y políticas. Ha expresado el ex senador: “Asumir el valor democrático de la fraternidad supone reconocer que los conflictos no son contradicciones absolutas que sólo se superen mediante la aniquilación de los rivales, sino factores que pueden y deben tratarse pacífica y legalmente mediante procedimientos aceptables para todos”. Sin embargo, para alcanzar lo anterior es necesaria la tolerancia, valor de la democracia que de ninguna manera implicaría la desviación del futuro proyecto gubernamental por cauces al margen de la legalidad, sino la vigencia de un cambio que, de manera legítima, deje atrás las tradiciones autoritarias de un sistema caduco.
¿Cuál fue la experiencia de Morelos sobre el tema en el pasado reciente? Las evidencias a lo largo de la administración encabezada por Sergio Estrada Cajigal (2000-2006) recuerdan la implantación de signos intolerantes. Aquel periodo terminó colgado de alfileres gracias a la intervención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Años más tarde, el 4 de junio de 2012, el gobernador Marco Adame Castillo encabezó una reunión de evaluación con los secretarios y demás integrantes de su gabinete, a quienes planteó temas que durante los siguientes cuatro meses y hasta el último día de septiembre deberían asumirse como prioridad para ser desarrollados a través de diversas acciones. El actual mandatario delineó tres aspectos fundamentales rumbo a la conclusión del régimen: mantener la estabilidad laboral como atractivo para nuevas inversiones extranjeras y nacionales; la periódica revisión a las acciones del Plan Morelos Seguro, ante lo cual se reforzaría la coordinación entre los tres órdenes de gobierno; y consolidar el diálogo, los acuerdos y la conciliación, hasta los albores del nuevo régimen, frente a grupos sociales que mantienen algún grado de conflicto con el gobierno estatal. Sobre esto último es importante subrayar que, a diferencia de hace seis años, prácticamente no están alterados los elementos de la gobernabilidad. Los asuntos latentes se encuentran bajo control y con vasos comunicantes tendidos entre las partes. Una asignatura pendiente es la intermitente rivalidad entre bandas del crimen organizado, ante lo cual es necesario evitar el descontrol de la violencia mediante la decidida colaboración del gobierno federal.
Y en tal contexto, Morelos se acerca al cambio de gobernador constitucional. Vale la pena, pues, preguntar: ¿Qué escenario le espera al flamante titular del Ejecutivo? ¿Cuáles serán sus principales vulnerabilidades? Ante el reacomodo político este hombre, a quien muchos considerarán “todólogo”, tendrá la obligación de abatir la cultura de la ilegalidad prevaleciente en ámbitos de la justicia (al respecto debemos recordar que la crisis de seguridad pública es una expresión de la no vigencia del estado de derecho). Estará obligado a impedir la erosión de la figura gubernamental, para lo cual requerirá un clima de coexistencia pacífica. Y otra vulnerabilidad será la inequitativa distribución del ingreso en todas las regiones morelenses. Hacia donde volteemos hay pobreza, proliferación de cinturones de miseria, desempleo, delincuencia común y organizada, etcétera. Además, al caldo de cultivo se añade otro factor de precariedad: la parálisis de todos los municipios, cuya principal característica es la dependencia absoluta del gobierno federal y el estatal, así como la falta de fondos para satisfacer las necesidades sociales en ese segmento que demagógicamente se denomina “la célula básica del sistema político mexicano”. A ver.
