Como preámbulo indiqué que “la causa del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social debería ser la de todos los sindicatos de este país, pues lo que está en juego con las reformas a la ley de dicha institución no es la cuestión de las jubilaciones y pensiones, sino el destino de infinidad de contratos colectivos de trabajo, pero concretamente los de organizaciones gremiales fuertes, como son las independientes, ajenas a la CTM u otros mecanismos corporativizados y afines al gobierno”. Añadí lo siguiente: “Para que me entiendan diré que un tercio de los sindicatos de la CTM son de protección, la mayoría de ellos radican en el Distrito Federal y otros cientos subsisten en todos los estados, incluido Morelos, al amparo de las autoridades laborales. Las mafias que los administran se mantienen gracias al apoyo de las juntas locales de conciliación y arbitraje y de la fuerza pública. Sólo benefician a empresas y patrones”.

2.- Lo anterior fue prácticamente admitido por Javier Mújica Díaz, quien me comentó que “la sobrevivencia de sindicatos fantasmas, especialmente en actividades como la de la construcción, es un fenómeno real”. Mújica no evadió el bulto. Así las cosas, amables lectores, estábamos hablando de un promedio de 500 sindicatos con registro, que a simple vista pudieran considerarse como legalmente en operación, aunque la toma de nota de la mayoría y la validación por dicha Junta se habían otorgado mucho tiempo atrás, presentándose el ridículo caso de líderes ya fallecidos pero que continuaban al frente de esas organizaciones. Aunque Mújica Díaz reconoció que “esos sindicatos de estructuras irregulares suelen recurrir a extorsiones, chantaje y la amenaza de clausura de obras particulares o huelgas, cuando no existe ninguna ley que los ampare y valide en sus acciones”, nada se hacía por desaparecerlos.

3.- El problema continuó. El 8 de octubre de 2012, al comentar la designación de Víctor Manuel González Cianci como presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, volví a referirme al delicado asunto señalando que dicho abogado (ex magistrado del Poder Judicial) enfrentaría una intrincada red de complicidades existentes en ese órgano laboral desde hacía décadas. Escribí: “Hoy por hoy la multicitada junta y sus tres juntas especiales convirtieron su principal tarea de defender a los trabajadores en un negocio para sindicatos de protección y abogados y líderes corruptos que han manejado y siguen manejando los emplazamientos a huelga y la toma de nota como mercancías ante el mejor postor”. Y el 22 de agosto de 2014 retomé el tema luego de una interesante conferencia de prensa convocada por el Consejo Laboral Ciudadano de Morelos y el Consejo Coordinador Empresarial, entonces presidido por Juan Carlos Salgado Ponce, hoy secretario de Economía. A juzgar por lo dicho allá y entonces, la problemática en los tribunales laborales seguía latente. A nombre del empresariado morelense, Salgado Ponce denunció que los hombres de negocios y quienes están dedicados a generar riqueza desde el sector privado “pierden hasta 40 millones de pesos al año por el retraso de cualquier número de audiencias ante ese cuerpo colegiado (la JLCA) y otros que dependen del mismo. Los juicios llegan a tardar hasta cinco años, en un ambiente burocrático caracterizado por la falta de recursos materiales y humanos”. Juan Carlos advirtió que los empresarios de Morelos cerrarían el año con alrededor de seis mil 500 demandas laborales, lo cual era grave considerando que no había la suficiente y debida conciliación. Etcétera.

4.- Y es así como llegamos a este lunes 23 de junio de 2015, cuando los secretarios del Trabajo del país, incluida la morelense Gabriela Gómez Orihuela, firmaron un acuerdo para erradicar y rechazar los contratos que simulan la contratación colectiva de trabajadores para evitar emplazamientos a huelga, es decir los llamados contratos de protección. La firma se realizó ante la presencia de Alfonso Navarrete Prida, secretario del Trabajo y Previsión Social a nivel nacional y anterior jefe de Gómez Orihuela. Durante el acto, Navarrete Prida pronunció un “vigoroso” discurso rechazando las acusaciones que en el extranjero proyectan a México como promotor de los contratos de protección patronal. Y puso énfasis al agregar que el acuerdo con sus homólogos estatales representa un “acto sin precedentes”, aunque todavía está pendiente la divulgación de los detalles de la estrategia que se utilizará para combatir esos contratos. Bien entonces, amables lectores, la problemática que denunciamos desde 2005 predomina hasta el día de hoy. Los compromisos convalidados por Gabriela Gómez Orihuela a nombre de Morelos son los siguientes: se intensificarán la promoción y vigilancia en el cumplimiento de las obligaciones en materia de transparencia sindical; se garantizará la protección del derecho pleno a la sindicación y contratación colectiva, haciendo un frente común en contra de cualquier práctica de simulación; se promoverá el respeto a la autonomía sindical, sin menoscabo de la obligación de tutelar el ejercicio de cada trabajador de su libertad sindical; se impulsará la representación tripartita de nuestra institucionalidad laboral como garantía para la eficaz solución de los conflictos laborales; y se promoverá la denuncia de la existencia de los mismos ante la Procuraduría Federal para la Defensa del Trabajo (Profedet). Etcétera. Yo como Santo Tomás: hasta no ver no creer.

5.- Cambiemos de frecuencia. Mientras el presidente municipal de Cuernavaca, Jorge Morales Barud, se ha declarado dispuesto para un encuentro con el alcalde electo de nuestra capital, Cuauhtémoc Blanco Bravo, previo a los que por ley sostendrán los equipos de enlace de ambos durante el proceso de entrega-recepción, el diputado federal electo por el Distrito I, el panista Javier Bolaños Aguilar, con la investidura de presidente de la Junta Política y de Gobierno del Congreso local, declaró que ese cuerpo colegiado debe convocar lo más pronto posible a una “gran mesa” de transición donde se sienten representantes del Poder Legislativo y las autoridades municipales electas, a fin de que juntos enfrenten el difícil escenario financiero con el cual se toparán a partir del 1 de enero de 2016. Tocante a la enésima solicitud planteada por Morales Barud al Congreso para que le autoricen el refinanciamiento de 680 millones de pesos, Bolaños Aguilar me comentó que hasta ayer solo conocía la petición expuesta por al edil a través de los medios informativos. Sin embargo, precisó que el tema debe ser abordado ya, pues a los actuales legisladores locales les quedan nada más tres sesiones. El actual periodo concluirá el próximo 15 de julio y luego vendrá la diputación permanente hasta el 31 de agosto, si es que no se realiza algún periodo extraordinario. La deuda que se le heredará al “Cuau” en caso de que no haya refinanciamiento y renegociación con los bancos respectivos, superará los mil 600 millones de pesos. Nomás.