Aunque tienen el legítimo derecho de apelar ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de Morelos, los dirigentes perredistas no lo harán, entre otras causas por lo siguiente. Es indudable que el “Cuau” no podría probar su residencia en Cuernavaca durante cinco años en el remoto caso de que el TEE hubiese decidido entrarle al fondo del asunto, pero el PRD tendría pocas posibilidades de llevar a juicio al futbolista debido a que la legislación electoral es estricta con respecto a los tiempos fatales. Apoyado desde luego por los líderes del PSD, Blanco Bravo presentó ante el Impepac documentos de dudosa procedencia para su registro. Sin embargo, el PRD no podrá hacer nada más porque su recurso fue presentado cuatro días después de que se cerró el plazo para la entrega de impugnaciones a los registros convalidados por el Consejo Electoral. En derecho electoral, amables lectores, los plazos son estrictos. Ayer ya no tuve tiempo de escribir en torno a este escenario y por eso lo estoy haciendo ahora. Conclusión: un nuevo recurso ante el TEE del Poder Judicial hubiera situado al PRD en el mismo contexto; es decir, los magistrados habrían confirmado la resolución del Impepac. Por eso el “Cuau”, tras su partido de despedida (la noche de este martes), pudo presentarse ayer sin cortapisas frente a miles de personas que atiborraron la explanada principal de la Alameda de la Solidaridad.

2.- Cambiemos de frecuencia. El berenjenal judicial en que se encuentran inmersos el Ayuntamiento de Cuernavaca y Promotora Ambiental, S.A. de C.V. no tiene para cuándo resolverse de manera definitiva y podría transferirse a la siguiente administración municipal, que iniciará el primero de enero de 2016. Como todo mundo sabe, el lío proviene de la administración que en su momento presidió Manuel Martínez Garrigós, quien en 2007, por angas o mangas, decidió invalidarle a PASA-Cuernavaca el título de concesión mediante el cual venía proporcionando el servicio de recolección, traslado y confinamiento de nuestros desechos sólidos. El espinoso asunto, ya encauzado por la vía jurídica, pasó por la deplorable gestión de Rogelio Sánchez Gatica y finalmente fue recibido por Jorge Morales Barud a partir del uno de enero de 2013. Desde entonces el forcejeo entre la administración del ixtleco y los representantes legales de PASA, encabezados por Guillermo Pasquel, ha tenido altibajos durante un proceso ventilado en ámbitos jurisdiccionales del Poder Judicial del Estado. La Primera Sala del Tribunal Superior de Justicia, integrada por los magistrados Rocío Bahena Ortiz, María del Carmen Verónica Cuevas y Rubén Jasso Díaz, resolvió este lunes una apelación de PASA-Cuernavaca en segunda instancia, la cual causó ejecutoria el martes al ser publicada en el Boletín Judicial. Desde ese momento el Ayuntamiento tiene cinco días hábiles para solicitar el amparo de la justicia federal, aunque es importante subrayar que los terceros perjudicados, es decir Autotransportes Maquimir S.A. de C.V. (o Grupo SIREC), ya solicitaron amparo a través de los abogados Ricardo Tapia Vega y Luis Linares.

3.- El conflicto de la basura puede analizarse sobre dos contextos: el político y el jurídico. En el escenario político PASA-Cuernavaca consiguió casi la destrucción de Manuel Martínez Garrigós, exhibió gacho la ineptitud del abogado Rogelio Sánchez Gatica y ahora la ha emprendido en contra de Morales Barud, a poco más de seis meses de que concluya su gobierno. Las presiones al ixtleco por parte del consorcio regiomontano son variadas, pero puedo sintetizarlas así: PASA pretende el pago de alrededor de 370 millones de pesos. Nomás. O podría negociar con el Ayuntamiento a fin de que le restituya el título de concesión y calendarice los pagos, obviamente haciendo a un lado al Grupo SIREC que, según los tres magistrados aludidos, tiene a salvo sus derechos para hacerlos valer en la vía y forma correspondientes. El problema se agrava porque el Ayuntamiento también le adeuda a SIREC alrededor de 47 millones de pesos, mientras los asociados en ese grupo siguen pasando las de Caín para evitar una nueva crisis de la basura. Y tocante al escenario jurídico, es fácil inferir que Morales Barud procederá al amparo, a pesar de las múltiples advertencias externadas ayer por Guillermo Pasquel que, debo subrayarlo, forman parte del esquema político. Así las cosas, de la misma forma en que el problema del refinanciamiento de deuda se le heredará al siguiente alcalde o a la siguiente alcaldesa, la papa caliente de PASA y SIREC le será transferida a quien resulte victoriosa o victoriosa el próximo 7 de junio. Esperemos para ver y después diremos.

4.- Vamos a otra cosa. Parece cosa de risa, pero políticos de todos los colores se están desgarrando las vestiduras para atraer reflectores teniendo como pretexto el tema del Sistema Nacional Anticorrupción que apenas el martes recibió luz verde en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Ayer los voceros de diversas siglas partidistas aprovecharon la ocasión para expresar opiniones festivas sobre el paso que los políticos han dado para controlar su propia voracidad, y advirtiendo que ahora sí se evitarán las corruptelas en un estado y un país marcados por este fenómeno que parece propio, inevitable e inatacable, de nuestra sociedad. Es casi ocioso decir que a la clase política que impulsa las medidas anticorrupción se le cree poco en cuanto a la sinceridad de su deseo de combatir este mal, y por tanto tampoco se da por un hecho que resultarán efectivas. Por lo pronto, la oportunidad de aprobar el Sistema en medio de un proceso electoral federal, lo hace ver como un recurso meramente electorero, y como simples oportunistas a quienes en él se montan.

5.- Los diputados del Congreso de Morelos detuvieron a última hora el proceso relativo a la ratificación de magistrados del Tribunal Superior de Justicia. Los miembros del Poder Judicial Ángel Garduño González, Carlos Iván Arenas Ángeles, María Idalia Franco Zavaleta, Rubén Jasso Díaz y Norberto Calderón Ocampo fueron evaluados por el Congreso a través de la Junta Política que concentra a todos los coordinadores parlamentarios, y por la noche del martes se daba por descontado que en la sesión de ayer serían subidos los dictámenes correspondientes a tal procedimiento, que incluían la ratificación de tres de ellos y la sustitución de dos. Pero como sucede con frecuencia en estos casos que involucran la lucha de poderes políticos formales e informales, el diablo metió la cola y de último minuto los acuerdos se cayeron y los dictámenes retirados del orden del día que para entonces ya habían distribuido entre los legisladores.