El flamante procurador (ese era su cargo allá y entonces) me respondió que “no se trata de colocar adjetivos calificativos a la nueva responsabilidad, sino de comenzar a promover un trabajo conjunto entre todas las fuerzas sociales y políticas, a fin de contribuir a solidificar un sistema integral de seguridad pública a nivel estatal”. Fue una excelente respuesta, que lamentablemente contrastaba con la realidad operativa y financiera de la institución del Ministerio Público en Morelos, cuya principal característica era el precarismo. Aquí déjeme decirle a usted que dicha condición económica todavía subyace hasta el último rincón de la Fiscalía General, gracias a lo cual la dependencia ha fracasado rotundamente en muchísimos casos insertos dentro del nuevo sistema de justicia penal. Continuemos con el escenario prevaleciente durante la segunda quincena de enero de 2013, cuando apenas habían transcurrido tres meses y medio de la administración graquista. Recuerden ustedes que Mario Vázquez Rojas permaneció ese lapso como procurador, mientras se reunían las condiciones políticas en el Congreso local para la designación de su relevo.

2.- Como todo tiene precedentes, amables lectores, hoy debo referirme al escenario de enero de 2013 para comprender lo que ha ocurrido hasta ahora en la Fiscalía General de Morelos. Y me parece que la historia se repetirá dentro de poco al momento de elegir al relevo de Dorantes Salgado. El o la mujer que emanará de la terna respectiva irremediablemente se colocará dentro de los tres siguientes contextos: primero formar parte de la tríada seleccionada por el gobernador, quien deberá acatar los mandatos constitucionales respecto al importante procedimiento; después ser electo por los diputados locales (siendo deseable que ello ocurra en medio del consenso mayoritario); y finalmente llegar a la Fiscalía y percatarse de que, por ejemplo, los agentes del Ministerio Público no tienen siquiera hojas membretadas para integrar las carpetas de investigación, entre otras muchas deficiencias.

3.- Hoy por hoy, dentro del sistema de justicia penal prevaleciente en esta entidad, todos los elementos adscritos a la Policía de Investigación Criminal se enfrentan a la sobrecarga de trabajo y a la escasez de recursos para conseguir éxito en sus indagatorias. Aquí es importante recalcar que Dorantes se refirió hace varias semanas a un complot propiciado en su contra por Alberto Capella Ibarra, comisionado estatal de Seguridad Pública, y Adriana Pineda, titular de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro, cuando la realidad es que el multicitado Dorantes perdió el control de la institución desde hace mucho. En otra ocasión citaré cada una de las áreas que hoy se encuentran convertidas en un reverendo desastre, pero hoy comentaré el ejemplo de la Dirección de Recursos Materiales, donde un tal Fernando Díaz Godínez hace de las suyas aletargando cualquier número de procesos administrativos y operativos. La principal característica de esa persona es el despotismo. Y si se encuentra en la Fiscalía no es por sugerencia o imposición de Capella, sino de la Secretaría de Administración.

4.- Entre las múltiples facetas del proceso electivo ocurrido el 23 de enero de 2013, el gobernador Graco Ramírez Garrido Abreu le hizo a Dorantes Salgado una recomendación pública (teniendo como escenario el Palacio de Gobierno): cumplir el compromiso de estructurar una nueva institución que cumpla con las demandas más sentidas de la sociedad. El mandatario enumeró varias acciones que, desde su particular óptica, debería asumir cuanto antes el nuevo procurador: crear una Unidad Pericial calificada, constituir una Policía Ministerial de Investigación, la modernización del Servicio Médico Forense y mejorar la infraestructura general de la Procuraduría de Justicia. Nomás. ¿Hubo avances en la gestión de Rodrigo Dorantes Salgado? En algunos aspectos sí, pero en otros no. Y me parece que la impunidad todavía latente en la Fiscalía se debe al exceso de trabajo en la Policía de Investigación Criminal y las fiscalías encargadas de los delitos patrimoniales. De alguna forma u otra, los delitos de alto impacto están bajo control, pero no así el robo con violencia, mismo que a diario presenta vaivenes debido a que los delincuentes capturados por la policía son liberados de inmediato por falta de pruebas.

5.- Cuando entrevisté a Dorantes horas después de su arribo le pregunté si sabía a cuánto ascendía el presupuesto de egresos de la PGJ asignado a la institución en 2013 por el Congreso local. Su respuesta fue en sentido negativo. El Presupuesto de Egresos del Gobierno Estatal 2013 indicaba que tal cifra alcanzó los 349 millones 603 mil pesos. Empero, he de precisar que era el mismo monto autorizado por el Congreso en 2012 y ni un centavo más. Aquella era la partida presupuestal que condujo a la Procuraduría de Morelos hacia su crisis operativa. Hoy la institución está operando con un presupuesto de 275 millones 162 mil pesos, cifra bastante inferior a la de 2013, pero este año se suponía que tales recursos serían incrementados para fines operativos por diversas partidas federales. Les debo la información correspondiente, que en otro momento comentaré.

6.- Es importante señalar que el gobernador Graco Ramírez se refirió a finales de 2012 y comienzos de 2013 a la crisis orgánica, operativa y financiera de la dependencia, a grado tal que algún día declaró: “No confío en esta Procuraduría”. Por las complicaciones surgidas en el Congreso tocante a la terna (dos veces fue rechazada), hubo necesidad de dejar como titular a Mario Vázquez Rojas, uno de los principales actores en la crisis funcional de la fiscalía. Mañana continuaré con este tema, pues hoy debo recordar lo que el mismo 23 de enero de 2013 anunció el titular del Poder Ejecutivo. En febrero –indicó- se firmaría el convenio del Mando Unico con los ayuntamientos; comenzaría la construcción de cuarteles de la Policía Estatal en Alpuyeca, Tres Marías, Tepalcingo y Yecapixtla, a fin de albergar a mil elementos policiacos; en mayo se formalizaría la Fuerza Policial Morelos; se entregarían 200 nuevas patrullas y se instalaría un Consejo Ciudadano; además se pondría en marcha el Centro de Control C5 en Emiliano Zapata, y serían colocadas las primeras mil cámaras de videovigilancia. Pésele a quien le pese, hay avances, aunque falta mucho por hacer. Como morelense ansío que el nuevo o la nueva fiscal superen los elevados niveles de impunidad aún prevalecientes en la Fiscalía. Pero, ojo: se necesitan fondos. Este espinoso asunto le corresponderá debatirlo y resolverlo a los nuevos diputados locales. Aquí debo recordarles que el nuevo fiscal tendría 31 jefes: los 30 personajes adscritos al Congreso de Morelos y el titular del Poder Ejecutivo. Más de una ocasión los ínclitos legisladores presionaron a Dorantes para liberar a consumados hampones… según se dice en Radio Pasillo de la Fiscalía. YA REGRESÉ DE VACACIONES. GRACIAS.