El asunto campeó durante la sesión del Congreso local. Entre la pasarela de diputados que debatieron sobre el tema destacó la priísta Rosalina Mazari Espín, no por el efecto que vaya a tener su propuesta ante el titular del Poder Ejecutivo, Marco Adame Castillo (la legisladora también pretendía derrumbar el aumento a las tarifas), sino por el contexto de la iniciativa. La exposición de motivos describe infinidad de rezagos (yo diría que se trata de auténticos agravios sociales) en materia de transporte público, cuyo reiterado incumplimiento por parte de los concesionarios debería ser sancionado por las autoridades estatales, lo cual jamás sucede. Lo deseable a futuro es que no sólo la diputada Mazari Espín, sino otros miembros de la 52 Legislatura utilicen el documento como un antecedente histórico para reclamar a la gestión administrativa de Graco Ramírez Garrido Abreu, en su momento, la mínima inobservancia en la aplicación del Programa de Modernización de las Unidades Automotrices destinadas al Servicio Público de Transporte, que es la base del aludido decreto 5022. Más pronto de lo que imaginamos, el aumento al pasaje será asimilado por los usuarios, mientras que los políticos, politicastros y politiqueros que se desgarraron ayer las vestiduras de manera oportunista seguirán utilizando sus lujosos vehículos para transportarse. En fin.
Cambiando de tema comentaré que el gobernador electo Graco Ramírez Garrido Abreu se reunió antenoche con una docena de líderes de organizaciones de abogados, a quienes refrendó que el mecanismo para elegir la terna de candidatos al cargo de procurador general de Justicia será el anunciado por él mismo este lunes en conferencia de prensa: recibirá propuestas y perfiles de alrededor de 20 organizaciones gremiales y un número que desconozco de facultades de derecho (tanto de la UAEM, como de varias universidades privadas). Se calcula que el número de currículums podría llegar a 50. Nomás. Hasta donde estoy informado, el mandatario electo fijó como límite el 4 de octubre próximo para recibir los expedientes; indicó que el envío de la terna al Congreso podría ocurrir a finales de dicho mes; y advirtió que los candidatos deberán acatar los requisitos constitucionales, entre los cuales destaca el de diez años de residencia en Morelos, amén de que el perfil del siguiente procurador deberá incluir un amplio conocimiento sobre los nuevos mecanismos tecnológicos para la persecución de delitos a nivel nacional y en la zona centro del país. A ver. En temas de seguridad diré que de 80 cámaras de video vigilancia en Cuernavaca sólo funcionan cuatro. El C-4 de la Secretaría de Protección y Auxilio Ciudadano está casi desmantelado, aunque la situación no se parece a la del C-3 de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, cuyas penurias son evidentes y peores. A este último centro se ha referido en muchas ocasiones el gobernador electo. Por cierto, en ámbitos de la SPYAC de Cuernavaca ha trascendido que su titular, Guillermo Barclay Arce, no aprobó determinados exámenes de control y confianza.
En menudo problema podría estar Luis Manuel González Velázquez, auditor superior de Fiscalización quien, con relación a los ejercicios fiscales 2010 de varios ayuntamientos, emitió sendos pliegos de observaciones en forma extemporánea y sin reclamar ningún resarcimiento de daños (o devolución de recursos mal empleados). Es decir: los documentos carecen de validez. Entre las cuentas públicas manipuladas destacan las de Cuernavaca, Tlayacapan y Xochitepec. Debido a lo anterior los respectivos presidentes (¿o ex presidentes?) municipales podrían ampararse ante la justicia federal. Luis Manuel, en lugar de emitir los pliegos de observaciones 15 meses después de lo que señala la ley, lo hizo tres meses más tarde (18 en total). Tocante a la famosa ASF diré que cambiará de denominación y estructura. En su lugar será creado el Organo de Fiscalización y Rendición de Cuentas bajo los auspicios del Partido de la Revolución Democrática.
La sesión de ayer del Congreso local, entre otras cosas, sirvió para continuar el reacomodo de fuerzas políticas. Bajo la promoción del diputado priísta José Manuel Agüero Tovar serán creadas las comisiones legislativas de Desarrollo Metropolitano y Zonas Conurbadas, y de Desarrollo Social. Por su parte, el perredista Juan Angel Flores Bustamante impulsó el cambio de denominación de la Comisión de Ciencia y Tecnología por el de Comisión de Ciencia e Innovación Tecnológica; y en el caso de la Comisión de Participación Ciudadana, ahora se denominará Comisión de Participación Ciudadana y Reforma Política. Flores Bustamante, asimismo, auspició el surgimiento de la nueva Comisión de Investigación y Relaciones Interparlamentarias. Hasta ayer había 27 comisiones legislativas. Tengo entendido que los 30 diputados adscritos a la 52 Legislatura tendrán una comisión a su cargo, lo cual les redituará 10 mil pesos adicionales a sus dietas de 70 mil y prerrogativas de 50 mil pesos mensuales. Magnífica lana. Hacienda y Cuenta Pública será para el PRD (está a punto de caerse la propuesta del PAN); Puntos Constitucionales para el PRI; Gobernación y Gran Jurado para el PRD; Comunicación Social y Finanzas para el PRD y PRI, respectivamente. A ver. Se cayó la idea de que Pepe Urióstegui relevara a Tomás Osorio Avilés en la secretaría general del Congreso, unidad administrativa que podría pasar a mejor vida. El neoperredista Carlos de la Rosa se atribuye la idea sobre tal eliminación, pero no hay tal, pues existe una iniciativa de Hortencia Figueroa Peralta al respecto, pero “congelada” hace un par de años. ¿Sesionarán los ínclitos legisladores dos veces por semana? ¿Asistirán los 30 a todas las plenarias?
