2.- Sin embargo, al parecer finalmente hubo acuerdos al interior de la Junta Política que preside el panista Javier Bolaños, y en su sesión de mañana el Congreso incluirá el dictamen relativo a la evaluación de cinco magistrados del Poder Judicial que estarían a la espera de ser ratificados. El documento que fue consensado básicamente entre PAN, PRD y PRI, será presentado este miércoles en el apartado de primeras lecturas de la sesión, pero con la salvedad de la dispensa de la segunda lectura para proceder de manera inmediata a su discusión y votación. Quienes obtengan el beneficio de la ratificación lo tendrán por un periodo de ocho años más, para que puedan sumar el máximo de 14 años que permite la ley para ocupar la titularidad de una magistratura. La pregunta es si a la par del de los magistrados se negociaron otros temas, y aunque se habla de asuntos jugosos como las plantas beneficiadoras de basura de la cooperativa Cruz Azul, que en diciembre se cayeron de último minuto, la realidad se sabrá hasta que se desarrolle la sesión. A todo lo antes dicho añadiré el siguiente pronóstico: se acercan de manera vertiginosa dos sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto a la obstrucción de la justicia en el Poder Judicial de Morelos cuya principal protagonista ha sido la magistrada con licencia Guillermina Jiménez Serafín, actual representante del Poder Ejecutivo ante el Consejo de la Judicatura.

3.- El primer expediente nos remonta al 1 de noviembre de 2002, cuando Juan José Pedro Sarquís asesinó a Braulio Paredes Núñez. Los hechos ocurrieron en la casa 42 de la calle Luxemburgo del fraccionamiento “Burgos de Cuernavaca”. Siendo juez segundo de lo penal, Jiménez Serafín dictó el 6 de agosto de 2003 auto de formal prisión a Pedro Sarquís y nueve coacusados, quienes a pesar de atestiguar el crimen lo encubrieron. Sin embargo, tras una prolongada cadena de complicidades y actuaciones discrecionales dicha funcionaria judicial liberó a Pedro Sarquís el 10 de marzo de 2005 (tiempo atrás había hecho lo mismo con los nueve jóvenes procesados). Inconformes por el desaseado proceso, los padres de Braulio Paredes Núñez presentaron una queja ante la mencionada Corte, la cual está a punto de emitir sentencia. Y en tal marco de circunstancias vendrá otra resolución del mismo cuerpo colegiado, desde luego contraria a Guillermina Jiménez Serafín, por la queja que presentó el empresario hotelero Alfredo Tinajero Fontán. Dice Pascual Virgilio Hernández, abogado de esa persona, que la magistrada con licencia, siendo juez penal, inventó una averiguación previa para perjudicar a su cliente. Estaremos pendientes y después diremos.

4.- Este lunes comenzó el periodo para las campañas de los candidatos que buscan entronizarse en 33 presidencias municipales y 30 diputaciones locales, de las que 18 son de mayoría relativa y 12 de representación proporcional. Los discursos, las promesas y los compromisos serán cosa de todos los días a partir de la víspera y hasta el 3 de mayo, de acuerdo con el calendario marcado por el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, órgano que está integrado por siete consejeros electorales con escasos antecedentes para su tarea, salvo uno de ellos que viene de ser el titular del órgano electoral, pero que en conjunto han mostrado habilidad y firmeza para enfrentarse al poder, como lo hicieron al resolver y defender el acuerdo para la paridad en candidaturas a nivel de los ayuntamientos, lo que los confrontó con el Ejecutivo, el Legislativo y los principales partidos políticos, y sentó precedente nacional al ser resuelto a su favor por los tribunales del ramo. Del 4 al 6 de junio habrá veda para los candidatos, para que el domingo 7 de junio todos los ciudadanos tengan el derecho y la obligación de acudir a votar. A ver.

5.- En los poderes Legislativo y Judicial debió prender luces de alerta el anuncio de austeridad en el que insistió ayer el gobernador Graco Ramírez durante su anuncio de prensa semanal, que esta vez tuvo la particularidad de darse mientras a las afueras del sitio del evento se desarrollaba una protesta de Antorcha Campesina, que lleva ya muchos días manifestándose de diversas manera y mantiene, también, un plantón a las afueras del Palacio de Gobierno. El mandatario informó que se reducirán en 50 por ciento los gastos en comunicación social y otros rubros, y reiteró el compromiso de su gobierno por reorientar recursos de gasto corriente a las obras sociales. La postura del Ejecutivo lleva a preguntar si el Congreso y el Tribunal Superior de Justicia tienen intención y/o posibilidad de seguir el ejemplo del gobernador morelense, sobre todo cuando ambos están en manos de mujeres (Lucía Meza y Nadia Luz Lara, respectivamente) y de éstas se presume que son más diestras para el ahorro de recursos.

6.- Al parecer no será antes de que concluyan las campañas políticas y de que pasen las votaciones de junio cuando las autoridades de diversos municipios, en especial las de la capital del estado, estén en condiciones de poner en funcionamiento el alcoholímetro cuya implementación fue aprobada por el Congreso a partir de una iniciativa del Poder Ejecutivo que, además, establece penas mayores a quienes vendan embriagantes a menores de edad. El tema se ha apagado en los medios, pero entre los jóvenes que visitan los antros de la ciudad y que gustan del consumo de bebidas alcohólicas hay expectación por lo que sucederá en este rubro una vez que el alcoholímetro esté en operación. Hay temor porque la medida pueda ser pretexto para actos de corrupción y violaciones a los derechos humanos… La legislación electoral morelense y la federal tipifican casi a la perfección los delitos en la materia. Mucho dinero pagó el pueblo mexicano durante los procesos legislativos correspondientes en el Congreso federal y el local para darnos una nueva estructura jurídica que garantice comicios limpios. No era necesario, pues, un pacto de civilidad (bastante desairado) entre candidatos a la presidencia municipal de Cuernavaca. Los ocho aspirantes al cargo hoy ocupado por Jorge Morales Barud y el resto de los cinco mil 222 candidatos registrados ante el Impepac simple y sencillamente deben acatar los dictados de la ley. Y ya.