Así, si la pena por cometer un homicidio es 40 años de prisión y la probabilidad de recibirla es de 20 por ciento, el castigo esperado sería de ocho años, multiplicado por el costo de oportunidad del delincuente. Si el beneficio para un delincuente de matar a una persona es igual o inferior a esa cifra, probablemente no lo cometa. En el ensayo “Violencia 2007-2011. La tormenta perfecta”, escrito por Alejandro Hope, director de Política de Seguridad del Instituto Mexicano de Competitividad (IMCO), y publicado por la Revista Nexos en noviembre de 2013, leemos a mayor abundamiento: “Pero, ¿qué pasa si, por razones exógenas, el beneficio traspasa ese umbral? Asumiendo como constante la capacidad de castigo en el corto plazo, el delincuente tenderá a cometer el homicidio y otros delincuentes harán lo mismo. Mientras más homicidios ocurran, menor será la probabilidad de que cualquier acto en lo individual sea castigado y, por tanto, el castigo esperado tenderá a disminuir, generando con ello un incremento adicional en el número de homicidios. El mecanismo es un bucle de retroalimentación.”

2.- Sucede lo mismo con el flagelo del secuestro. Bien se le denomina “delito de alto impacto”, cuya incidencia y recurrencia han causado graves perjuicios a nuestra entidad federativa desde el sexenio de pesadilla (1994-2000) hasta la actualidad. Y tiene mayor impacto cuando las víctimas forman o formaron parte de entes productivos dedicados al trabajo, sin causarle daño a nadie. Al contrario están (o estuvieron) absortas en generar riqueza, progreso y empleo. Son (o eran) hombres y mujeres indefensos ante la inestabilidad del crimen organizado y la debilidad de las estructuras gubernamentales responsables, ya no digamos de erradicar las células delincuenciales, sino por lo menos controlarlas. Mucho se presume la disminución en la incidencia de dicho delito. Pudiera ser cierto, pero lo que la sociedad morelense sigue percibiendo es un clima de vaivenes en cuanto a la seguridad pública que, desde mi personal punto de vista, se deben al reacomodo de células delincuenciales, tanto del crimen organizado, como de bandas dedicadas a la comisión de delitos del fuero común.

3.- Las más de diez muertes ocurridas durante el pasado fin de semana en distintos puntos de Morelos indudablemente están vinculadas a los hoyos delincuenciales que se abrieron mientras las autoridades federales y estatales se han mantenido absortas en combatir al secuestro. Los delitos cometidos por quienes integraron células al servicio de poderosos narcotraficantes descendieron, pero mientras las autoridades federales, estatales y municipales taparon esos espacios ligados al crimen organizado, la lógica de determinadas bandas los obligó a desviar sus actividades hacia delitos tipificados por el fuero común ante la necesidad de dinero, movilidad y armas. Constatamos la disminución (que no eliminación) del narcomenudeo, pero también es inocultable el aumento en todo tipo de robos, destacando los asaltos a mano armada y el robo de vehículos. Hay quienes, en el afán de conseguir dinero rápido, se aventuran a cobrar “derecho de piso”. El robo en sus variados contextos provoca una delicada percepción social de inseguridad pública.

4.- ¿Cuándo se resolverá esta grave situación? Me parece que nadie, absolutamente nadie puede responder esa pregunta. Es así como volveré a retomar parte de nuestra columna publicada el 6 de junio de 2012, en la cual aludimos a Eduardo Guerrero Gutiérrez, profesor e investigador de El Colegio de México, quien fue el autor del ensayo titulado “Los hoyos negros de la estrategia contra el narco”, difundido por la revista Nexos correspondiente a agosto de 2010. El experto señaló que “la política de desarticulación de cárteles (tal como lo concibe y ejecuta el gobierno mexicano) ha tenido tres efectos indeseados: generó o exacerbó los ciclos de violencia, multiplicó el número de organizaciones criminales y extendió la presencia de éstas sobre nuevas zonas del país”. Agregó: “La desarticulación basada en el descabezamiento de liderazgos no sólo impide la recuperación de espacios públicos buscada, sino que propicia la invasión de nuevos espacios por las organizaciones criminales. Los capos son detenidos o aniquilados después de ‘meses de trabajo’ de inteligencia, pero esas acciones generan olas de violencia que pueden durar semanas o meses, y con frecuencia culminan con la escisión del cártel descabezado, propiciándose el nacimiento de nuevas organizaciones”.

5.- El surgimiento de células delincuenciales no cesa, y esto ocurre frente a las narices de todas las corporaciones policíacas. ¿Redes de complicidades? ¿Temor a las bandas? Es probable, pero coincido plenamente con Guerrero Gutiérrez en el sentido de que el descabezamiento de los grupos no frena del todo el recurrente clima de inseguridad. Para muestra tenemos lo ocurrido el pasado fin de semana: 12 asesinatos producto del implacable clima de violencia. Ni duda cabe: se está cumpliendo el vaticinio externado por Ismael “El Mayo” Zambada durante una entrevista que el capo concedió al brillante periodista Julio Sherer García, publicada el 4 de abril de 2010 en el semanario Proceso. Dijo Zambada: “El narco está en la sociedad, arraigado como la corrupción. Los soldados rompen puertas y ventanas, penetran en la intimidad de las casas, siembran y esparcen el terror (…) pero siempre llegan los remplazos”. Una pregunta al respecto: ¿de dónde proviene la droga que en ocasiones es interceptada por las corporaciones policíacas?

6.- Recientemente me proyectaron 42 minutos de un video relacionado con el robo de una camioneta, en alguna colonia de Cuernavaca. Sus protagonistas: seis jóvenes (hombres y mujeres) cuyas edades no rebasaban los 18 o 20 años; todos actuando con decisión, arrojo y método. Cabe subrayar que eran alrededor de las 4:00 de la madrugada cuando ocurrió el ilícito. ¿Habrán imaginado sus padres lo que estos jovencitos harían aquel amanecer? ¿Qué dijeron esos noveles hampones cuando se despidieron de su padre o madre la mañana o tarde anterior? ¿Irían a una fiesta? ¿Estarían “estudiando” en la casa de algún compañero de la escuela? ¿Simplemente salieron de casa sin el consentimiento de sus padres? ¿Son producto de hogares disfuncionales? Escribo lo anterior, amables lectores, porque la mayoría de delitos están siendo cometidos por adolescentes (casi niños) y jóvenes que no rebasan las citadas edades. Un ejemplo de lo anterior es lo acaecido a dos adolescentes de una preparatoria de Tlaltizapán.