2.- Sin embargo, lo anterior no es nada nuevo. La problemática tiene antecedentes, que me transfieren al 13 de abril de 2005. Hace diez años escribimos lo siguiente para Unomásuno Morelos, rotativo entonces dirigido por mi colega Víctor Hugo Bolaños: “Dentro de la victimología el trabajo puede ser un factor importante. Hay ocupaciones plenamente riesgosas y como ejemplos típicos pueden citarse las siguientes: policías, repartidores de mercancía, cajeros de banco, cobradores, algunas profesiones ilegales (prostitución, apostadores, etcétera) y los taxistas. Sin embargo, muchos de estos últimos se han pasado al lado de los malos. Su ámbito laboral, por lo tanto, se convirtió en una zona criminógena. Aún antes de la aprehensión de Raúl Cortés Galindo (alias ‘El Mico’), ex director operativo de la Policía Ministerial de Morelos en la ‘Era Montiel’ y protector de varias ‘tienditas’ dedicadas al narcomenudeo, era un secreto a voces la participación de un número indeterminado de taxistas en actividades ilegales, mismas que pueden ir desde el simple incremento tarifario sin autorización oficial, hasta la violación y el narcotráfico, pasando por el robo a casas-habitación. Al disponer de un enorme escenario para desempeñar sus funciones (las calles), ¿quién sospecharía de que un taxista pudiese estar participando en un acto criminal?”.

3.- A juzgar por las apariencias, la situación sigue igual. El uso de taxis como medio para hacer llegar drogas a los consumidores se ha extendido cada vez más, a tal grado de que el creciente número de trabajadores del volante en posesión de enervantes está preocupando a propios y extraños. No obstante, la sociedad todavía no percibe una adecuada política pública para frenar el problema, ni la coordinación entre las corporaciones estatales y municipales de seguridad pública y la Secretaría de Movilidad y Transporte a fin de crear por primera vez un depurado padrón de permisionarios y trabajadores del volante. La semana pasada, el arquitecto Manuel Santiago Quijano, titular del sector, informó que ha solicitado a la Secretaría de Hacienda de Morelos, encabezada por Adriana Flores Garza, la creación de una iniciativa para reformar la Ley General de Hacienda, con el objetivo de aplicar el pago para la expedición de la Licencia de Operador Certificado, cuya tramitación incluirá la aprobación de un examen físico y toxicológico. Conclusión: a tantos años de haberse gestado la actual problemática, todavía se carece de una política pública capaz de resolverla. Esperemos para ver y después diremos.

4.- Cambiemos de frecuencia. El próximo viernes se celebra el aniversario de la creación del estado de Morelos. Habrá sesión especial en el Congreso con ese motivo y asistirán los representantes de los tres Poderes del Estado. La ocasión permitirá recordar cómo presumían hace un año personajes como el entonces presidente de la Junta Política y de Gobierno, Isaac Pimentel, que para esta fecha, este 17 de abril del 2015, estaría siendo inaugurado el nuevo edificio sede del Poder Legislativo, con los 500 millones de pesos que los propios diputados asignaron al proyecto, y que forman parte del crédito que por dos mil 806 millones le autorizaron al gobierno estatal a finales de 2013. Hoy de esos 500 millones nada se sabe y, por supuesto, no hay nuevo edificio del Congreso ni lo habrá por lo menos en la actual legislatura, la cual terminará sus actividades en cuatro meses y medio. Lo único que ha dejado de cierto la nueva sede del Legislativo es un escándalo por la compra-venta a precio inflado de un predio, que puso a Morelos en vergüenza nacional. Por lo mismo la adquisición del terreno fue cancelada.

5.- Con la llegada de la época de calor, las autoridades del sector Salud promocionan una serie de medidas que la ciudadanía debe adoptar para disminuir los riesgos de contraer enfermedades gastrointestinales, entre ellas no comer alimentos crudos y cumplir las necesarias condiciones de higiene, tanto en su preparación como en su consumo. Sin embargo, es la propia ineficiencia gubernamental la que contribuye en alguna medida para que se presenten esas enfermedades, dado que permite, solapa y a veces promueve –como se ha visto en los meses recientes en la propia Plaza de Armas- la instalación de negocios semifijos que venden alimentos preparados. El presidente de la Cámara Nacional del Comercio en Pequeño, José Salgado Patiño, denunció que estas negociaciones representan un grave riesgo para la salud de los morelenses y, además, una vía para la evasión fiscal a la que el gobierno no debe seguir apoyando. Cabe decir que ni siquiera a las afueras de instalaciones de Salud como las clínicas 1 y 20 del IMSS en Cuernavaca, o el Hospital José G. Parres, se combate la venta insalubre de alimentos, pese a que algunos diputados han intentado llamar la atención de las autoridades para este tema, como el caso de la diputada local con licencia Rosalina Mazari.

6.- El artículo 7 fracción VII de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, vigente a nivel nacional, contempla la imposición de 50 a 100 días multa y prisión de seis meses a tres años a quienes “soliciten votos por paga, promesa de dinero u otra contraprestación, o bien mediante violencia o amenaza presione a otro a asistir a eventos proselitistas, o a votar o abstenerse de votar por un candidato, partido político o coalición, durante la campaña electoral, el día de la jornada electoral o en los tres días previos a la misma”. Se ha creído que Javier Sicilia, secretario de Extensión Universitaria de la UAEM, incurrió en un delito electoral por convocar a un boicot electoral, lo cual es inexacto. Una cosa es tratar de sabotear el proceso y otra invitar a la nulificación del voto el día de los comicios. No es lo mismo. Nulificamos el voto si cruzamos toda la boleta sin favorecer a ningún partido. Es una forma de protesta.