Entre los panelistas destacó la presencia de María Elena Morera, presidenta de la organización Causa Común, la cual surgió en 2008 durante uno de los peores momentos de inseguridad experimentados y propiciados por el sexenio calderonista y su supuesta guerra contra el narcotráfico. Morera, si recuerdan ustedes, se colocó a la cabeza de multitudinarias manifestaciones en contra de la inseguridad pública junto a otros activistas emergidos de la sociedad civil. Y al paso de los años ha mantenido una férrea disposición para presionar a los tres órdenes gubernamentales en aras de mejorar las políticas públicas en materia de seguridad.

2.- Recientemente, dentro del contexto de una nueva estrategia nacional antisecuestros (a cargo de Renato Sales Heredia), Morera había criticado la inoperancia de algunas unidades estatales destinadas a combatir ese flagelo (incluida la de Morelos), pero ayer cambió su discurso y señaló que las acciones emprendidas por la administración del gobernador Graco Ramírez Garrido Abreu están dando los primeros resultados. Señaló lo siguiente: “Nosotros estábamos preocupados por Morelos porque no había avances, porque la violencia está afectando a la gente humilde, a quienes les compran sus tierras y después los secuestran, además de un gran número de casos no denunciados”. Y añadió que “desde hace dos o tres semanas, la policía empezó a detener a grupos delictivos fuertes que han hecho del secuestro su forma de vida. Estas acciones me parecen muy importantes porque no podemos permitirnos que éste delito siga lastimando a los morelenses”, señaló la señora Morera. ¿Cómo la ven, amables lectores?

3.- Cambiando de frecuencia comentaré que el PAN en el Congreso local denunció ayer que el ayuntamiento de Cuernavaca está aplicando cobros indebidos por el nuevo concepto de recolección de basura, a partir de una reclasificación catastral ocurrida por decisión exclusiva del alcalde Jorge Morales Barud y su tesorero, Rafael Rivera Ruiz, sin la autorización del Cabildo ni la del Congreso, que eran necesarias. Hay pues, “una trampa con el propósito de cobrar más a los contribuyentes de Cuernavaca”, a los cuales el blanquiazul a través de su coordinador parlamentario, Javier Bolaños Aguilar, conminó a no pagar, les ofreció asesoría jurídica gratuita para buscar el amparo de la justicia federal y dejó en claro que el Congreso analizará las acciones jurídicas y políticas que procedan. Sin embargo, llama la atención que sea el PAN quien señale ahora anomalías en el cobro de servicios municipales, cuando en su momento se convirtió en el principal impulsor de la imposición de un pago por recolección de basura. Demasiada bipolaridad.

4.- El señalamiento a la comuna capitalina llegó en un mal momento, pues aún no consigue convencer a la totalidad de diputados para que le aprueben su solicitud de refinanciamiento por 860 millones de pesos, más el crédito que por 100 millones de pesos ha solicitado para el SAPAC. El jueves anterior, el alcalde Jorge Morales Barud envió a la secretaria Cristina Ríos Meraza a convencer a los legisladores, pero no entregó buenas cuentas. Los diputados de la bancada priísta batearon a la funcionaria y agendaron una nueva reunión para ayer martes, a la que acudió el munícipe en persona. Seis de siete diputados priístas, encabezados por Isaac Pimentel Rivas, acordaron apoyar el refinanciamiento para Cuernavaca, no en el orden planteado por Morales Barud, pero sí por 755 millones de pesos pagaderos en un plazo de 20 años. Pimentel indicó que él mismo realizará el cabildeo entre el resto de bancadas parlamentarias, porque Cuernavaca no puede esperar más. Y en el mismo contexto, el GPPRI anunció que también respaldará la reestructuración financiera de Puente de Ixtla, mediante nuevos empréstitos hasta por 45 millones de pesos, los cuales serán una piscachita frente a los 120 millones de pesos proyectados por el alcalde Julio Espín Navarrete. A ver.

5.- Mientras que la diputada Erika Hernández Gordillo se ha mantenido como un peón leal al régimen perredista en curso, el dirigente estatal del Partido Nueva Alianza, el ex diputado Francisco Santillán Arredondo, ha sido un crítico del sistema local, lo mismo en declaraciones a la prensa que a través de las redes sociales. Eso ha hecho aparecer que el dirigente partidista y la diputada aliancista viven desde hace meses –quizás los 18 que lleva la legislatura actual- una pelea soterrada en la que cada cual defiende su parcela de poder. De hecho, el dirigente estatal del Panal ha puesto en evidencia a la legisladora más de una vez, al criticar decisiones legislativas en las que ha participado Hernández Gordillo. Pero dicen los enterados que en el pequeño feudo de la legisladora hay fiesta porque Santillán ya se va y su lugar será ocupado por el secretario general oficial del instituto político, Felipe Castro Valdovinos, eterno aspirante a dirigir al SNTE en la entidad que ahora tendrá, al menos, la sucursal del imperio magisterial. ¿Lo creemos?

6.- La Asociación de Instituciones de Educación Superior del Estado de Morelos, mejor conocida por sus siglas AIESPEM, entró en una nueva etapa histórica bajo la presidencia de Itzel Carmona Gándara, quien hoy estará de plácemes durante la firma de un convenio de colaboración con la cervecería Cuauhtémoc Moctezuma, consorcio que a nivel nacional comenzará desde Cuernavaca un programa nacional denominado “Consumo Inteligente”. El acto se tiene programado a las 10:00 horas en Las Mañanitas Casa Nueva, con la presencia de personalidades de los tres órdenes de gobierno y directivos de la mencionada compañía. Harían acto de presencia, por ejemplo, César Barona Ríos, subsecretario de Educación Media Superior y Superior del Estado; Jaime Álvarez Cisneros, secretario de Turismo; Julio Mitre Cendejas, secretario de Economía; Jorge Messeguer Guillén, secretario de Gobierno; 40 rectores de universidades particulares y directivos de Cuauhtémoc Moctezuma a nivel nacional. Suerte.

7.- Una cosa se desprende de la otra. Es decir, la falta de recursos económicos en el Ayuntamiento de Cuernavaca obligó ayer al Grupo SIREC de recolección de basura a efectuar un nuevo movimiento de presión afuera de la Tesorería Municipal, con el fin de que le pague alrededor de 32 millones de pesos de deuda acumulada durante los pasados tres años. Aunque los concesionarios aseguraron que no dejarán de recoger los desechos sólidos de la ciudad, sí existe la posibilidad de una contingencia de la basura en caso de que la descapitalización le impida movilizar a mediano plazo todas sus unidades recolectoras. A ver.