Con el respaldo de las autoridades estatales, los 33 alcaldes morelenses lograron sortear el final de 2009, pagaron quincenas atrasadas y entregaron aguinaldos, pero vieron llegar el año nuevo inmersos en la peor crisis financiera municipal de que se tenga memoria en nuestra entidad federativa. Los pasados cuatro meses han sido de dificultades económicas para los municipios, pese a que en el paquete económico federal y estatal se garantizaron mayores recursos para las 33 localidades.
Sin embargo, cabe recordar lo siguiente. Desde el comienzo de 2009, tanto el gobernador Marco Adame Castillo, como Alejandro Villarreal Gasca, secretario de Finanzas y Planeación, advirtieron a cada alcalde (casi a nivel personalizado) respecto a la necesidad de aplicar adecuadamente los recursos disponibles y “blindar” su salida. Lo anterior significaba evitar sobregiros o endeudamientos innecesarios e ilegales, a fin de no afectar la llegada de las nuevas administraciones. Sin embargo, la mayoría de los ahora ex alcaldes entendió mal aquello del “blindaje” y procedieron a “blindar” sus maletas, las cuales atiborraron de dinero sacado de las arcas municipales mediante corruptelas. Y alguien mantuvo siempre sobre los ediles el manto protector de la impunidad: Gerardo Casamata Gómez, titular de la Auditoría Superior de Fiscalización, quien, por cierto, ayer respiró tranquilo pues se pospuso su “cese” en el Congreso del Estado por parte de la Comisión de Hacienda y Cuenta Pública, a cargo de Rabindranath Salazar Solorio y Fernando Martínez Cué, quienes destinaron su tiempo a entrevistarse con el ya mencionado Alejandro Villarreal Gasca.
En resumen, los actuales presidentes municipales (o sus principales asesores, tratándose de ediles cuya ignorancia financiera es de sobra conocida), debieron implementar a partir de enero “soluciones” a sus problemas: reducir los gastos de inversión, despido (¿injustificado?) de personal, cubrir sólo las necesidades operativas de los ayuntamientos y, tocante al caso de determinadas comunas, optar por algún tipo de financiamiento externo. Las condiciones de los alcaldes han sido de tensión emocional, pues sus administraciones se enfrentan a escenarios de ingobernabilidad frente al incumplimiento de múltiples compromisos.
En lo referente al encuentro de Rabindranath Salazar y Fernando Martínez Cué con el secretario de Finanzas y Planeación (desarrollado en el Salón de Comisiones del Congreso local), comentaré que tuvo como principal objetivo analizar la crisis de los 33 ayuntamientos y los recursos estatales destinados a estos. Ahí, Villarreal Gasca explicó que un monto de 150 millones de pesos ya fue destinado a 27 municipios. El respaldo fue de aproximadamente un mes de participaciones a cada municipio, sin la generación de intereses. Empero, Salazar Solorio informó que aún existen 60 millones de pesos a fondo perdido, ante lo cual, durante la próxima semana, se reunirán quienes integran la Comisión de Hacienda y representantes del Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal del Estado, a fin de definir cómo será distribuido ese recurso entre los ayuntamientos.
Rabindranath informó que son siete los municipios con problemas económicos graves, pues carecen de liquidez para saldar cuentas a proveedores, pero sobre todo a instituciones como la Comisión Federal de Electricidad, cuyos cortes del fluido eléctrico amenazan a varias localidades y sus respectivos sistemas distribuidores de agua potable. Martínez Cué cuestionó al secretario de Finanzas sobre los recursos no ejercidos del presupuesto 2009, destinados al pago de jubilaciones, difusión, obra pública y programas carreteros, a lo cual el funcionario se comprometió a hacer llegar la respuesta por escrito. Se trató, pues, de una reunión con resultados positivos, mientras en otro punto de la ciudad los diputados priístas seguían desgarrándose las vestiduras. A pesar de ello, David Salazar Guerrero, legislador por Zacatepec, presidirá la Junta Política y de Gobierno del Congreso local. No hay vuelta de hoja.
