Allá y entonces escribí varias columnas donde analicé la problemática financiera de los municipios que constituyen la zona metropolitana de Cuernavaca y sus ingresos propios. El 4 de enero de 2011, para darle continuidad al conflicto enfrentado por MMG, me referí al excelente ensayo titulado “Mejorar el rendimiento del impuesto predial: una necesidad inaplazable”, del doctor Salvador Santana Loza, director general adjunto de la Hacienda Municipal en el Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas (Indetec).

2.- Transcribo ahora parte de aquel trabajo: “Las contribuciones a la propiedad inmobiliaria son  las principales fuentes de ingresos para los municipios del país, siendo el impuesto predial la figura más importante de estas contribuciones, cuya recaudación a nivel nacional genera un rendimiento  del 0.2 por ciento del PIB, el cual comparado con los rendimientos en otros países de características económicas similares a las de México es inferior (…) Por tal motivo es importante que los municipios encaminen sus esfuerzos para lograr optimizar la recaudación de este impuesto, disminuir el rezago y la evasión del pago de dicha contribución, y en consecuencia se fortalezcan sus ingresos propios, para la satisfacción de las demandas de la ciudadanía”. Efectivamente. Cada tres años los aproximadamente dos mil 400 presidentes municipales de este país enfrentan el siguiente dilema: emprender una revaluación catastral acorde a los valores comerciales de predios y construcciones, a fin de ubicar en forma realista las tasas del impuesto predial dentro del anárquico mercado inmobiliario y con ello generar mayores ingresos a las arcas locales, o no hacer nada, lo cual repercute siempre en la falta de recursos para construir nueva infraestructura.

3.- Una de las principales causas por las cuales no se optimiza la recaudación del predial, además del bajo valor catastral de los inmuebles, es sin duda el temor al desgaste político que campea en las administraciones municipales, así como los compromisos que les impiden iniciar importantes campañas del cobro de este gravamen, luchando contra inercias añejas que impiden la recaudación tributaria. Esto fue precisamente lo que ocurrió con el Ayuntamiento de Cuernavaca en 2011. Manuel Martínez Garrigós decidió actualizar todos los valores implícitos en el cobro del impuesto predial, pero con un alto costo político. Tuvo que dar marcha atrás. Empero, es importante recordar que la principal oposición a las actualizaciones catastrales surgió desde el PAN. Uno de los principales actores fue Luis Miguel Ramírez Romero, hoy candidato blanquiazul a la presidencia municipal cuernavacense, quien ha omitido cualquier referencia al multicitado gravamen. Pero dos de los que están enfrente ya lo hicieron: Jorge Messeguer Guillén, de la coalición PRD-PT, y Maricela Velázquez Sánchez, de la coalición PRI-PVEM-PNA.

4.- Le fémina se comprometió anteayer a no incrementar el impuesto predial y a generar condiciones para una nueva vida en las zonas de marginación. Su declaración, sin embargo, no significa que no vaya a actualizar las tasas del impuesto, bastante inequitativas, pues hay casos aberrantes en que el propietario de una vivienda de la colonia Antonio Barona paga lo mismo que el dueño de un lujoso inmueble situado en Vista Hermosa o Reforma. Así lo comentó sin ambages Jorge Messeguer durante un reciente encuentro con empresarios de la radio y la televisión. Además, el candidato izquierdista afirmó ayer que el Ayuntamiento de Cuernavaca emplazó a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) a pagar el impuesto predial de distintos edificios. Agregó que desde el año pasado la UAEM ha recibido requerimientos de pago del predial por los inmuebles que albergan a la Facultad de Medicina, Nutrición y Enfermería; al Centro de Ate Indígena, Los Belenes y el Centro Cultural Universitario. Etcétera. Por ello se comprometió a exentar del pago del predial a la UAEM y cumplir con el Impuesto Pro UAEM que, según dijo, no paga la comuna cuernavacense. Conclusión: Maricela y Messeguer tocaron ya una parte neurálgica de los ingresos propios del municipio. Luego le seguimos.

5.- Cambiando de frecuencia comentaré que la FEUM y el IMPEPAC dieron a conocer ayer su propósito de organizar debates entre candidatos para que los ciudadanos los conozcan mejor. El órgano electoral está en su derecho y obligación de convocar a los candidatos, y piensa llamar a los abanderados de todos los partidos a diversos cargos de elección popular, incluidos aquellos que van por las diputaciones federales, en una situación que por momentos parece extraña porque prevalece la idea de que los consejeros electorales siguen teniendo exclusivamente un carácter estatal. En tanto, la decisión de la FEUM parece polémica porque el organismo estudiantil adolece de parcialidad en razón de las preferencias políticas personales de quienes lo dirigen formalmente, sumadas a las de quienes los impulsaron para llegar ahí y las de aquellos que pueden llegar a manipularlo; además de que los universitarios tendrían como objetivo único, formal, escuchar a los aspirantes a la presidencia municipal de Cuernavaca. A ver.

6.- Luego de varias semanas de suspenso, a final de cuentas la Junta Política del Congreso local, presidida por el panista Javier Bolaños Aguilar, subió ayer a la sesión plenaria los dictámenes relativos a las evaluaciones de cuatro magistrados numerarios que estaban a la espera de ser ratificados. Con mayoría aplastante, producto de los largos días que les llevaron las negociaciones, los dictámenes fueron aprobados sin discusiones en tribuna, de tal manera que, resultado de ello, fue ratificado únicamente el magistrado Rubén Jasso Díaz para un periodo únicamente de ocho años más, con lo que mantendrá en el cargo hasta mediados del año 2023. Sin embargo, no corrieron la misma suerte los magistrados Ángel Garduño González, Carlos Iván Arenas Ángeles y María Idalia Franco Zavaleta. Los dos últimos no aprobaron la evaluación realizada por la Junta Política, que concentra la participación de todos los coordinadores parlamentarios, y el primero fue rechazado debido a que cuenta con 62 años de edad y los diputados, de ratificarlo para un periodo de ocho años, faltarían a la ley que pone en 65 años la edad máxima que debe tener un magistrado. Así las cosas, viene un nuevo periodo de rebatiña en el Congreso ante las magistraturas que quedaron vacantes.