Lo anterior se desprende de declaraciones recientemente vertidas por Carlos Knight Crespo, presidente del consorcio NL Technologies, S.A. de C.V, quien asegura que el 80 por ciento de los municipios avanzó rumbo a la privatización del servicio. La empresa es trasnacional, pero tiene directivos mexicanos asentados en Monterrey, Nuevo León. Knight Crespo manifiesta la certeza de que el alumbrado público será operado por ellos en las 33 localidades de esta entidad federativa.

2.- A continuación un apretado resumen sobre la información proporcionada por el presidente de NL Technologies (las siglas NL significan New Lighting): el contrato con los ayuntamientos absorberá parte de las participaciones federales de cada comuna como garantía de pago, ello a pesar de las condiciones de precarismo financiero prevalecientes en el 100 por ciento de municipios; se supone que las condiciones ofrecidas por el consorcio no implican riesgos para las comunas; el porcentaje de las participaciones, fijado en los contratos, irá a un fideicomiso, del cual se extraerán los recursos en caso de incumplimiento de pagos; las negociaciones con los ediles lleva casi un año, periodo en el cual la empresa levantó un diagnóstico sobre la infraestructura existente; los 33 municipios disponen de luminarias chafas y en infinidad de casos llevan 10 años de uso ininterrumpido; esa infraestructura genera un altísimo consumo de electricidad; las concesiones estarán vigentes de 15 a 20 años, en los cuales el consorcio garantizará el otorgamiento del servicio; y tocante al caso de Cuernavaca, estaría comprometido el 13 por ciento de participaciones federales. Etcétera, etcétera.

3.- Decían las abuelitas “piensa mal y acertarás”. En lo personal no me cabe la menor duda de que los intermediarios entre NL Technologies y los actuales presidentes municipales recibirán una lucrativa mochada, desde luego dejando comprometidas a las siguientes administraciones municipales, las cuales arrancarán hasta el 1 de enero de 2016. Es decir, faltan seis largos meses para consumar cualquier número de actos discrecionales, aunque a quienes integran la legislatura 52 les quedan pocas semanas para maniobrar. Conclusión: el asunto suena bien, teóricamente hablando, con relación a las garantías que los regiomontanos ofrecen, pero la realidad financiera de los ayuntamientos es distinta. Además, cualquier compromiso adquirido por los actuales ediles deberá ser estrictamente supervisado y convalidado por las autoridades locales electas. Nada debe hacerse sin su conocimiento y consentimiento, porque de lo contrario se repetirá la inestabilidad hoy padecida por la estrategia de seguridad pública denominada Mando Unico. A ver.

4.- Cambiemos de frecuencia. Cuando el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac) dio a conocer la lista de diputados uninominales y plurinominales que resultó de la votación del 7 de junio pasado, señalé la posibilidad de que no fueran esos nombres, en su totalidad, los de quienes finalmente se sentarán en las curules del Palacio Legislativo en la sesión de instalación de la legislatura 53, programada para el 1 de septiembre próximo. La posibilidad de que la lista sea modificada se está acreditando esta semana con el trabajo del Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Morelos (TEE), que tomó la decisión de revisar los votos del cuarto distrito electoral correspondiente a Cuernavaca sur, donde el Impepac le había dado el triunfo al panista Alberto Mojica Linares, de quien dábamos cuenta ayer de que ya se fue a dar una vuelta por el edificio sede del Congreso morelense. La decisión de revisar las cuentas del distrito cuatro provocó una reacción inmediata del comité estatal del PAN, que arropó a su candidato y a través del dirigente estatal, Oscar Velasco Cervantes, anunció acciones para defender, mediante la toma del Consejo Distrital, lo que consideran un triunfo irrevocable del comunicador metido a político, pero para media tarde el Impepac ya había dado inicio al recuento. El cuarto distrito no es el único donde se podría dar un giro a los resultados, en este caso beneficiando a Graciela Pedrero de la coalición PRI-PVEM-PANAL, y al final acaso se modifique la lista de los plurinominales. A ver.

5.- Los maestros volvieron a salir a las calles y esta vez en número mayor que la semana anterior. Fueron alrededor de 10 mil los mentores que hicieron paro laboral y marcharon por la avenida Morelos desde Chipitlán hasta el Calvario y luego por Matamoros hasta el Zócalo capitalino, con un plantón frente al Congreso estatal. Gritaron consignas ya conocidas y advirtieron que en Morelos la reforma educativa y la evaluación de maestros no pasarán. A través del dirigente del MMB, Alejandro Trujillo González, dieron a conocer que boicotearán las sedes donde se pretenda llevar a cabo la evaluación, a la cual no asistirán todos los docentes que marcharon ayer y que pertenecen prácticamente a todas las organizaciones de maestros del estado, con excepción de la sección XIX del SNTE, cuya línea es a favor de la reforma. Además, el magisterio busca presionar a las autoridades educativas estatales para que reculen en su advertencia de que descontarán 500 pesos a cada maestro por faltar a su trabajo el día en que realizaron la primera marcha, y seguramente otros 500 por la marcha de este miércoles. Hasta el momento de redactar la presente columna (las 18:00 horas), centenares de profesores bloqueaban la avenida Morelos en la zona de El Polvorín y Chipitlán, lo cual se juntó con las obras de construcción del Puente Apatlaco. Ya se imaginarán ustedes el infierno vial que padecieron miles de automovilistas, transportistas y hasta vacacionistas que se quedaron varados sobre el Libramiento y la Autopista del Sol. Y como esas acciones, los maestros tienen programadas otras.

6.- El Congreso aprobó por la vía rápida el llamado Sistema Estatal Anticorrupción, que deriva de las reformas constitucionales efectuadas a nivel federal con ese propósito. El sistema estará formado por todos los órganos relativos a él, de los diferentes órdenes de gobierno; creará el Tribunal de Justicia Administrativa, que será autónomo y se formará sobre el cadáver del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, que desaparecerá; y da paso a la creación de la Fiscalía Anticorrupción, que dependerá de la Fiscalía General del Estado. El sistema estatal anticorrupción recibe la luz verde de los diputados a escasos 15 días de cerrar el último periodo de sesiones y ante la urgencia de ajustarse al mandato de la legislación federal, según fue explicado en la semana por su principal promotora, la diputada Lucía Meza, quien desde principios del presente año trae el tema de la lucha contra la corrupción como su bandera prioritaria. El tema que no logró transitar en la sesión de ayer de los diputados, fue el del contrato del gobierno estatal con la cooperativa Cruz Azul.