Sábado, 25 Julio 2015 01:00

La nueva sede legislativa

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La “ordeña” en Huitzilac

1.- Recibí el siguiente comentario vía Inbox en el Facebook redactado por el lector Joaquín Torres con relación a la columna del pasado jueves 23 de julio donde analizamos la anarquía imperante en el sector del servicio público de pasajeros sin itinerario fijo, mejor conocido como taxis. 

Con mucho gusto lo transcribo íntegro: “Señor Memo Cinta. Le faltó a su artículo la situación económica que enfrentan los permisionarios, pero sobre todo los operadores del servicio, cuyos costos se han incrementado por las alzas en gasolinas y refacciones. Hasta la lavada del coche ya subió en los autolavados. Todos los días sufrimos para obtener lo suficiente para pagar las cuentas. Un taxista que trabaja su propia concesión debe obtener lo suficiente para la gasolina, que son unos 250 pesos diarios, más otra cantidad igual como salario y un excedente para guardar para los gastos de mantenimiento de la unidad. Un chofer debe cubrir la gasolina, pagar una cuenta de entre 200 y 250 pesos y obtener su ganancia diaria, que representa una cantidad igual. Pero reunir 700 u 800 pesos diarios no es cosa fácil, principalmente porque la oferta de taxis en Cuernavaca y la zona conurbada es enorme, y la demanda tiene relación además con las propias carencias económicas de los usuarios. Así, el del servicio de taxi es un problema complejo con muchas víctimas y pocos interesados en encontrarle una solución. Muchas gracias por la fineza de su atención”. El agradecido soy yo, estimado Joaquín.

2.- Cambiemos de frecuencia. La sede del Poder Legislativo es una construcción añeja que no fue construida con el propósito de convertirse en edificio de actividades gubernamentales. Cuando Lauro Ortega arribó a la gubernatura en 1982, el edificio ya había sido inaugurado por su antecesor, el ortopedista Armando León Bejarano Valadez, para ser un teatro. Ortega Martínez cambió el destino del inmueble y determinó que se convirtiera en el Palacio Legislativo, a fin de sacar al Congreso local del primer piso de Palacio de Gobierno. A manera de broma quienes conocemos la historia del recinto parlamentario de la calle Matamoros señalamos que se construyó con la finalidad de ser el teatro de la ciudad. Aunque con el paso del tiempo derivó en la Cámara de Diputados, de todas formas sirve para presenciar espectáculos, las más de las veces degradantes, pero en alguna medida entretenidos. Lo cierto es que el edificio es poco funcional, tiene la mayor parte de su espacio ocupada por el salón de plenos y por los estacionamientos, que además ya son insuficientes, y no da cabida a que en su interior puedan operar los diputados y todos los burócratas de ese poder. Por ello el Legislativo paga la renta de dos edificios cercanos, conocidos uno como Rex y otro como ISSSTE, ubicados sobre la cercana calle de Dwight Morrow, así como otras oficinas de menor tamaño.

3.- El edificio del Congreso presenta deficiencias estructurales que lo convierten en un peligro latente para la seguridad de diputados, trabajadores y visitantes. Es conocido públicamente un dictamen elaborado hace años por Protección Civil estatal, donde se señala que el edificio es inseguro, que un incendio podría consumirlo en pocos minutos, que un temblor podría derrumbarlo y que no puede ser llenado su salón de plenos debido a que no soportaría el peso de la gente. Lo anterior propició que unas cinco filas de la parte alta de su butaquería fueran retiradas con el propósito de no cargar peso en esa zona y ya no se convocan cientos de personas a sus actos públicos, como antes ocurría. En 2012 el arquitecto José Antonio Albarrán Contreras, quien hoy funge como diputado en sustitución de José Manuel Agüero Tovar, participó en un equipo de trabajo que estaba analizando las condiciones del inmueble con el propósito de reforzar su estructura, pero tales trabajos se detuvieron porque fue entonces cuando llegó la noticia: el Congreso tendría una nueva sede, construida ni más ni menos que con 500 millones de pesos. Pero todo resultó, hablando de temas histriónicos, en un montaje teatral.

4.- Como parte del paquete crediticio que por dos mil 800 millones de pesos le autorizó el Congreso al Ejecutivo morelense, los diputados destinaron (etiquetados) 500 millones de pesos para la construcción de su nueva sede. En abril de 2014 el diputado Isaac Pimentel y el ingeniero Jorge Messeguer, a la sazón presidente de la Junta Política y secretario de Gobierno, respectivamente, afirmaban que sería un año después, el 17 de abril de 2014 en el aniversario de la erección del estado de Morelos, cuando estarían inaugurando la nueva sede del Congreso construida en un terreno localizado frente al mercado Adolfo López Mateos: el Rancho Colorado. Pero el proyecto de la nueva sede se esfumó porque se hicieron humo también los 500 millones de pesos; y del terreno lo único que trascendió fue una maniobra discrecional por parte de los propietarios, ante lo cual, desde Palacio de Gobierno, se decidió cancelar la operación de compra-venta. El tema de los 500 milloncitos no ha sido completamente aclarado. A ver.

5.- Cambiando de tema recordaré lo ocurrido el 1 de febrero de 2006 en la estación Montecristo (cerca de Huitzilac) del poliducto Añil-Cuernavaca de Petróleos Mexicanos (Pemex), ubicada a la altura del kilómetro 58 de la carretera federal México-Cuernavaca. A las 10:25 horas de ese día se registró una presunta fuga de gasolina “Premium”, requiriendo la presencia de equipos especiales de la empresa paraestatal, de la Dirección de Protección Civil del Estado y del H. Cuerpo de Bomberos. Nunca trascendió la cantidad de combustible derramado, pero sí el riesgo de una emergencia ambiental en la zona, con desgracias personales. El escueto boletín emitido por Pemex dijo que la falla se registró en “una válvula del flujo del peine 1, donde el ducto se reduce de 8 a 6 pulgadas de diámetro”.

No obstante que el producto derramado se recuperó dentro de una fosa de contención de seguridad existente en la misma instalación, desconocemos si aquella región se enfrentó a una potencial catástrofe, de esas que son frecuentes en las regiones del país por donde cruzan los ductos de Pemex.

6.- Sin embargo, la postura oficial jamás me convenció, estimados lectores. Allá y entonces solamente las autoridades federales y estatales conocieron la magnitud del evento, mismo que propició tan sólo el desalojo de cuatro viviendas ubicadas en las cercanías del incidente. ¿De dónde partió mi incredulidad? En el hecho de que los funcionarios involucrados en estos delicados asuntos jamás dicen la verdad, ni la sociedad se entera sobre los sucesos reales y el riesgo que siguen corriendo miles y miles de colonias asentadas sobre los ductos. Y ahora, cuando hemos sido informados sobre la captura de una banda dedicada a la “ordeña” de ductos de Pemex situados en la misma región, uno no puede más que inferir lo siguiente: el accidente del 1 de febrero de 2006 pudo no haber ocurrido por deficiencias técnicas, sino por la perniciosa alianza entre empleados de la paraestatal y criminales, desde luego sobre un escenario encubierto por policías federales y estatales.

Guillermo Cinta

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