Es un vicio estructural (tiene estrecha relación con la cultura de la ilegalidad y la impunidad) que permanece arraigado en el gobierno federal y todas las administraciones estatales y municipales de cualquier signo político, pues representa un jugoso y millonario negocio, “libre de impuestos”, que se liquida en los sótanos del mundo de las finanzas sin dejar rastro ni huella. Tales prácticas constituyen un mundo aparte (semejante al del crimen organizado) y maneja miles de millones de pesos que van a parar a algunas cuantas manos, al grado tal que, de acuerdo con Transparencia Mexicana, tan sólo en la asignación de contratos por el gobierno federal, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), existe una corrupción cercana a los 100 mil millones de pesos anuales. La pura lana, manejada al arbitrio de las élites frente a la empobrecida sociedad nacional.
Muchas voces se han escuchado en las más altas tribunas de este país con referencia al asunto. Miles de cuartillas fueron escritas y difundidas a través de los grandes medios informativos describiendo las redes de complicidades que subyacen cuando los gobernantes y sus principales camarillas se reparten el pastel aliados, desde luego, a otros poderes fácticos, entre ellos privilegiadas empresas dedicadas cada sexenio a exprimir la ubre gubernamental. Pero nada ha pasado. El PRI salió de Los Pinos y el Palacio de Gobierno de Cuernavaca en el año 2000, siendo acusado del saqueo a las arcas públicas durante siete décadas. Sin embargo, a pesar del demagógico discurso panista los mexicanos tuvimos que soportar el mismo escenario a lo largo de los dos recientes sexenios. Muchos, muchísimos políticos panistas que juraron lealtad a su “código de ética”, lo quebrantaron hasta más no poder, desde luego engrosando las filas de los nuevos ricos.
Insisto: no importa el color ni las siglas de quienes nos gobiernan. La corrupción es un padecimiento endémico enquistado en el tuétano de la cultura mexicana. ¿Sirven para algo los mecanismos de control implantados por las contralorías estatales y municipales, así como por la Secretaría de la Función Pública, cuya operación le cuesta a la ciudadanía miles de millones de dólares cada tres y seis años? Al parecer, no. Aplican la ley a modo de quienes gobiernan y sólo pequeñas sanguijuelas son encarceladas o inhabilitadas para trabajar en la cuestión pública durante un tiempo específico, mientras los peces gordos ni sudan ni se acongojan.
Un ejemplo sobre las licitaciones que son manejadas al arbitrio de algunos funcionarios públicos de este país es el proyecto de ampliación a cuatro carriles de la autopista La Pera-Cuautla, mismo que costará más de 2 mil 500 millones de pesos. Fue “ganada mediante licitación pública” por la empresa Tradeco, SA de CV, compañía fundada por Federico Martínez Salas y ahora dirigida por su hijo Federico Martínez Urmeneta. El primero fue director corporativo de Planeación y Desarrollo de Proyectos de Pemex, empresa en la que ocupó diversos cargos entre 2001 y 2003 (director ejecutivo del Proyecto Cantarell, subdirector de Proyectos de Producción Primaria de la Dirección Corporativa de Ingeniería y Desarrollo de Proyectos, así como subdirector de Ingeniería y Desarrollo de Obras Estratégicas en Pemex-Exploración y Producción). Formó parte de un selecto grupo encabezado por Felipe Calderón Hinojosa cuando fue secretario de Energía y presidente del Consejo de Administración de la paraestatal. Tradeco, pues, fue una de las empresas favoritas del sexenio que está a punto de fenecer recibiendo, entre otros apalancamientos, el invaluable apoyo de Julem Rementería del Puerto, coordinador general de Planeación y Centros de la SCT.
La danza de los millones.
Es en este contexto donde me llamó la atención la postura asumida por la delegación Morelos de la Cámara Nacional de la Industria de la Construcción (CNIC), que preside Lucio Ramírez Brugada, quien asegura que su gremio promoverá un encuentro con el gobernador Graco Ramírez Garrido Abreu, los diputados federales por Morelos y los funcionarios involucrados con los grandes proyectos de infraestructura, a fin de “establecer los mecanismos para trabajar en la cuestión de las licitaciones públicas, porque no queremos que de nueva cuenta, a la hora en que se decide una obra, el contrato se le otorgue a una empresa que nadie o muy pocos conocen”. El dirigente empresarial confía en que la industria de la construcción morelense se reactive durante 2013, para lo cual el sector, a nivel local, deberá reunirse con el mandatario morelense en aras de conseguir un mayor dinamismo de todas las ramas productivas dependientes de la construcción. A ver.
Cambiando de escenario, pero aludiendo una vez más la corrupción imperante en determinadas instituciones del gobierno estatal, me referiré a la venta ilegal, al mejor postor, de formatos de la Revista Mecánica. Lo anterior ha sido siempre un secreto a voces en la Dirección General del Transporte, donde los documentos se expenden a razón de mil 500 pesos para unidades del servicio colectivo de pasajeros con y sin itinerario fijo (rutas y taxis), lo cual fomenta el pirataje, y a 300 pesos para vehículos particulares. Simple y sencillamente los propietarios de los vehículos evaden la revisión. Hay ocasiones en que grandes empresas distribuidoras de productos con un alto consumo, a fin de evitarse molestias, consiguen pasar por encima del requisito mediante esta entrega de dádivas. El actual encargado de la operación, según ha trascendido en la propia DGT, es Miguel Angel Delgado Ayala, jefe de la Revista Mecánica. Prueba de lo anterior es el formato original folio TP04481, con su respectivo engomado de 2012, que se vendió así sin mayor requisito a un “transportista” para un vehículo particular de carga, y cuyo original obra en poder de este columnista. Según vemos (a reserva de que el funcionario haga la aclaración pertinente), Delgado Ayala encontró una pequeña mina de oro. Empero, le comento a usted que la simulación tocante a la mentada Revista Mecánica lleva varios lustros. Lo peor es que Miguel Angel Delgado dice ser “gente de confianza” del secretario de Movilidad y Transporte, David Gómez Basilio, quien probablemente ignora lo que está cometiendo su subalterno. Aguas. ¿Cómo se llama el funcionario que, desde la cúpula, le está vendiendo a Adriana Flores Garza, secretaria de Hacienda de Morelos, la idea de contratar un crédito quirografario hasta por 600 millones de pesos sin medir las consecuencias? Se le ubica entre “Los Papayos”. ¿Tan rápido?
