Martes, 30 Junio 2015 02:00

Los delitos patrimoniales

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Obstrucciones en la FGE

1.- El comisionado estatal de Seguridad, Jesús Alberto Capella, señaló ayer que en la entidad se registra una disminución en los llamados delitos de alto impacto, como el secuestro, la extorsión e incluso el robo de vehículos, sin que esto implique de ninguna manera que las autoridades puedan echar las campanas al vuelo. 

En una aparición ante la prensa, reveló que la preocupación central de las autoridades que encabeza en materia de ilícitos, actualmente, es el robo genérico, y como parte de éste el robo a casa habitación, del que se quejan habitantes del estado principalmente en una franja delincuencial que la Comisión Estatal de Seguridad ya tiene bien identificada. Habrá que señalar aquí que las víctimas no son solo las personas de grandes recursos económicos, sino que además de presentarse este ilícito en las zonas residenciales y exclusivas, ocurre en aquellas colonias de nivel económico medio, donde hay menores restricciones para que ingresen los maleantes, como rejas y casetas de vigilancia.

2.- Lo importante del tema no es que la autoridad tenga identificado al robo a casa habitación como uno de los delitos principales, sino que se dispone a poner en marcha acciones para combatirlo. La policía estatal se perfila a seguir la ruta de los bienes que los hampones extraen de las casas a donde se meten a robar. Es decir que finalmente indagarán de dónde se abastecen los bazares que se han multiplicado en Cuernavaca o los negocios que compran objetos de oro y plata o los reciben en prenda para el préstamo de dinero prácticamente sin comprobar su origen legal, así como a aquellos establecimientos semifijos que operan en los tianguis o mercados sobre ruedas que funcionan semanalmente en distintos puntos de la ciudad o en los municipios, pues en esos lugares se ofrece todo tipo de mercancía.

3.- Hasta aquí es plausible la actividad que ha desplegado y seguirá desplegando la Comisión Estatal de Seguridad dentro de lo que conocemos como prevención y disuasión de los delitos, pero es importante recordar que la investigación de los mismos le corresponde a la Fiscalía General del Estado, a cargo de Rodrigo Dorantes Salgado, cuya Policía de Investigación Criminal, antes Policía Ministerial, ha fallado rotundamente en la detección de la famosa “ruta de los objetos robados”. El área de robos, dentro de dicha corporación, no garantiza el recobro de los bienes. Y en el mismo nivel de simulación se encuentra la sección de recuperación de vehículos, lo cual pude constatar tras haber sido víctima de un asalto a mano armada con el robo de mi automóvil. Yo mismo hice mis investigaciones, apoyado por agentes del Mando Único adscritos a Jiutepec, localidad donde recuperé el carro. Entre muchos factores delincuenciales que pude identificar mencionaré, por ahora, la existencia de por lo menos diez corralones de grúas donde abundan los vehículos robados sin ser entregados a sus propietarios. Parece haber una confabulación entre los rateros, los posesionarios de esos terrenos y corruptos agentes del Ministerio Público que no informan nada sobre la localización de las unidades, a fin de sacarles miles de pesos a las víctimas al tiempo apropiado. Conclusión: más tardan los policías preventivos en detener a los ladrones (dentro de las distintas modalidades del robo), que la Fiscalía en liberarlos por falta de elementos para procesarlos. Se reciben opiniones.

4.- Ante la ausencia del gobernador Graco Ramírez, quien está en Francia invitado por empresas que ya operan en Morelos y pretenden traer más inversiones, el secretario de Gobierno, Matías Quiroz Medina, fue el encargado de ofrecer la rueda de prensa que semana a semana hace el Poder Ejecutivo. El funcionario habló de acciones de colaboración con autoridades de países como Estados Unidos, España, Colombia, Francia e Israel, para capacitar al personal policiaco y de procuración de justicia, en el combate de delitos diversos. En el evento, el secretario Quiroz aseveró que Morelos tiene hoy una nueva forma de hacer justicia, la cual garantiza el debido proceso y respeta los derechos humanos. Con relación a la problemática de seguridad pública, aceptó que ésta trascenderá al actual gobierno. Bien por la alocución del secretario de Gobierno, que infortunadamente choca con la realidad prevaleciente en ámbitos de la Fiscalía General, la cual pierde frecuentemente juicios dentro de nuestro sistema de justicia penal. Lo anterior es comprensible a partir de la escasez de fondos en todas las demarcaciones de la institución que, por cierto, son operados por el encargado de los recursos materiales, Fernando Solís Godínez, sujeto que fue enviado a ese cargo desde Palacio de Gobierno. Dícese que Solís Godínez, por haber adoptado una política eficientista, obstruye a todos los mandos, sean superiores o medios, aletargando los procesos de procuración de justicia, inclusive los que son urgentes al estar relacionados con el sistema de juicios orales. Debido a lo anterior hay una marcada polarización entre el fiscal Dorantes y su subalterno, quien se dice  protegido desde el más importante inmueble del centro cuernavacense. Y una damnificada más debido a la misma problemática es Adriana Pineda, titular de la Unidad Especializada de Combate al Secuestro (UECS). ¿Cómo la ven, amables lectores?

5.- En el Congreso causó dimes y diretes el tema de la concesión del alumbrado público que ya ha sido aprobado por los cabildos en municipios como Cuernavaca, Jojutla y Puente de Ixtla, y sobre el cual hay versiones encontradas en las que subyace la seguridad generalizada en cuanto a que hay un grupo de políticos, al parecer pluripartidista, que está buscando hacer el negociazo de fin de trienio al privatizar este servicio a favor de una empresa regiomontana y en contra de la ley y de los intereses de los morelenses. Destaca en este tema la aseveración hecha por el síndico municipal en funciones de alcalde de Jojutla, Manuel Valentín Juárez Policarpo, quien según aparece en la edición de ayer de La Unión de Morelos, le dijo al periodista Evaristo Torres que los municipios están siendo presionados desde el Congreso para aprobar la privatización del alumbrado público. El tema apenas va comenzando y paulatinamente se conocerá a los responsables. Y ya que mencioné al Poder Legislativo, no debemos perder de vista a nuestros ínclitos “representantes populares”, pues amenazan con asignarse un bono de retiro que oscilaría entre los 300 y 500 mil pesos. La legislatura 52 concluirá el último día de agosto.

6.- Con relación a la columna de ayer, donde mencioné el contubernio existente entre el ex secretario del Trabajo, José de Jesús Pérez Moreno, y el Nuevo Grupo Sindical (NGS), hubo reacciones por parte de Vinicio Limón Rivera, secretario general de la CTM-Morelos, quien declaró que “no podemos permitir que quienes se proyectan trabajando a favor de los ciudadanos, en realidad lo hagan para proteger los intereses de personajes que, a toda costa, pretenden ganar espacios en el gobierno estatal”. Indicó que tal es el contexto del ex secretario del Trabajo, exhibido ya como asesor del NGS. “Creyeron que con (Gabriela) Gómez Orihuela iban a hacer lo mismo, pero se equivocaron, pues la secretaria no se prestó a las presiones de los Hernández Bringas”, añadió.

Guillermo Cinta

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